En el marco del régimen de excepción mujeres han sido capturadas arbitrariamente, según lo ha denunciado el Movimiento de Víctimas del Régimen en El Salvador MOVIR.

Recientemente MOVIR, informó sobre la muerte de Fany del Carmen Morales Miranda, de 36 años de edad, quien falleció el 10 de julio al interior del Penal de Apanteos. Además se suman a otros casos de muertes en cárceles.

Osorio dijo que debe respetarse el debido proceso y las garantías constitucionales de las mujeres salvadoreñas.

La Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas, mostró su preocupación por los casos de mujeres capturadas arbitrariamente en el marco del régimen de excepción.

De acuerdo con Ariana Osorio de las Dignas, existe una preocupación, pues el Estado salvadoreño no se está haciendo responsable por la muerte de mujeres al interior de las cárceles.

Osorio manifestó que hay muchos casos de mujeres capturadas arbitrariamente a las que no se les ha condenado. Señala, además, que las mujeres que no están en las cárceles, pero tienen algún familiar en el penal, están sufriendo también los embates del régimen, pues ellas están asumiendo otros roles de cuidado en el hogar.

Además cuestionaron el papel de las instituciones del Estado como ISDEMU y otras que no están velando por los derechos de las mujeres, pues algunas a pesar de su estado de embarazo reciben malos tratos en las cárceles, señala Las Dignas.

De parte del Estado, participó Adriana Mira, viceministra de relaciones exteriores, el comisionado para los Derechos Humanos, Andrés Guzmán y el fiscal general, Rodolfo Delgado, quienes defendieron tal medida y negaron los daños de esta.

El titular de la Fiscalía manifestó que no ha recibido denuncias de torturas o tratos humanos degradantes en contra de ningún salvadoreño y dijo que las muertes en centros penales es menor a la de administraciones anteriores.

Las organizaciones presentaron un video testimonial que evidencia la condición de vulnerabilidad de las víctimas y la arbitrariedad, opacidad y muertes bajo custodia del Estado. Aseguraron que este, es solo uno de los muchos documentados.

En una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , CIDH, organizaciones de sociedad civil salvadoreña denunciaron una serie de violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado salvadoreño bajo el estado de excepción que se ejecuta desde marzo del 2022 en El Salvador.

Los denunciantes detallaron que en los 475 días de la ejecución de tal medida han recibido más de 6,436 denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas y sus familiares. Algunas de estas son: detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, tratos crueles e inhumanos, torturas y muertes bajo custodia estatal.

Zaira Navas, de Cristosal, dijo que el Estado no rinde cuentas ni prevé los efectos futuros en la sociedad. Se niega a otorgar información oficial sobre las detenciones y delitos atribuidos, no da información a las familias sobre las muertes y además, algunas de las víctimas han sido enterradas en fosas comunes.

Las Dignas dicen que hay indicios de volver al pasado, ahora con la militarización de la seguridad, las desapariciones de personas, gente muriendo en las cárceles sin el debido proceso y la cooptación de la institucionalidad.

Gloria Guzman Orellana, de la universidad Vasco en España e integrante de las Dignas, recalcó que la memoria histórica nos tiene que hacer pensar de dónde venimos y qué es lo qué pasa en la actualidad. “Hay mucho aprendizaje, e ignorar nuestro pasado de guerra solo genera impunidad para el futuro”.

La Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas realizaron un foro denominado: “Para no repetir la historia, recuperamos la memoria”. Dicho foro tuvo como objetivo no minimizar ni olvidar las condiciones estructurales y las políticas represivas de los regímenes dictatoriales del pasado, para entender el presente y el futuro, señaló la organización.

Maria Teresa Trejo, integrante de las Dignas, manifestó que El Salvador actualmente ha retrocedido en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres. Señala su preocupación pues cada vez en El Salvador se normaliza el irrespeto a las garantías constitucionales y derechos humanos

Trejo dijo que es importante que para entender lo qué pasa ahora, debemos comprender el pasado para evitar repetir los errores de violencia y violaciones a los derechos humanos que cometió el Estado salvadoreño.

William Lobos, es uno de los afectados y señala que la lotificadora Argoz cobró el derecho de escrituración, pero no dieron la escritura. Explicó que si no pagaban a tiempo la cuota les incrementaba la mora.

El director de Cofoa también mencionó que han solicitado apoyo a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien estableció una comisión técnica que en la actualidad no ha logrado dar una solución eficaz a todas las familias afectadas.

Por Milton Rodríguez

Los diputados de Nuevas Ideas no representan a la población, sino a “una persona o a un grupo de poder que tiene intereses oscuros”. Así lo afirmó en entrevista con radio YSUCA, el director de las Comunidades de Fe Organizadas en Acción, Cofoa, Alberto Velázquez.

Velázquez dijo que los legisladores del oficialismo ignoraron una propuesta de reforma a la Ley especial transitoria para la regularización de lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional. A juicio de los representantes de Cofoa, la normativa “ no está funcionando” y no soluciona el problema de 350 mil familias estafadas por diferentes lotificadoras en el país.

El director de Cofoa denuncia además, que los diputados oficialistas les pidieron la iniciativa para presentarla en nombre de la bancada cyan. Cofoa se negó a hacer eso y aceptaron el respaldo de parlamentarios opositores que se ofrecieron a darle ingreso a la pieza. No obstante, lamenta que esta ha sido ignorada hasta la fecha.

Los restos corresponden a José Santos Ramírez, exhumado en el año 2017, en el llamado "Sitio 22", caserío Posa Honda, cantón Cerro Pando, Meanguera, Morazán.

El segundo cuerpo corresponde a José de la Paz Pereira, esqueleto recuperado en exhumación del año 2016, en el denominado "Sitio 16", terreno ubicado en caserío Toriles, cantón Guacamaya, Meanguera, Morazán. En este último caso, durante la masacre, José de la Paz Pereira perdió a su mamá, María Florentina Pereira y a su hermano, Santos Manuel Pereira, a quienes masacraron en Toriles.

También murieron en El Mozote su hermana, María Pereira, quien estaba embarazada, y sus cinco sobrinos (hijos de María Pereira). Pocos días después de la masacre, el joven José de la Paz Pereira no soportó estas pérdidas y se quitó la vida, por lo cual fue enterrado en Toriles, junto con su madre y hermano.

Guadalupe Hernández de Cristosal, manifestó que tras años de espera por fin Medicina Legal entregó los restos de las víctimas. Ahora las familias podrán dar una santa sepultura a sus seres queridos, masacrados en El Mozote, un hecho ocurrido en 1981.