Las lluvias persistirán en lo que resta del año, como consecuencia del fenómeno de “La Niña”. Así lo manifestaron integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Integrantes de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador, la Mesa Sectorial de Gestión Ambiental y Cambio Climático, del Foro Nacional de Salud, se pronunciaron ante los impactos recientes causados por los fenómenos naturales en el país.

La integrante de estas organizaciones, Magdalena Cortez, manifiesta que las autoridades correspondientes deben establecer políticas que no sean reactivas ante la vulnerabilidad de El Salvador.

Este 13 de julio se cumplen 6 años desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, declaró inconstitucional la Ley de Amnistí a para la Consolidación de la Paz, creada en 1993. Con la Amnistí a se otorgó protección tanto a miembros del Ejército como de la guerrilla salvadoreña, que combatieron durante el conflicto armado-que duró 12 años y que se cobró la vida de miles de civiles.

A seis años de la declaratoria de inconstitucionalidad, la sentencia establecía una serie de recomendaciones, entre ellas, la formulación de una Ley de Justicia Transicional que otorgara verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición, a favor de las víctimas y familiares de víctimas de la guerra para sanar las heridas.

El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional y firmante de la sentencia, Sidney Blanco, dijo que desde la declaratoria de inconstitucionalidad ninguno de los “actores políticos han tenido interés de avanzar en una Ley de reconciliación”.

El fallo de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, estableció que la amnistía era contraria al derecho de protección de los derechos fundamentales, porque impedía el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a dichos derechos.

Según el informe de la Comisión de la Verdad, auspiciada por las Naciones Unidas, el Ejército y los cuerpos de seguridad fueron culpables de más del 80 por ciento de los crímenes de guerra, entre ellos masacres, asesinatos selectivos, torturas y desapariciones forzosas. Crímenes como el del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en 1980; la masacre de El Mozote de 1981, cuando fueron asesinados más de 1,000 campesinos; así como la masacre de 6 sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, no se han juzgado en El Salvador puesto que los jueces se han amparado a la Amnistía de 1993.

Este 13 de julio se cumplen 6 años desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, declaró inconstitucional la Ley de Amnistí a para la Consolidación de la Paz, creada en 1993. Con la Amnistí a se otorgó protección tanto a miembros del Ejército como de la guerrilla salvadoreña, que combatieron durante el conflicto armado-que duró 12 años y que se cobró la vida de miles de civiles.

A seis años de la declaratoria de inconstitucionalidad, la sentencia establecía una serie de recomendaciones, entre ellas, la formulación de una Ley de Justicia Transicional que otorgara verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición, a favor de las víctimas y familiares de víctimas de la guerra para sanar las heridas.

El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional y firmante de la sentencia, Sidney Blanco, dijo que desde la declaratoria de inconstitucionalidad ninguno de los “actores políticos han tenido interés de avanzar en una Ley de reconciliación”.

Las organizaciones aglutinadas en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, señalan que hay al menos cinco vacíos en la Ley General de Recursos Hídricos: abre las puertas a la privatización del agua, en la práctica no se cumple el derecho humano al agua, no garantiza la participación ciudadana en la gestión del agua, no garantiza una gestión sustentable de cuencas, ni un régimen económico justo y equitativo.

La Ley entró en vigencia el 12 de julio y, en los próximos tres meses, el Órgano Ejecutivo debe elaborar el reglamento, en el cual se deben resolver los vacíos que hay en la ley, según Luis González, director de incidencia y políticas públicas de la UNES.

La Asamblea Legislativa aprobó disolver el Fondo Ambiental de El Salvador, FONAES, para trasladar sus funciones a la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, el ente rector de la Ley General de Recursos Hídricos.

González señala que hay riesgos de que esta institución se vuelva mercantilista, ya  que no contará con asignación presupuestaria para su funcionamiento.

Las organizaciones aglutinadas en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, señalan que hay al menos cinco vacíos en la Ley General de Recursos Hídricos: abre las puertas a la privatización del agua, en la práctica no se cumple el derecho humano al agua, no garantiza la participación ciudadana en la gestión del agua, no garantiza una gestión sustentable de cuencas, ni un régimen económico justo y equitativo.

La Ley entró en vigencia el 12 de julio y, en los próximos tres meses, el Órgano Ejecutivo debe elaborar el reglamento, en el cual se deben resolver los vacíos que hay en la ley, según Luis González, director de incidencia y políticas públicas de la UNES.

En El Salvador no se respeta la Constitución de la República

El Centro Kimberly Green para Estudios Latinoamericanos y del Caribe, de la Universidad Internacional de la Florida, impulsó el Foro Virtual denominado: “Conmemorando los Acuerdos de Paz en Guatemala y El Salvador.

En el evento participó por El Salvador el ex embajador de este país en Estados Unidos, a Rubén Zamora.

Zamora manifestó que tras la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, la Asamblea Legislativa de aquel entonces realizó las reformas a la Constitución necesarias para cumplir con los Acuerdos.

Sin embargo, Zamora dice que hay que aprender la lección en cuanto a que la dinámica de los Acuerdos de Paz se fue perdiendo y, en la actualidad, se ha llegado a un contexto en el que se viola de manera reiterada la Constitución de la República.

Laínez exhortó a las instituciones del Estado a apoyar a las familias del personal médico que dio su vida en plena emergencia por la pandemia de la covid-19, pues muchas esposas, hijos y madres, están pasando momentos críticos ya que en muchos de los casos el familiar fallecido era cabeza de hogar.

Las familias del personal médico fallecido mientras atendían  la pandemia de la covid-19 siguen sin recibir apoyo por parte del Estado salvadoreño a pesar que el parlamento aprobó, en septiembre de 2020, una  la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud.

La coordinadora del Movimiento de familiares del personal de salud COVID-19, Laura Laínez, explicó que han sostenido algunas reuniones con autoridades de salud, sin embargo,  las charlas han sido estériles pues hasta la fecha no se les ha entregado ninguna compensación o apoyo.