Madres, padres, hijos e hijas, abuelas y otros familiares de personas detenidas de manera arbitraria durante el Régimen de Excepción marcharon, desde el monumento a El Salvador del Mundo hasta Casa Presidencial, portando pancartas con fotografías de sus parientes y mensajes en los que solicitaban la pronta libertad de las personas inocentes.

La marcha fue detenida por una barricada con elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden, UMO, de la Policía Nacional Civil, en la Alameda Manuel Enrique Araujo, en las cercanías del Hospital Nacional El Salvador.

Una representación de los familiares de inocentes detenidos durante el Régimen de Excepción pudo ingresar para entregar una carta en Casa Presidencial en la que le solicitan al presidente de la República que investigue los casos de personas arrestadas que no pertenecen a grupos delincuenciales.

En el escrito manifiestan que respetan las medidas de seguridad, pero cuestionan que muchos de los detenidos tienen como delito ser pobres y vivir en zonas estigmatizadas.

En la carta piden los buenos oficios del mandatario y que tome en cuenta que las personas inocentes arrestadas son el sustento de sus hogares.

Edgar Alfredo Amaya Santos es papá de una persona con discapacidad auditiva.  A través de un megáfono envió un mensaje al presidente de la República solicitándole que deje en libertad a su hijo.

La canasta básica alimentaria rural pasó de costar $145.09 en mayo de 2021 a $163.36 a mayo de 2022, reflejando un aumento del 12%; mientras que en la zona urbana pasó de $201.04 a $227.39 para el mismo periodo, reflejando un incremento del 13%, según la Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC.

Esta situación ya está provocando que la población entre en desesperación por el hambre, muestra de ello es que ya se registran robos en parcelas de maíz, según Adalberto Blanco, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.

Además, según reportes de las organizaciones integrantes de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, la temporada de lluvias ha causado daños considerables en los cultivos de granos básicos en los municipios de Ahuachapán, Jujutla, Cuisnahuat, San Julián, Tejutepeque, Nuevo Edén de San Juan, La Libertad, San José Villanueva, Tamanique, Chiltiupán, Jicalapa, Teotepeque, Huizúcar y San Pablo Tacachico.

Se han visto afectadas alrededor de 115 mil manzanas de granos básicos, especialmente en maíz y que podrían sumar más de 150 mil quintales en pérdidas; en algunas zonas del departamento de La Paz han tenido que recurrir incluso a la resiembra de los cultivos.

Los daños causados hasta el momento podrían reducir la productividad hasta en un 30 %, sobre todo de maíz, que impactaría aún más la producción nacional, que ya traía reducciones en las superficies cultivadas a principios de la época agrícola por el aumento de los precios en los insumos agrícolas y el incremento en el costo de la canasta básica.

Por otra parte, la presencia de la canícula o sequía, pronosticada  para finales del mes de julio y el mes de agosto, encontraría cultivos debilitados y, por lo tanto, aumentaría las afectaciones en los mismos, registrándose pérdidas de hasta un 50 %.

A pesar de la crisis alimentaria que esta situación podría provocar, el Ministerio de Agricultura y Ganadería está ausente, señala Adalberto Blanco, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.

La canasta básica alimentaria rural pasó de costar $145.09 en mayo de 2021 a $163.36 a mayo de 2022, reflejando un aumento del 12%; mientras que en la zona urbana pasó de $201.04 a $227.39 para el mismo periodo, reflejando un incremento del 13%, según la Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC.

Esta situación ya está provocando que la población entre en desesperación por el hambre, muestra de ello es que ya se registran robos en parcelas de maíz, según Adalberto Blanco, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.

El abogado especialista en derecho constitucional plantea que en los juicios actuales, bajo el Régimen de Excepción, los derechos de las personas detenidas se han disminuido notoriamente y pone como ejemplo que en una audiencia hay 495 personas acusadas y solo dan 3 minutos al defensor.

Sisco advierte que tras esas medidas de seguridad pública, como Cristosal, conocen que siguen dándose casos de desplazamiento forzado, generados por grupos delincuenciales.

El abogado especialista en derecho constitucional e integrante de Cristosal recuerda que hay leyes simplificadas para proyectos como el Tren del Litoral Salvadoreño y la construcción de un aeropuerto en el oriente del país, entre otros, pero son planes sin transparencia ni rendición de cuentas.

Otro de los casos es el reciente plan de emergencia, del cual no hubo rendición de cuentas una vez finalizada la emergencia, pues se realizaron contrataciones sin el uso de la LACAP.

Ante esto, Sisco dice que sin aplicar la LACAP, en momentos de emergencia y bajo el Régimen de Excepción, se da más poder a un Estado que no es transparente, que no rinde cuentas y que, con estas acciones, abre las puertas a intereses oscuros.

Tras la aprobación del Régimen de Excepción, se vienen aprobando varias leyes que le dan más poder al Estado y estarían quedando algunos resquicios que podrían facilitar el cometimiento de actos de corrupción. Así lo manifestó Jhonatan Sisco, abogado especialista en derecho constitucional e integrante de Cristosal.

Expertos conversaron este lunes 18 de julio en  un “Twitter space” denominado: “Reelección y Régimen de Excepción”.

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP, ya no se está aplicando durante el Régimen de Excepción, pero sí se aplican diversas leyes como La Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos.  

Sisco manifiesta que el Régimen de Excepción permite que se regrese a la época del oscurantismo en el manejo de fondos públicos.

Liduvina Escobar fue cesada del cargo el 23 de abril de 2021 por el presidente de la República, por “actos que afectan gravemente el funcionamiento del IAIP e incumplimiento de sus funciones” y le dieron 10 días para ejercer su derecho de defensa. Asimismo ordenó al presidente del IAIP que pidiera al encargado de informática la restricción de Escobar al equipo de la institución.

El proceso de destitución de la excomisionada Escobar se dió en el marco de la pandemia, cuando el Gobierno del presidente Bukele se negó a entregar información, entre ésta, de los viajes del director de Centros Penales Osiris Luna.

Escobar dijo que todo el proceso de su destitución y de su derecho de defensa ha sido totalmente arbitrario. “Se me negó el derecho de defensa, solo me notificaron de la remoción", señaló la excomisionada.

La abogada que lleva el caso de Escobar, Ruth López, señaló que presentaron ante la Sala de lo Contencioso los "hechos públicos y notorios que demuestran la falta de imparcialidad del presidente". Sin embargo, estos fueron desestimados bajo el argumento que "debían ser alegados previamente".

Según la excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, Liduvina Escobar, actualmente la institución se convirtió en la primera violadora de la Ley de Acceso a la Información Pública, al declarar como reservada información que debería ser pública.

Escobar manifestó que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha sido silenciado y es cómplice de quienes están declarando como reservada información que no cumple los parámetros para que sea declarada en esta categoría.

Radio YSUCA entrevistó a vendedoras de mercados del Centro de San Salvador, para consultar si el precio de las verduras ha experimentado alzas.

Las personas entrevistadas manifiestan que compran el producto con mayores precios y para no perder las ventas reducen la ganancia pues, si suben el costo la gente no les compra.