Además, los miembros del Comité mostraron su preocupación por el aumento del número de personas asesinadas por la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas y por las informaciones respecto a denuncias sobre detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, así como por la existencia de “escuadrones de la muerte”.

El Comité destacó en este sentido, la impunidad de dichos presuntos crímenes, y advirtió la importancia de “reforzar la capacidad de investigación e independencia de la Fiscalía General para la adecuada investigación y judicialización” de todos estos casos.

El magistrado Carlos Gómez Martínez, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, señala que toda esta información es muy preocupante ya que miles de personas siguen muriendo como consecuencia de que el Estado no adopte medidas de seguridad pública eficaces.

Gómez Martínez dice que el Estado ha fracasado en cuidar a sus habitantes.

En el año 2018, el Comité había expresado su reconocimiento por la oportunidad de reanudar su diálogo constructivo con la delegación del Estado, destacando avances en la aplicación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y manifestando sus principales motivos de preocupación y recomendaciones para la implementación del Pacto.

Sin embargo, para está sesión número 135 los miembros del Comité dieron una calificación baja en materia de cumplimiento y avances en la aplicación de protección a derechos humanos.

Se evaluó la violencia hacia la mujer y el Comité recomendó intensificar los esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar todos los actos de violencia contra la mujer, incluidos los cometidos por miembros de maras y pandillas.

También al Comité le preocupó la criminalización total de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador, así como las desproporcionadas condenas de hasta 40 años de prisión que se imponen, bajo acusación del delito de homicidio agravado, no sólo a las mujeres que tratan de abortar, sino también a mujeres que han sufrido un aborto espontáneo.

Ante esto el Comité propuso distintas recomendaciones y califico muy bajo al país ya que las mujeres siguen sufriendo violencia desde distintos flancos.

Cristosal interpuso una demanda ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo contra la Corte de Cuentas de la República, CCR, quien declaró improcedente la petición que la organización presentó el 8 de febrero pasado al ente contralor, para que corroborara la utilización de fondos públicos para la adquisición del software Pegasus o si se contrataron los servicios de la empresa NSO Group Technologies Ltd para espionaje. 

De acuerdo con Jonathan Sisco, abogado Anticorrupción y Justicia de Cristosal, es lamentable que la Corte de Cuentas se niegue a investigar la compra del Software. Sisco agregó que han presentado pruebas suficientes, de la mano con organismos internacionales, sobre las acciones espías del Gobierno salvadoreño a periodistas, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Por su parte, Ruth López , jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal dijo que la Corte de Cuentas también está vulnerando el derecho ciudadano de acceso a la información pública al no investigar si se utilizaron fondos públicos en la adquisición del software espía Pegasus. Esta negativa además vulnera el derecho a la justicia. Es importante que la Corte de Cuentas de la República ejerza sus funciones y realice una auditoría especial sobre los presuntos fondos para la compra del software Pegasus. 

López lamentó que en El Salvador no exista un sistema de control que opere, funcione y garantice la rendición de cuentas.

La Corte de Cuentas está incumpliendo su mandato al negarse a iniciar un examen especial de los presupuestos de las agencias gubernamentales competentes en materia de seguridad pública e inteligencia del Estado, con el objetivo de detectar desviaciones, ocultamientos, ineficiencias o malversaciones, así como cualquier otra irregularidad o ilegalidad cometida en el ejercicio de la gestión gubernamental.

Cristosal interpuso una demanda ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo contra la Corte de Cuentas de la República, CCR, quien declaró improcedente la petición que la organización presentó el 8 de febrero pasado al ente contralor, para que corroborara la utilización de fondos públicos para la adquisición del software Pegasus o si se contrataron los servicios de la empresa NSO Group Technologies Ltd para espionaje. 

De acuerdo con Jonathan Sisco, abogado Anticorrupción y Justicia de Cristosal, es lamentable que la Corte de Cuentas se niegue a investigar la compra del Software. Sisco agregó que han presentado pruebas suficientes, de la mano con organismos internacionales, sobre las acciones espías del Gobierno salvadoreño a periodistas, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos.

La Ley General de Recursos Hídricos ya tiene una semana de haber entrado en vigor, sin embargo organizaciones como el Foro del Agua dicen que no se ve ninguna señal desde el Gobierno en materia de cumplimiento de esta normativa.

Dalia González, del Foro del Agua, lamenta que la Ley General de Recursos Hídricos esté siendo relegada y contradice lo que algunos funcionarios del actual gobierno han dicho: que el agua es prioridad.

La Ley General de Recursos Hídricos fue aprobada el 21 de diciembre del 2021 y consta de 9 títulos y 179 artículos.

González señala que entre los aspectos relevantes de  la ley se destaca el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, estableciendo que el agua no podrá ser privatizada.

Por medio de la ley se crea una nueva autoridad nacional de los recursos hídricos, denominada Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, que será la encargada de regular la calidad del líquido, la cual en su mayoría tiene representantes de entidades del Gobierno.

La representante del Foro del Agua, Dalia González, dice que de esta manera  no existen mecanismos ni institucionalidad para hacer efectivo este derecho.

González reitera que lo primero que debería hacerse  con esta ley es obligar a ANDA a que transparente los convenios que mantienen con sectores económicos, ante la Asociación Salvadoreña del Agua, ASA. Esta instancia debería tener como competencia la revisión de estos convenios y tramitar nuevas autorizaciones, según el procedimiento de ley.

El uso de agua para megaproyectos siempre se ha justificado diciendo que es para abastecimiento de poblaciones y así se les ha dado prioridad, aunque esto no sea cierto.

Esta ley debería crear un apartado especial para estos megaproyectos, equiparándolos con el uso industrial o comercial, para que no se le siga dando prioridad, como se ha hecho hasta la fecha, en detrimento de la población. 

Todo esto debería ser abordado enfatiza González, si realmente se quisiera resolver la situación de injusticia hídrica.

La Ley General de Recursos Hídricos ya tiene una semana de haber entrado en vigor, sin embargo organizaciones como el Foro del Agua dicen que no se ve ninguna señal desde el Gobierno en materia de cumplimiento de esta normativa.

Dalia González, del Foro del Agua, lamenta que la Ley General de Recursos Hídricos esté siendo relegada y contradice lo que algunos funcionarios del actual gobierno han dicho: que el agua es prioridad.

La Ley General de Recursos Hídricos fue aprobada el 21 de diciembre del 2021 y consta de 9 títulos y 179 artículos.

González señala que entre los aspectos relevantes de  la ley se destaca el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, estableciendo que el agua no podrá ser privatizada.

Por medio de la ley se crea una nueva autoridad nacional de los recursos hídricos, denominada Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, que será la encargada de regular la calidad del líquido, la cual en su mayoría tiene representantes de entidades del Gobierno.

Santos Adolfo Zetino, directivo de la Organización “Madre Tierra”, fue uno de los que pudo ingresar a Casa Presidencial a dejar la carta dirigida al mandatario. A su salida, compartió con la prensa las indicaciones que les dieron los militares que los atendieron en Casa Presidencial.