El Salvador enfrenta desde hace 4 meses un régimen de excepción, similar al que implementaron gobiernos de administraciones pasadas, y que tenía como objetivo, disminuir los altos índices de violencia y criminalidad en el país.
Ante la ausencia de políticas públicas que combatan de raíz el problema, surgen estas propuestas que ya se aplicaron en años pasados y que no dieron resultados que se sostengan en el tiempo, dicen organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos.
Ante el cuestionamiento al procurador Apolonio Tobar, de no atender todas las peticiones que hace la población ante la institución, el funcionario reconoció que efectivamente durante el régimen de excepción han recibido muchas denuncias.
Y aseguró que en la institución que preside, se ha hecho énfasis al personal que deben ser oportunos, eficaces y eficientes en la atención a la población.