López agregó que también es trascendental ver el desarrollo de la lista Engel en países hermanos, por ejemplo Nicaragua, donde se están incluyendo a jueces y fiscales que han promovido las detenciones arbitrarias de opositores. La abogada dijo que este es un llamado para los operadores de justicia salvadoreña.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la lista Engel en la que se incorpora a 6 salvadoreños más, como  actores corruptos y antidemocráticos. El gobierno estadounidense publicó este 20 de julio la lista, que da cumplimiento al artículo 353 de la "Ley de compromiso mejorado del Triángulo Norte".

Dos nuevos funcionarios del Gobierno del presidente Nayib Bukele se suman a la lista, ellos son: Javier Argueta, asesor jurídico de Casa Presidencial; el secretario de Prensa, Ernesto Sanabria y el jefe de la bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, Christian Guevara.

Además, se incorporó al exministro de Seguridad de la administración de Elías Antonio Saca, René Figueroa y a su esposa, Cecilia de Figueroa y al alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado.

Las personas que aparecen dentro del listado pierden inmediatamente su visa para ingresar a los Estados Unidos y se enfrentan a otras medidas financieras que pudiera tomar Washington, incluyendo la congelación de cuentas, bienes y propiedades en Estados Unidos.

La jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, dijo que es importante ponerle atención a la lista Engel, ya que en ella se incluye a funcionarios que están en cargos importantes dentro del Gobierno.

Integrantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular se pronunciaron en las cercanías del Centro Cívico Cultural Legislativo, para pedir la derogación del Régimen de Excepción.

La Asamblea Legislativa aprobó la cuarta prórroga de este régimen, pues el Gobierno manifestó que poner fin a esta medida significa un alto riesgo para la ciudadanía.

Sin embargo, las personas que integran el bloque dicen que se registran violaciones a los derechos humanos contra personas sin vínculos con grupos delincuenciales por parte del Estado salvadoreño. A juicio de los integrantes de la organización, con este tipo de medidas, sólo se agudiza la escalada que califican de autoritaria.

Según la integrante del bloque, Marisela Ramírez, el Régimen de Excepción no debe continuar porque se está atentando contra muchas personas inocentes.

La madre de un joven detenido acompañó el pronunciamiento del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y recordó que su familiar es trabajador y fue arrestado solo por vivir en una zona estigmatizada.

Integrantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular dicen que durante el Régimen  de Excepción se han dado capturas arbitrarias de dirigentes de diferentes organizaciones y a esto se suma los ataques contra defensores de derechos humanos y hacia la prensa.

Francisco Parada, integrante del bloque, dice que las personas que viven en zonas pobres, con alta presencia de pandillas, son víctimas del Régimen de Excepción.

Integrantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular se pronunciaron en las cercanías del Centro Cívico Cultural Legislativo, para pedir la derogación del Régimen de Excepción.

La Asamblea Legislativa aprobó la cuarta prórroga de este régimen, pues el Gobierno manifestó que poner fin a esta medida significa un alto riesgo para la ciudadanía.

Sin embargo, las personas que integran el bloque dicen que se registran violaciones a los derechos humanos contra personas sin vínculos con grupos delincuenciales por parte del Estado salvadoreño. A juicio de los integrantes de la organización, con este tipo de medidas, sólo se agudiza la escalada que califican de autoritaria.

Según la integrante del bloque, Marisela Ramírez, el Régimen de Excepción no debe continuar porque se está atentando contra muchas personas inocentes.

Integrantes de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, El Grupo Gestor para la Aprobación de la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión  de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica llevaron una carta a la Asamblea Legislativa, a 6 años de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

Los representantes de víctimas del conflicto armado y defensores de derechos humanos dejaron la carta abierta en manos de los legisladores, para recordarles que han pasado seis años desde que fue derogada la Ley de Amnistía y, hasta este momento, las víctimas no han recibido respuesta.

David Ortiz, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, manifestó que es necesario preguntarle a los legisladores de la actual gestión qué han hecho por las víctimas. Además, dice que la carta les hace el llamado para aprobar lo antes posible la Ley de Reconciliación Nacional, pero que se tomen en cuenta las propuestas de las víctimas.

El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró que la Ley de Amnistía de 1993 debía salir del ordenamiento jurídico y le ordenó a la Asamblea Legislativa crear un cuerpo normativo que atendiera el clamor de las víctimas, que las pusiera en el centro y que entre otras cosas generara acceso a los archivos militares para que se lograran las reparaciones integrales.

Una familiar de una persona víctima del conflicto armado salvadoreño dijo a la prensa que deben incluirlos en las discusiones para la creación de la ley y tomar en cuenta sus propuestas.

Integrantes de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, El Grupo Gestor para la Aprobación de la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión  de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica llevaron una carta a la Asamblea Legislativa, a 6 años de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

Los representantes de víctimas del conflicto armado y defensores de derechos humanos dejaron la carta abierta en manos de los legisladores, para recordarles que han pasado seis años desde que fue derogada la Ley de Amnistía y, hasta este momento, las víctimas no han recibido respuesta.

David Ortiz, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, manifestó que es necesario preguntarle a los legisladores de la actual gestión qué han hecho por las víctimas. Además, dice que la carta les hace el llamado para aprobar lo antes posible la Ley de Reconciliación Nacional, pero que se tomen en cuenta las propuestas de las víctimas.

Por cuarta vez, el Régimen de Excepción ha sido prorrogado. Esto es grave, dice Otto Flores, abogado de la Organización “Los Siempre Sospechosos de Todo”, ya que traerá muchas repercusiones en el tema de violación a derechos humanos.

Flores dice que este Régimen, desde el Estado, es un proceso sistemático de violación de derechos, ya que muchas detenciones son ilegales. Además no se ha demostrado que se haya seguido alguna investigación.