62 diputados dieron el visto bueno para que la Dirección General de Estadísticas y Censos sea disuelta.  Opher Soriano,  directivo del Sindicato de Trabajadores de la DIGESTYC, dice que espera que los diputados respeten los derechos laborales.

En el artículo 63 de la Constitución de la República se lee: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas” y se establece que se “adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”.

Aunque desde el año 2014, hubo avances en la implementación del Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador, PLANPIES, en la actual gestión gubernamental ha habido retrocesos, porque ha hecho a un lado a organizaciones indígenas, según Ulises Piche, danzante ancestral y miembro del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño CCNIS.

Ulises Piche ha dicho que los pueblos indígenas no son pieza de museo para que los metan en el Ministerio de Cultura y solo los utilicen cuando los necesitan.

Lamenta que se les haya relegado y sean de las poblaciones más pobres del país, con dificultades para el acceso a la salud, a la educación, a la tecnología y a los servicios básicos para su subsistencia.

En el artículo 63 de la Constitución de la República se lee: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas” y se establece que se “adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”.

Aunque desde el año 2014, hubo avances en la implementación del Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador, PLANPIES, en la actual gestión gubernamental ha habido retrocesos, porque ha hecho a un lado a organizaciones indígenas, según Ulises Piche, danzante ancestral y miembro del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño CCNIS.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, OUDH, presentó su informe de 100 días de Régimen de Excepción, el cual registra una serie de irregularidades durante las detenciones, además de casos de tortura. 

Según la información recabada, durante el Régimen de Excepción se han registrado 63 víctimas de tortura y 306 casos de tratos crueles e inhumanos.

De acuerdo con Danilo Flores, coordinador general del OUDH, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA-IDHUCA recibió una denuncia de un caso de un joven  de 14 años víctima de tortura por agentes de la Policía Nacional Civil, en el marco del Régimen de Excepción.

Flores dijo que el joven estaba siendo obligado a que admitiera que era pandillero, sin embargo,  no lo era. Tras no comprobársele delito fue liberado  y tuvo que huir del país por su seguridad, ya que fue posteriormente acosado por las autoridades policiales.

Desde la implementación del Régimen de Excepción, el 27 de marzo de 2022, se suspendieron los derechos y garantías constitucionales, entre ellos: el derecho a la libertad de reunión y asociación, el derecho de defensa, la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones y se extendió el plazo de las detenciones administrativas de 72 horas a 15 días. El 4 de julio se cumplieron 100 días del régimen y hasta el 26 de julio se contabilizan un total de 47.789 personas privadas de libertad. 

Asimismo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, hasta el 24 de junio de 2022, recibió 1,891 denuncias de vulneraciones al derecho a la libertad personal, de las cuales 1,673 corresponden a casos de "detenciones ilegales y arbitrarias cometidas por funcionarios del Estado de cualquier tipo de autoridad". Mientras que, hasta el 4 de julio del año en curso, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, reportó 219 casos de detenciones arbitrarias en los cuales se denunciaron diversas irregularidades 

Por su parte, Omar Serrano, Vicerrector de Proyección Social de la UCA, dijo que la medida del Régimen de Excepción no es una novedad y los gobiernos las aplican cuando no cuentan con planes de seguridad.

Según Natalia Ponce, investigadora del OUDH, se han registrado durante el Régimen de Excepción más de 306 casos que se enmarcan en tratos crueles e inhumanos, degradantes o tortura y, según el monitoreo, son alrededor de 63 las víctimas registradas.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, OUDH, presentó su informe de 100 días de Régimen de Excepción, el cual registra una serie de irregularidades durante las detenciones, además de casos de tortura. 

Según la información recabada, durante el Régimen de Excepción se han registrado 63 víctimas de tortura y 306 casos de tratos crueles e inhumanos.

De acuerdo con Danilo Flores, coordinador general del OUDH, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA-IDHUCA recibió una denuncia de un caso de un joven  de 14 años víctima de tortura por agentes de la Policía Nacional Civil, en el marco del Régimen de Excepción.

Flores dijo que el joven estaba siendo obligado a que admitiera que era pandillero, sin embargo,  no lo era. Tras no comprobársele delito fue liberado  y tuvo que huir del país por su seguridad, ya que fue posteriormente acosado por las autoridades policiales.

González dice que las autoridades vinculadas a la prevención de riesgos, a la protección civil deberían estar siempre activas porque El Salvador es un país altamente vulnerable. 

De manera permanente hay que monitorear todos los componentes en los que se debe reducir la vulnerabilidad, en las infraestructuras, el tema del agua, el tema cultural y educativo en el tema ambiental, etc., y tomar acciones.

Luis González cuestionó la forma de resolver los problemas en el país. Para ello ilustra cómo al inundarse una calle en San Salvador, se opta por llevar una bomba de agua, algo que se repite todos los días, todas las semanas, todos los meses. No hay acciones concretas que vayan a la raíz del problema.

El ambientalista González dice que El Salvador y su territorio es altamente vulnerable, por tanto, la población está en riesgo ante eventos climáticos extremos, terremotos, deslizamientos y otro tipo de amenazas.

En ese sentido, señala que es importante decir que el actor gubernamental, por medio del Sistema Nacional de Protección Civil, sigue siendo meramente reactivo, a pesar de los llamados que desde organizaciones ambientalistas se han hecho durante años, en torno a la necesidad de ser preventivos. El representante de la UNES insiste en que urge una evaluación de riesgos.