El pasado 12 de julio vencía el plazo de inscripción de las Juntas de Agua y, de un total de 2 mil, según datos de la ASA, un aproximado de 300 Juntas de Agua lograron inscribirse en el registro.

Sin embargo, las organizaciones detallan que la ASA ha tenido dificultades para la inscripción de las Juntas de Agua. Lamentan la falta de claridad por parte de las autoridades en el proceso de inscripción.

El balance también destaca grandes desafíos como la creación del Reglamento General de la Ley, instrumento guía de la normativa. Tampoco se ha elaborado o actualizado el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

Además, las organizaciones señalan que el canon limita el logro de la justicia hídrica, la falta de acceso a la información pública y participación ciudadana, y la poca transparencia en la ejecución del presupuesto 2023.

Luis González, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del agua, señaló que hay varios desafíos que aún deben enfrentar.

La Alianza Nacional contra la Privatización del agua y el Foro del Agua, realizaron un balance a un año de la entrada en vigencia de la Ley de Recursos Hídricos.

Las organizaciones ambientales reconocen avances en el proceso de estructuración de la Autoridad Salvadoreña del Agua ASA. Por ejemplo, la operativización de decisiones mediante la conformación parcial de la Junta Directiva de la Autoridad, la Dirección Técnica, la Comisaría del Agua y la instalación del Tribunal Sancionar, así como la creación del registro de Juntas de Agua, dijo Gloria Cruz, del Foro del Agua.

La parlamentaria opinó que “ no es necesario un régimen de excepción” que suspende los derechos constitucionales al derecho de defensa, el tiempo máximo de detención sin audiencia y la privacidad de las telecomunicaciones. A su juicio, una buena investigación de la Fiscalía es la que debería garantizar la condena de quienes realmente cometen delitos en el país.

La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, rechazó la décimo sexta prórroga del régimen de excepción aprobada en la última sesión plenaria y dijo que esta medida solo ha contenido los índices de criminalidad, pero no las causas de esta, como la pobreza, falta de servicios de calidad, educación y otras.

La legisladora se preguntó si el estado de excepción va a ser sostenible y hasta cuándo será necesario que los derechos de la ciudadanía estén suspendidos para poder combatir el crimen de quienes sí están violentando los derechos de los demás.

El experto indicó que esto representa un retroceso a la “edad media” donde se validaban las denuncias de cualquier persona con interés de venganza y se facilitaba el encarcelamiento de inocentes hasta que la Santa Inquisición decidía si había equivocación o no.

Por Milton Rodríguez

Las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado recién aprobadas por la Asamblea Legislativa generarán una “condena masiva” de personas a las que no se le respetarán garantías de una investigación o pruebas que evidencien su inocencia.

Junto a la décimo sexta prórroga del régimen de excepción, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó este martes ante la Asamblea Legislativa una iniciativa que, según el funcionario, agiliza trámites judiciales y endurecerá penas de prisión contra cabecillas de grupos criminales.

Sin embargo, el abogado penalista Otto Flores ve con preocupación dicha propuesta pues considera que destruye las garantías mínimas de los ciudadanos. La reforma, entre otras cosas, da valor probatorio a las denuncias que reciban los agentes policiales, sin que el abogado defensor pueda comprobar la veracidad de los señalamientos, dijo.

Para Oscar Mejía Alas, presidente de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES), las reformas realizadas a la Ley Especial para Regular los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos de la Fuerza Armada y Excombatientes tiene vacíos que afectan a quienes participaron en el conflicto armado salvadoreño.

Mejía dice que uno de los vacíos es que no se tomó en cuenta la tabla de discapacidades. Es decir, según la discapacidad que tiene cada beneficiario así es la atención que se le otorga. Sin embargo, actualmente no funciona así.

Además, señala que en la Ley se menciona la salud integral para los excombatientes y veteranos de guerra, pero hasta la fecha no reciben esa atención en salud.

Otro de los problemas es que el beneficio que reciben para gastos fúnebres fueron reducidos en más de $200.00.

Por otra parte, el presidente de ALGES, señala que la entrega de la pensión de los excombatientes no tiene una fecha específica, eso les genera problemas.

Integrantes de Bases Magisteriales reiteraron su acompañamiento y apoyo al personal docente del Complejo Educativo “Profesor Bernaldino Villamariona”, del distrito de Panchimalco, San Salvador.

A finales de junio del presente año, representantes del personal docente del Complejo Educativo denunciaron, en el local de Bases Magisteriales, ilegalidades y maltratos que habría cometido la directora Blanca Rosa Rodríguez.

El secretario general de esta organización de educadores, Jorge Villegas, dice que tras la denuncia, hay investigación de los hechos por parte del Ministerio de Educación y esperan que se siga el debido proceso contra la denunciada.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por el caso de Manuela, quien fue enviada a prisión por el delito de homicidio agravado.

Manuela, una mujer empobrecida de una zona rural del país enfrentó una emergencia obstétrica, pero al solicitar asistencia médica en un hospital público fue denunciada y esposada a la camilla del hospital.

Los hechos ocurrieron en el año 2008 y falleció en Morazán en 2010. Manuela murió en el pasillo del Hospital Rosales, recordó Sara Garcia de la Agrupación Ciudadana por la Despenalizacion del Aborto.

Tras una lucha de las organizaciones, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero luego de un año de haber condenado al Estado, no hay mayores avances en las medidas de no repetición, señala García. Una de estas medidas es una disculpa pública.