Abogados del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, FESFUT, llegaron a la Fiscalía General de la República, FGR, para aclarar y ponerse a disposición de las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

El abogado Fernando Meneses explicó que la FIFA ha dado su respaldo a la FESFUT y la gestión administrativa de Hugo Carrillo. Según Meneses, ellos colaborarán en todas las diligencias de investigaciones e incluso harán una auditoría para que se aclaren todas las dudas.

El abogado dijo que quienes han salido perjudicados son los empleados, pues la Fuerza Armada y la PNC se han tomado las instalaciones de la Federación e incluso no a todos les permitieron que realizaran sus labores.

Asimismo, el abogado dijo que no se llevará a cabo ningún partido si no se soluciona este problema.

El Tribunal de Disciplina de Ética y Apelaciones del Deporte decretó el cese de las funciones del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, FESFUT.  El presidente de INDES, Yamil Bukele, dijo que esto trae como efecto principal el nombramiento de una Comisión Normalizadora inmediata “en cumplimiento de la medida cautelar decretada por este Tribunal”, para que sea ésta la que “asuma las funciones a partir de la notificación del acuerdo respectivo”.

Sin embargo, Meneses aclaró que el Comité sigue activo y que ellos no han sido cesados, puesto que la FIFA es quien deben cesarlos y ellos los mantienen como representantes en este proceso de investigaciones.

Abogados del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, FESFUT, llegaron a la Fiscalía General de la República, FGR, para aclarar y ponerse a disposición de las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

El abogado Fernando Meneses explicó que la FIFA ha dado su respaldo a la FESFUT y la gestión administrativa de Hugo Carrillo. Según Meneses, ellos colaborarán en todas las diligencias de investigaciones e incluso harán una auditoría para que se aclaren todas las dudas.

A pesar que el gobierno anunció que tenía vigente el Plan Control Territorial y que había una disminución de homicidios, en los últimos tres años, la población ha seguido sufriendo extorsiones, robos y otro tipo de hechos delictivos, señala Zaira Navas, jefa jurídica de Seguridad y Estado de Derecho de Cristosal.

Además, el fatídico fin de semana de marzo, en el que se registraron 87 personas asesinadas, deslegitimó el discurso que el gobierno tenía que había control de la seguridad, y demostró que las pandillas y el crimen organizado podían mover la situación a su antojo, afirma Navas.

Además, asegura que las muertes violentas de policías y militares son usadas por las autoridades para mantener el régimen de excepción, que viola garantías constitucionales.

Para Zaira Navas, desde que asumió el actual gobierno, progresivamente le ha ido quitando el rol a la Policía Nacional Civil de ser la única institución garante de la seguridad pública, del orden y la paz social, como dice la Constitución de la República.

La presencia de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública se ha acentuado, a tal punto que a quien se ve hablando de seguridad pública es al Ministro de Defensa.

Para Navas, la intención del Gobierno es devolverle el poder a la Fuerza Armada, que perdió tras la finalización de la guerra en El Salvador.

A pesar que el gobierno anunció que tenía vigente el Plan Control Territorial y que había una disminución de homicidios, en los últimos tres años, la población ha seguido sufriendo extorsiones, robos y otro tipo de hechos delictivos, señala Zaira Navas, jefa jurídica de Seguridad y Estado de Derecho de Cristosal.

Además, el fatídico fin de semana de marzo, en el que se registraron 87 personas asesinadas, deslegitimó el discurso que el gobierno tenía que había control de la seguridad, y demostró que las pandillas y el crimen organizado podían mover la situación a su antojo, afirma Navas.

Además, asegura que las muertes violentas de policías y militares son usadas por las autoridades para mantener el régimen de excepción, que viola garantías constitucionales.

Al identificar los segmentos migratorios, las autoridades estadounidenses detallan que, en cuanto a los migrantes de El Salvador, el incremento en junio fue en la llegada de familias enteras que en total sumaron 2 mil 899, muchas más que las 2 mil 645 detenidas en mayo pasado.

En cuanto al arribo de solteros salvadoreños, las cifras reflejan un leve descenso en junio con cuatro mil 613 solteros detenidos contrario a los 4 mil 713 aprehendidos en mayo pasado. 

Para Chacón es necesario implementar políticas para manejar la migración irregular, sin embargo esto es difícil, dice el director ejecutivo de Alianza América, ya que actualmente los salvadoreños buscan irse del país por las pocas oportunidades de desarrollo que encuentran.

Un consolidado publicado recientemente por las agencias que integran la Patrulla Fronteriza estadounidense, indica que 9 mil 94 salvadoreños fueron detenidos en la frontera Sur de Estados Unidos, esto representa un incremento.

Desde que inició 2022 a la fecha, al menos 47 mil 781 salvadoreños han sido detenidos al cruzar de México a Estados Unidos. Es decir, que a diario 265 salvadoreños han ingresado a territorio estadounidense.

En 2021, 245 salvadoreños se internaron cada día de manera irregular en los cruces fronterizos del sur del país del norte, una cifra que se elevó este año.

Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza América, señala que estos datos oficiales muestran nada más a las personas que han tenido encuentros con la patrulla fronteriza, sin embargo hay que contabilizar a las personas que no han tenido registro, ya que llegaron a los Estados Unidos sin haber sido detectados.

El Salvador suscribió el Estatuto de Roma el 1 de junio de 2016. De esta forma, ahora el país es Estado Parte de la Corte Penal  Internacional, esto quiere decir que esta corte puede investigar y juzgar ciertos delitos graves que se produzcan en El Salvador o que sean cometidos por salvadoreños con posterioridad al uno de junio de 2016. 

Sin embargo, se lamenta que los hechos cometidos durante el conflicto armado no podrán ser investigados por esta corte. Aun así, el Gobierno tiene la obligación de investigar estos hechos, dice Miguel Montenegro, de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-memoria Histórica de El Salvador.

Montenegro explica que desde el 13 de julio de 2016, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, ya no hay obstáculo para encontrar justicia para las víctimas de la guerra, sin embargo lamenta que en la actualidad el gobierno no tenga voluntad de alcanzar la verdad, justicia y reparación.