El presidente de los Colegios Privados, Javier Hernández, informó sobre el registro de un leve aumento de casos de covid-19 en estudiantes y docentes.

Hernández dijo que de momento la situación está controlada en los centros escolares privados, ya que los protocolos de bioseguridad que se implementan en las instituciones han sido positivos para evitar más contagios.

El representante de los colegios privados Javier Hernández, dijo además que hay algunos centros educativos que planean aumentar la colegiatura, sin embargo dijo que esta medida no podría ser buena en esta etapa de la vida ya que pueden perder parte de su población estudiantil. 

De 900 colegios privados serán menos de 100 los que apliquen la medida, según Hernández.

El presidente de los Colegios Privados, Javier Hernández, informó sobre el registro de un leve aumento de casos de covid-19 en estudiantes y docentes. 

Hernández dijo que de momento la situación está controlada en los centros escolares privados, ya que los protocolos de bioseguridad que se implementan en las instituciones han sido positivos para evitar más contagios.

El actual Gobierno salvadoreño planea hacer reformas a la Ley de Proscripción de Pandillas y Maras con el fin de endurecer las penas contra las personas que pertenecen a estos grupos y sancionar duramente a  quienes divulguen mensajes o comunicados de pandillas.

Para el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Henri Fino, el Gobierno miente al decir que estas reformas se aplicarán a los actuales capturados por el Régimen de Excepción.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló en su red social Twitter que pretenden “mejorar las leyes de justicia enfocadas en favorecer a la población honrada", ya que estas buscan "hacer justicia para las víctimas de los terroristas". Henri Fino enfatizó que esta afirmación no es cierta.

El actual Gobierno salvadoreño planea hacer reformas a la Ley de Proscripción de Pandillas y Maras con el fin de endurecer las penas contra las personas que pertenecen a estos grupos y sancionar duramente a  quienes divulguen mensajes o comunicados de pandillas.

Para el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Henri Fino, el Gobierno miente al decir que estas reformas se aplicarán a los actuales capturados por el Régimen de Excepción.

No es posible que se siga dando prórroga a un Régimen de Excepción,  señala la abogada Ruth López. Esta medida está afectando a todos los ciudadanos del país y, de tanta prórroga, ya no tiene nada de excepcional, señala la jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal.

El Régimen de Excepción fue aprobado por el legislativo el pasado 27 de marzo. Bajo este régimen, se suspenden los derechos a la libertad de asociación y reunión y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso.

La abogada de Cristosal enfatiza que algunas personas que ya han sido liberadas reportan hacinamiento, hechos de violencia en lo interno, pero no hay forma de verificar.

López dice que el régimen jurídico salvadoreño tiene suficientes herramientas para enfrentar la criminalidad.

No es posible que se siga dando prórroga a un Régimen de Excepción,  señala la abogada Ruth López. Esta medida está afectando a todos los ciudadanos del país y, de tanta prórroga, ya no tiene nada de excepcional, señala la jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal.

Durante los primeros 100 días del régimen de excepción, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA reportó 219 casos de detenciones arbitrarias, en los que resultaron 254 personas afectadas.

Por su parte, Cristosal reportó 1,941 casos, en los que resultaron 2,023 personas afectadas. Además, hasta el 19 de julio ha registrado 63 muertes de personas privadas de libertad, durante el Régimen de Excepción.

Estas graves vulneraciones a derechos humanos están registradas en el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, OUDH, 100 días de Régimen de Excepción en El Salvador, el cual también registra 123 muertes violentas, durante dicho periodo, a nivel nacional.

El coordinador general del OUDH, Danilo Flores, señala que el conjunto de instituciones encargadas de tutelar los derechos humanos en el país, no están investigando las denuncias de la población en el marco del régimen de excepción.