A dos años del despido de más de 150 mujeres trabajadoras de la maquila Florenzi S.A de C.V, durante la cuarentena obligatoria por COVID-19, las afectadas siguen a la espera que el sistema les haga justicia por todas las violaciones a los derechos laborales que enfrentaron durante y luego del cierre de la fábrica.

Carmen Urquilla, coordinadora del Programa de Justicia Laboral y Económica de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la paz ORMUSA, explicó que las trabajadoras aún siguen a la espera que el empleador cumpla con las obligaciones que les adeuda.

Urquilla explicó que actualmente 150 casos se han logrado individualizar en cinco juzgados de lo laboral, señalando que el proceso de justicia para las mujeres ha sido lento.

Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, afirma que no se han cumplido los parámetros constitucionales para la prórroga del Régimen de Excepción, ya que debe aprobarse para proteger derechos fundamentales de la población, no para violentarlos.

Para Carrillo, la jurisprudencia ordena un análisis exhaustivo por parte de la Asamblea Legislativa para la aprobación de un Régimen de Excepción; sin embargo, se ha aprobado con celeridad y sin mayor trámite. Ha sido instrumentalizado para opacar el fracaso del Plan Control Territorial, señala Carrillo.

Con el Régimen de Excepción el hacinamiento carcelario se ha incrementado a más del 300 %. La capacidad de los centros penales hasta 2020, era de 27,209 privados de libertad y actualmente hay más de 83 mil, explica Carrillo.

Además, hace énfasis en que hay una deficiencia marcada de las instituciones del Estado que deberían velar porque no se haga un uso inadecuado del Régimen de Excepción.

Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, afirma que no se han cumplido los parámetros constitucionales para la prórroga del Régimen de Excepción, ya que debe aprobarse para proteger derechos fundamentales de la población, no para violentarlos.

Para Carrillo, la jurisprudencia ordena un análisis exhaustivo por parte de la Asamblea Legislativa para la aprobación de un Régimen de Excepción; sin embargo, se ha aprobado con celeridad y sin mayor trámite. Ha sido instrumentalizado para opacar el fracaso del Plan Control Territorial, señala Carrillo.

Un recolector de basura lamentó tener 9 años en sus labores y sigue ganando el salario mínimo y los nuevos empleados que ha llevado la actual gestión municipal de Santa Tecla ganan mucho más.

El secretario de finanzas del sindicato denunció que tras las medidas de presión que han realizado, hay amenazas de despidos y descuento de salarios a quienes apoyen el cierre del Plantel de Servicios Municipales de Santa Tecla y de las instalaciones del CAM.

Huezo manifiesta que otra de las exigencias que tienen  es ajustes de salarios para el personal recolector de basura y que se elimine el botadero a cielo abierto en el plantel que obstruyó una cancha de fútbol.

La tensión que se vive en la comuna de Santa Tecla estaría siendo generada por las jefaturas que exigen a los trabajadores municipales  que se salgan del sindicato.

Además, los trabajadores denuncian la falta de uniformes, al Cuerpo de Agentes Municipales, CAM.

El secretario de finanzas del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Santa Tecla, Joaquín Huezo, dijo que los sindicalistas y autoridades municipales ya han tenido diálogo, incluso con la intervención de representantes del Ministerio de Trabajo, pero hasta la fecha no han cumplido con la entrega de uniformes y el derecho de pertenecer al sindicato.

Los pescadores artesanales aprendieron a fabricar  embarcaciones con un nuevo diseño a partir de un diagnóstico que ayudó a identificar el estado actual de las lanchas que se usan en la pesca artesanal, de manera que este prototipo suple las deficiencias identificadas. 

Representantes de las cooperativas de pesca de todo el país se reunieron en la Isla Tasajera, jurisdicción de San Luis la Herradura, departamento de La Paz, donde conocieron las características de la embarcación que se echará a andar en El Salvador. 

Clara Lizarbe, técnica española que participó en el proyecto, explica que ahora los pescadores artesanales cuentan con una herramienta que vendrá a mejorar las condiciones en las que realizan su trabajo.

Organizaciones sociales, con el apoyo  de la Xunta de Galicia y la Cooperación Gallega (España), presentaron un nuevo prototipo de embarcaciones más seguras para la pesca artesanal. 

Según las organizaciones, ahora se cuenta con embarcaciones acorde a las necesidades de los pesqueros y se tienen los conocimientos técnicos para su fabricación.

En el año 2018, el Comité había expresado su reconocimiento por la oportunidad de reanudar su diálogo constructivo con la delegación del Estado, destacando avances en la aplicación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y manifestando sus principales motivos de preocupación y recomendaciones para la implementación del Pacto.

Sin embargo, para está sesión número 135 los miembros del Comité dieron una calificación baja en materia de cumplimiento y avances en la aplicación de protección a derechos humanos.

Se evaluó la violencia hacia la mujer y el Comité recomendó intensificar los esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar todos los actos de violencia contra la mujer, incluidos los cometidos por miembros de maras y pandillas.

También al Comité le preocupó la criminalización total de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador, así como las desproporcionadas condenas de hasta 40 años de prisión que se imponen, bajo acusación del delito de homicidio agravado, no sólo a las mujeres que tratan de abortar, sino también a mujeres que han sufrido un aborto espontáneo.

Ante esto el Comité propuso distintas recomendaciones y califico muy bajo al país ya que las mujeres siguen sufriendo violencia desde distintos flancos.