De acuerdo con un estudio de Sistematización de resultados, basado en una contraloría hacia el Ministerio de Salud, realizado por Las Dignas y otros colectivos de jóvenes, se evidencia la necesidad de promover la educación integral en sexualidad desde distintas aristas. Es decir, desde el enfoque de género, derechos humanos, intergeneracional e interseccional.

Larissa Villacorta, presidenta de la Junta directiva de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas,  explicó que los hallazgos en los dos municipios pilotos donde se realizó el estudio Zacatecoluca y San Luis La Herradura, del departamento de La Paz, revelan la falta de accesos a métodos anticonceptivos y la falta de educación sexual y reproductiva de la juventud.

De acuerdo con un estudio de Sistematización de resultados, basado en una contraloría hacia el Ministerio de Salud, realizado por Las Dignas y otros colectivos de jóvenes, se evidencia la necesidad de promover la educación integral en sexualidad desde distintas aristas. Es decir, desde el enfoque de género, derechos humanos, intergeneracional e interseccional.

Larissa Villacorta, presidenta de la Junta directiva de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas,  explicó que los hallazgos en los dos municipios pilotos donde se realizó el estudio Zacatecoluca y San Luis La Herradura, del departamento de La Paz, revelan la falta de accesos a métodos anticonceptivos y la falta de educación sexual y reproductiva de la juventud.

Desde el pasado mes de mayo, habitantes de las comunidades del Bajo Lempa, en el departamento de Usulután, han presentado 72 hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción.

Sin embargo, la Sala de lo Constitucional aún no ha resuelto ningún caso, afirma José Salvador Ruiz, de las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa.

Además, Algunos familiares de los detenidos deben vender algunos bienes para poder comprar los paquetes que llevan a los centros penales, que tienen un costo de hasta $200 dólares, y los defensores públicos no les están atendiendo, ni recibiendo la documentación que demuestra que las personas capturadas son inocentes.

En el Bajo Lempa, también han sido capturadas personas con enfermedades crónicas, al menos dos de ellas se encuentran en el hospital. Sus familias están preocupadas por su estado de salud y temen por sus vidas, así lo dijo Lilian Menjívar, del Comité de familiares de detenidos por el régimen de excepción del Bajo Lempa.

Las comunidades organizadas en el Bajo Lempa han conformado el Comité de familiares de detenidos por el régimen de excepción, para exigir que sean liberadas las personas detenidas de manera arbitraria.

Glenda Rodríguez, integrante de dicho comité, afirma que han sido capturados su hermano, su sobrino y una hermana, sin que hubiera una investigación en su contra. Los agentes policiales solo les dijeron que seguían órdenes y que si no hacían las capturas, los agentes serían sancionados.

Desde el pasado mes de mayo, habitantes de las comunidades del Bajo Lempa, en el departamento de Usulután, han presentado 72 hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción.

Sin embargo, la Sala de lo Constitucional aún no ha resuelto ningún caso, afirma José Salvador Ruiz, de las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa.

El presidente de la República dijo en septiembre de 2021, que presentaría en la Asamblea Legislativa una reforma integral de pensiones para garantizar que la población tenga una pensión digna. Así lo expresó en una Cadena Nacional de Radio y Televisión en el marco del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica.

Pero, ¿Por qué el gobierno incumplió la promesa? Tatiana Marroquín  dice que fue un anuncio irresponsable y no es transparente el interés de las reformas.

La crisis económica internacional y la elevada tasa de inflación son parte de la caída negativa del Sistema de Ahorro de las Pensiones en el país.

Pero algunos detalles, tanto de la información de la Superintendencia del Sistema Financiero como de las Administradoras de Fondos de Pensiones no permiten tener claridad de lo que está ocurriendo con la AFP, así lo plantea  la economista, Tatiana Marroquín.

La poca información disponible abre las puertas a que se afirme que algunos instrumentos de inversión de los Fondos de Pensiones están cayendo.

La economista dice que es necesario analizar cada uno de los instrumentos de inversión que han caído, debido a situaciones internacionales pero hay que tomar en cuenta que las inversiones del Estado salvadoreño han caído por el aumento de riesgo país.

Habitantes de la comunidad Santa Elena agradecieron la resolución y la solidaridad que han recibido. Reconocen que esta es una batalla que han ganado y están conscientes que  aún falta más.

La lucha de la comunidad Santa Elena en Nuevo Cuscatlán tuvo resultado positivo, luego que la jueza de Paz del mismo municipio resolvió “no proceder” al desalojo de los habitantes de la finca Santa Elena.

La empresa Cayalá quiere desalojar a por lo menos 18 familias que habitan en la zona, para construir el proyecto urbanístico Kalamanda. El pasado 6 de julio el juzgado realizó una inspección en la zona, debido a una demanda interpuesta por Inversiones Cayalá S.A. de C.V.

La abogada de los habitantes, Gloria Anaya, dijo que con el fallo se está haciendo justicia a favor de las familias que llevan años viviendo en la zona.