El experto en derecho penal enfatizó que sigue siendo inadecuado el uso de ese tipo de medidas y señaló casos en los que a las personas detenidas se les está aplicando la ley de extinción del dominio y se les está quitando vehículos o dinero bajo el argumento que procede de dinero obtenido de forma ilícita.

El gobierno salvadoreño no tiene claro cómo aplicar el régimen de excepción. Esto, según el abogado penalista, Otto Flores, es preocupante debido a que obliga al Ejecutivo a promover de manera constante una serie de reformas que vulneran derechos constitucionales.

Flores relató su experiencia como abogado defensor e indicó que ha encontrado algunas incoherencias en las acusaciones.

El experto señaló que no existen registros de perfiles donde se compruebe que las personas acusadas pertenecen a pandillas. Mencionó casos en los que días posteriores al arresto se han creado los perfiles o se les atribuye delitos anteriores que no están relacionados a grupos criminales.

Recordó que hay una resolución de una Cámara Especializada que resolvió liberar a un detenido porque se demostró que la ficha policial se ingresó 4 o 5 días después de la detención.

Las denuncias existentes ante la Fiscalía General de la República por el caso de espionaje en los celulares de más de 35 periodistas salvadoreños, mediante el software Pegasus, y las miles de denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas bajo el Estado de excepción, fueron ignoradas por el Comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán.

El funcionario recién nombrado en ese cargo por el actual gobierno participó en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , CIDH, en la cual defendió la medida excepcional y negó que en El Salvador existen torturas, violación a la libertad de expresión y acoso a periodistas.

El director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador dice que el gobierno ha ignorado la petición de las víctimas.

La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz fue declarada inconstitucional hace siete años por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Esa Ley venía haciendo mucho daño a las víctimas, a los familiares y a las organizaciones de derechos humanos, según el director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro.

Sin embargo, hasta la fecha se han ignorado las recomendaciones que dio la Sala de lo Constitucional, cuando declaró inconstitucional la ley y, la actual Sala de lo Constitucional, no ha hecho esfuerzos en lo más mínimo para volver a reactivar las discusiones que permitan dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala, advierte Montenegro.

Montenegro dice además, que la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República, el Órgano Ejecutivo y otras instancias no hacen nada por los compromisos que se adquirieron, en su debido momento, situación que revela que no hay interés.

Gabriela Santos, directora del Idhuca, lamentó que los funcionarios salvadoreños prolongaran el tiempo asignado durante la audiencia, sin dar respuesta concreta a ninguno de los cuestionamientos realizados. Subrayó que “el Estado está violentando constantemente derechos humanos”.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos reprocharon que el Estado salvadoreño sigue negando las graves violaciones a los derechos humanos ejecutadas bajo el régimen de excepción.

En la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las organizaciones denunciaron que desde el Estado se cometen detenciones arbitrarias a personas inocentes, abusos de autoridad, tratos crueles e inhumanos, torturas y muertes bajo custodia estatal. Ante esto, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, ignoró los cuestionamientos y en lo poco que respondió negó haber recibido denuncias de torturas o tratos humanos degradantes en dicho contexto.

Tras finalizar la audiencia, las organizaciones dieron una conferencia de prensa donde rechazaron la postura estatal y la consideraron “vergonzosa, retórica y sin fundamento técnico”.

Verónica Reyna, de Servicio Social Pasionista apuntó que no se dio ningún dato que contrarreste la información presentada por las organizaciones de la sociedad civil. “La respuesta del Estado ha sido irrespetuosa y cínica", reprochó.

La reciente reforma al Código Electoral para incluir la fotografía de candidatos a presidente en papeleta electoral es para fortalecer la imagen del actual presidente y su partido político, según el director ejecutivo de Acción Ciudadana.

Diputados y diputadas aprobaron recientemente reformas a cuatro artículos del Código Electoral para incluir el voto por rostro en la elección del Presidente de la República. Con estas reformas los electores podrán votar marcando la bandera del partido político o coalición de su preferencia o la fotografía del candidato de su elección.

A juicio de Escobar es una reforma sin ninguna utilidad para el ciudadano. Es una reforma innecesaria, cuando hay otras cosas que deberían reformarse en ruta a las próximas elecciones de 2024.

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Eduardo Escobar de Acción Ciudadana dice que incluir fotos de candidatos presidenciales en las papeletas electorales no son reformas que modernicen el sistema electoral, no potencian el derecho ciudadano al sufragio. Asegura que son reformas pensadas para favorecer al partido oficial.

El quinto informe "Monitoreo a la probidad en la función pública" observa para el año 2022 los funcionarios obligados a declarar han aumentado con respecto del año 2021.

El informe dice que los obligados en el órgano Ejecutivo, instituciones autónomas y otras dependencias de los quinquenios 2014-2019 y 2019-2024, han pasado de 6,291 a 8,299.

Las razones de este aumento son dos: La rotación de personal y a la actualización periódica de la base de datos de los cargos o puestos de trabajo que deben presentar su estado patrimonial, según Acción Ciudadana.

El quinto informe "Monitoreo a la probidad en la función pública" fue presentado por Acción Ciudadana. Es el estado del cumplimiento de presentación de la declaración patrimonial al inicio y finalización del cargo, de los servidores públicos. Esto deben hacerlo ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, Acción Ciudadana dice que esta sección de probidad tiene capacidad limitada porque sólo cuenta con 23 personas en el área de análisis de declaraciones.

La sección de probidad tiene una mora de 15,161 declaraciones sin analizar desde el año 2020 hasta el 2022. Además, no hay casos de multas impuestas en esos años, situación que afecta la detección ciudadana de la corrupción.

Hay un alto riesgo de enriquecimiento ilícito porque no hay claridad en las directrices para la declaración de criptoactivos, situación que significa un alto riesgo de enriquecimiento ilícito.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dice que para el año 2022 los obligados a declarar han aumentado, situación que mantiene la bandera roja para el país y asegura que la declaración del patrimonio es una herramienta necesaria para combatir la corrupción.