Por su parte el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, dijo que el Ejecutivo ha capturado a todas las instituciones, no se tiene un control inter- orgánico pues el sistema judicial, Asamblea Legislativa, PNC, FAES, FGR, IAIP, han sido cooptados, incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien ha sido cómplice de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco Régimen de Excepción.

El 1 de mayo de 2021, la nueva Asamblea Legislativa, con una “súper mayoría” del partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, resolvió remover de sus cargos a los magistrados y magistradas titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional, y al fiscal general de la República, sin seguir un procedimiento previo en el que pudieran ejercer su derecho de defensa y procedió a designar directamente sus reemplazos. Todas estas decisiones fueron aprobadas con 64, de los 84 votos posibles.

La crisis judicial afecta a los salvadoreños, pues la justicia que emana del sistema es condicionada por personas afines al Gobierno.

La Fundación para el Debido Proceso, DPLF, presentó un informe que documenta las estrategias de cooptación del sistema de justicia en El Salvador, generada a través de la ruptura del principio de separación de poderes y vulneraciones a la Constitución. Hechos que comprometen gravemente la garantía de los derechos y libertades de la población salvadoreña, al generar condiciones para una justicia selectiva.

DPLF señala que el debilitamiento deliberado del Órgano Judicial fue estructurado meticulosamente en cuatro grandes fases: El desarrollo de una narrativa hostil a la justicia desde el discurso oficial; la captura de las cúpulas de los estamentos judiciales; la remoción y reemplazo de altas autoridades de la Sala de lo Constitucional y del Ministerio Público, a través de decretos inconstitucionales; y la expulsión o precarización de la estabilidad de al menos un tercio de los jueces, juezas, magistrados y magistradas del país y el nombramiento irregular de los puestos vacantes.

Úrsula Indacochea, directora del programa de Independencia Judicial de DPLF, dijo que hubo una preparación del camino para destruir la poca confianza que se tenía del sistema y justificar las reformas que se harían previo a tomar el control Legislativo.

Por medio de redes sociales ha circulado que dentro de la Alcaldía municipal de Soyapango un supuesto jefe está acosando a varias empleadas, sin embargo no todas se atreven a denunciar el abuso, ya que temen ser despedidas.

Esta semana transcendió que una mujer habría sido despedida por haber hecho la denuncia de acoso sexual por medio de una fotografía en redes sociales. Este hecho fue confirmado por un miembro de la Asociación Nacional de Trabajadores Municipales, ASTRAM.

El empleado municipal dijo que este tipo de conducta es muy común dentro de estas instituciones y se proliferan ya que muchas veces hay silencio de parte de las afectadas por temor a perder sus empleos.

Por medio de redes sociales ha circulado que dentro de la Alcaldía municipal de Soyapango un supuesto jefe está acosando a varias empleadas, sin embargo no todas se atreven a denunciar el abuso, ya que temen ser despedidas.

Esta semana transcendió que una mujer habría sido despedida por haber hecho la denuncia de acoso sexual por medio de una fotografía en redes sociales. Este hecho fue confirmado por un miembro de la Asociación Nacional de Trabajadores Municipales, ASTRAM.

El empleado municipal dijo que este tipo de conducta es muy común dentro de estas instituciones y se proliferan ya que muchas veces hay silencio de parte de las afectadas por temor a perder sus empleos.

Países de la región realizan el foro virtual denominado, “Defensa de nuestro territorio: experiencias de la región de México y norte de Centroamérica”.

En la actividad participaron Carolina Amaya, de la Unidad Ecológica de El Salvador, UNES, Sonia López Pérez, de Radio Progreso de Honduras, Yacotzin Bravo, investigadora mexicana y Chahim Vásquez, de la Red de Sanadoras Ancestrales de Guatemala.

Carolina Amaya de la UNES, asegura que en El Salvador los conflictos para defender la tierra vienen desde las industrias cañera, constructora y las que explotan el agua.

La representante de El Salvador planteó en el foro que la industria cañera del país tiene impactos silenciosos, por el uso de agrotóxicos que van directamente hacia los bienes hídricos y la tierra, causando la insuficiencia renal y  la muerte.

Amaya manifiesta que otro de los conflictos para defender la tierra es la proliferación de proyectos de la industria de la construcción.

Países de la región realizan el foro virtual denominado, “Defensa de nuestro territorio: experiencias de la región de México y norte de Centroamérica”.

En la actividad participaron Carolina Amaya, de la Unidad Ecológica de El Salvador, UNES, Sonia López Pérez, de Radio Progreso de Honduras, Yacotzin Bravo, investigadora mexicana y Chahim Vásquez, de la Red de Sanadoras Ancestrales de Guatemala.

Carolina Amaya de la UNES, asegura que en El Salvador los conflictos para defender la tierra vienen desde las industrias cañera, constructora y las que explotan el agua.

Las lluvias persistirán en lo que resta del año, como consecuencia del fenómeno de “La Niña”. Así lo manifestaron integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Integrantes de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador, la Mesa Sectorial de Gestión Ambiental y Cambio Climático, del Foro Nacional de Salud, se pronunciaron ante los impactos recientes causados por los fenómenos naturales en el país.

La integrante de estas organizaciones, Magdalena Cortez, manifiesta que las autoridades correspondientes deben establecer políticas que no sean reactivas ante la vulnerabilidad de El Salvador.

Las organizaciones de la sociedad civil cuestionaron a las autoridades responsables de la Dirección General de Protección Civil,  porque a su juicio no actúan oportunamente y eso queda demostrado con las inundaciones registradas recientemente en Santa Ana, Santa Tecla, San Salvador, Ilopango, Soyapango y otros lugares del interior del país.

Las personas que integran las organizaciones dicen que el problema principal es la falta de acción sobre las causas generadoras de riesgos y vulnerabilidad y solo se atienden los efectos.

Moisés García, integrante de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos, advierte que la construcción de un estadio afectará a las personas que viven en las riberas del río Acelhuate.