Los Acuerdos de Paz redefinieron el rol de la Fuerza Armada en El Salvador, desvinculándola de lo político y de la seguridad. Sin embargo, la reforma constitucional que determinaba un nuevo rol para la institución castrense dejó a discreción de los gobiernos su uso, de manera excepcional, para tareas de seguridad pública.

Según el estudio “Cambios y continuidades en el rol de la Fuerza Armada de El Salvador en la seguridad ciudadana de 1992 al 2022”, del Servicio Social Pasionista, debido a esta discrecionalidad, en la práctica, la Fuerza Armada se ha mantenido en tareas de seguridad ciudadana desde la Firma de los Acuerdos de Paz.

Para la coordinadora del Área de Investigación del Servicio Social Pasionista, Gabriela Colocho, esta situación ha tendido repercusiones en la violación a derechos humanos y prevé que el gobierno podría usar a militares para reprimir las manifestaciones sociales.

Según ha explicado Ricardo Castaneda, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales , Icefi, la economía salvadoreña ha estado decreciendo desde el año pasado.

Castaneda dijo que el tema de que se pueda caer en un impago para el año 2023 es una de las razones por las que el país no está siendo atractivo para atraer inversión extranjera.

Los habitantes dicen que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas no les han resuelto el problema y solo llegan a tomarse fotos luego del desastre igual que la Dirección General de Protección Civil.

De acuerdo con los habitantes de la colonia Santa Lucia, la zona tiende a inundarse de tres hasta cuatro cuadras. El problema de inundación en el lugar es debido a las reparaciones de la cárcava en la Santa Lucía, donde se taparon unos tragantes que impiden el curso del agua provocando inundaciones, pues las aguas provienen desde la zona de El Guaje del mismo municipio, agregaron.

Habitantes de la Colonia Santa Lucía, en el municipio de Ilopango, temen nuevas inundaciones ante la anunciada tormenta tropical Bonnie, que estará ingresando a Centroamérica en las próximas horas y que generará lluvias en el territorio salvadoreño.

Según algunos residentes de la zona, las autoridades de la Dirección General de Protección Civil no monitorean el lugar cada vez que llueve y no se mantiene un plan de prevención. 

Otra de las lugareñas dijo que ellos tienen que monitorear y activar su propio sistema de alerta ante la inoperancia del sistema en la zona de la colonia Santa Lucía.

Monseñor Elías Samuel Bolaños, obispo de Zacatecoluca e integrante de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, advierte que las empresas mineras causan severos daños al ecosistema y priorizan la ganancia.

La Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RED CAT) y la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana también demandan del gobierno de Guatemala que no otorgue el permiso de explotación minera a la empresa Elevar Sources, subsidiaria de la empresa Bluestone Resources Inc.

El integrante de la Red, Ricardo Mira, dice que el Gobierno salvadoreño debe despertar ante el riesgo de daños al agua que llega al país, al ecosistema y a la gente como consecuencia de la explotación de la mina “Cerro Blanco”, si el hermano país da el permiso.

Integrantes de diferentes organizaciones advierten que el proyecto minero “Cerro Blanco” puede ser autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente de Guatemala.

La empresa Elevar Resources, subsidiaria de la empresa canadiense Bluestone Resources Inc., presentó en diciembre del año pasado un nuevo estudio de impacto ambiental de este proyecto para extraer oro y plata. La preocupación es que el Ministerio de Medio Ambiente guatemalteco autorice la explotación minera.

Ante esto, la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RED CAT) y la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana se pronunciaron en El Salvador sobre el proyecto minero “Cerro Blanco” proponiendo a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador iniciar un tratado de aguas transfronterizas,

La integrante de la Red, Sandra Ascencio, dice que los Estados deben negociar para evitar daños al agua del lago de Güija y el río Lempa.

El integrante del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil dice que desconocen si a los oficiales de nivel superior que fueron retirados forzosamente les han entregado o no la pensión y aclara que se pronuncian por los de nivel básico y nivel administrativo.

Marvin Reyes dice que los elementos retirados forzosamente viven una gran incertidumbre porque están sin dinero y no pueden comprar ni medicinas, por lo que exigen a las autoridades que entreguen los fondos.

La Policía Nacional Civil promovió un acuerdo para retirar al personal policial que cumplía 60 años o más. Esto comenzó en el mes de abril y se extendió hasta el mes de mayo, dice Marvin Reyes del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil.

Reyes dice que el personal que fue retirado, en estos meses, se fue bajo condiciones poco claras, respecto a una indemnización que iban a recibir y que hasta el momento, después de dos meses, no se ve nada claro.

Para el personal de la escala básica: sargentos, cabos y agentes, la compensación económica por retiros forzosos es de 24 salarios del último devengado. Para el personal administrativo y oficiales es de 12 salarios del último devengado.

Según el acuerdo de la dirección, basado en el decreto que se emitió en la Asamblea Legislativa el 11 de mayo, se estableció que estos montos serían entregados en un período de 60 días hábiles. Reyes dice que hasta la fecha no se han entregado.