La privatización del agua es casi segura porque la nueva ley es permisiva y deja la puerta abierta para que los proyectos de construcción sigan su marcha. Con ello el agua se vuelve una mercancía y se violenta el derecho humano al agua al limitar su acceso.
La ONU señala que en el mundo 884 millones de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable, y 2,500 millones no disponen de servicios mejorados de saneamiento. Estas cifras son preocupantes, pero la situación se torna más difícil para los pobres que viven en asentamientos precarios.
El derecho humano radica en que todas las personas deben disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Significa que no basta solo llevar agua a las comunidades, sino que el agua debe ser de buena calidad, estar cerca para su obtención y a un costo que todos puedan adquirir.
Juan Pablo, quien vive en Petacones y recuerda muy bien todo lo que pasaron para que finalmente el agua les cayera desde el chorro, cree que la escasez de agua podría aumentar, lo que haría más difícil el acceso al agua. Por ahora lo que paga le parece justo, aunque está consciente que no es suficiente para pagar los gastos de la asociación.
Por otra parte, cree que vienen tiempos peores para los sectores vulnerables, mientras las grandes empresas avanzan depredando el medio ambiente y lucrándose del agua.