El coordinador de Protección Civil de la colonia Conastes 1, Joseph Sánchez dice que los habitantes del lugar pasan en vela cuando hay tormentas fuertes, por el posible desborde del río Acelhuate.

Ante la vulnerabilidad en la que viven, ¿Cómo se preparan para enfrentar el paso de otros fenómenos naturales?

La gente dice que el primer paso es salir del lugar si está expuesta a inundación o desbordamiento de río, en último lugar salvar algunas de sus pertenencias.

Las víctimas de inundaciones y otros daños por la tormenta tropical Bonnie hablaron con Radio YSUCA sobre las pérdidas que han tenido principalmente por inundaciones, pero también dijeron por que en cada fenómeno natural hay desastres en diferentes puntos vulnerables del país.

Las personas son de la zona del triángulo de la colonia Santa Lucía, en Ilopango y la colonia Los Conacastes 1, del municipio de Soyapango.

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS, pretende convertir a la Ciudadela Monserrat, en San Salvador, en un complejo que albergará al nuevo hospital Médico Quirúrgico y Primero de Mayo, dos de los hospitales más importantes de la entidad. Sin embargo, aún no han dicho donde ubicarán a los adultos mayores.

Ana María Rodríguez, otra de las beneficiadas con los talleres, lamentó el desalojo y enfatizó que ellos no se oponen a la construcción de nuevos hospitales, no obstante dijo que quieren un lugar digno y céntrico donde ellos puedan desarrollar sus actividades educativas, vocacionales y de sano esparcimiento.

En el espacio, muchos adultos mayores han recibido talleres de salud mental y fisioterapia que les ha ayudado a mantener su mente ocupada. En total, se ofrecen alrededor de 10 opciones de talleres para los pensionados.

Dina Navas de 76 años, pide a las autoridades del Gobierno que escuchen a los adultos mayores, ellos quieren quedarse en sus instalaciones y que no los marginen de esa manera.

María Celia Granados, de 82 años, lleva 27 años participando en las diversas actividades que se desarrollan en las instalaciones.  Granados ha aprendido costura e inglés en los talleres que se imparten en ese lugar.

Eugenia Argueta integrante de la junta directiva de la Asociación Promotora de Derechos Humanos dice que el actual presidente de la República cuando estaba recién electo les prometió un sinfín de cosas a familiares y sobrevivientes de la masacre El Mozote y lugares aledaños, pero hasta ahora no ha habido nada en concreto.

La abogada de la Fundación Cristosal, Irene Gómez, dice que el presidente de la República no debe sancionar la Ley de Registro Referente a las Víctimas de la Masacre El Mozote y lugares aledaños, que fue aprobada el pasado 28 de junio por la mayoría de diputados, porque revictimiza a los sobrevivientes y familiares de la mencionada masacre.

Presentan carta al presidente de la República para manifestar la inconformidad con la aprobación de una ley que viene a establecer cómo se documentará a las víctimas de la masacre El Mozote y zonas aledañas.

El director de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Ovidio Mauricio dijo que en la actualidad muchas personas -en el país- tienen problemas de documentación porque varias alcaldías fueron quemadas durante el conflicto armado salvadoreño, por lo que bastante gente no ha podido obtener su documentación para reclamar las reparaciones que le corresponden, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ante esto, en la ley aprobada se necesitaba un proceso breve y sencillo para que todas las personas que están en el registro de la Masacre de El Mozote puedan obtener su documento de identidad

El representante de la Asociación “El Mozote”, Oscar Tovar, dice que el presidente de la República no debe sancionar la ley aprobada porque no incluyó las propuestas de familiares y sobrevivientes de la masacre El Mozote.

En la administración Bukele, además de las tareas de seguridad pública, también se le ha asignado a la Fuerza Armada tareas civiles, como la entrega de paquetes alimentarios o la conducción de autobuses.

Gabriela Colocho manifiesta que desde la Firma de los Acuerdos de Paz, los gobiernos han venido trabajando la imagen de la Fuerza Armada, para usar a los militares en políticas punitivas.