Otro de los entrevistados manifestó que no puede haber un policía en cada casa y que la inseguridad sigue presente sobre todo en áreas rurales.

Radio YSUCA entrevistó a una serie de personas en diversos puntos de la capital, para conocer su percepción en torno a si la presencia de más policías y soldados en las calles les generaba seguridad y, si el Régimen de Excepción ayuda a disminuir la violencia.

Una de las entrevistadas dijo que poner más elementos de seguridad pública en las calles no va a la raíz del problema.

Pese a que las voces de las personas con discapacidad se escuchan en diversos rincones del país, el Tribunal Sancionador y el reglamento tendrán que seguir esperando.

Al respecto la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, lamenta que desde el partido Nuevas Ideas se propongan retrasos para las personas con discapacidad.

Carlos Montes explicó que desde hace un año con bastante frecuencia hacen concentraciones y piden al presidente de la República que garantice la protección de sus derechos y para que se apruebe el reglamento de la Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad. Sin  embargo, no han recibido respuesta del mandatario.

El Salvador cuenta con una Ley Especial de Inclusión de las personas con Discapacidad, la cual fue aprobada en junio de 2020 y entró en vigor en enero de 2021. Lo que no ha entrado aún en función es lo relacionado al Tribunal Sancionador, cuya vigencia se ha reprogramado en dos ocasiones, así como la conformación de un reglamento para su funcionamiento.

Pese a ello, este tribunal nunca se conformó y esta semana se volvió a pedir una nueva prórroga.

Sobre este tema, Carolina Vásquez, de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador, dice que a la fecha no hay reglamento ni Tribunal Sancionador, el cual sería el ente encargado de recibir denuncias de vulneración de derechos para personas con discapacidad

Vásquez nos dice que es lamentable esta situación, ya que dejan una Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad sin dientes y sin aplicabilidad.

El representante del OUDH recuerda que desde el 27 de marzo del presente año la población salvadoreña vive con la suspensión de las garantías constitucionales. En este contexto, hay vulneraciones al derecho a la integridad.

El “Informe sobre el Derecho a la integridad personal en El Salvador 2020-2021” manifiesta que en el país, desde 2019, se registran al menos 1,461 casos de delitos relacionados con el derecho a la integridad personal, que involucran a 2,916 agentes de la Policía Nacional Civil.

Las poblaciones vulnerables son las mujeres, quienes representaron el 94.13 % de delitos.

Además, las personas que ejercen el periodismo en El Salvador también han sido objeto de ataques a su integridad física o psicológica, restricciones al ejercicio periodístico, ataques y acoso digital, la mayor parte de estos por parte de funcionarios públicos.

Ante esta situación, el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, manifestó que la integridad personal debe respetarse en toda circunstancia y los funcionarios públicos están obligados a garantizar que así sea.

Partiendo de datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hasta el 25 de mayo de este año se reportó la atención de mil 931 casos. Entre estos hay malos tratos, tratos crueles e inhumanos o degradantes, uso desproporcionado de la fuerza, ausencia de medidas para dar medicamentos a algunas personas privadas de libertad que los necesitan, intimidaciones y ausencia de información sobre el lugar donde se encuentran personas detenidas, entre otras violaciones.

El coordinador general del observatorio dice que los familiares de las personas detenidas no se han escapado de los malos tratos.

En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH, presentó el “Informe sobre el Derecho a la integridad personal en El Salvador 2020-2021”.

El coordinador general del observatorio, Danilo Flores, dijo que incluyeron en el informe un apéndice del actual Régimen de Excepción.

Flores dice que hay tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de las prisiones, a tal punto que se han reportado y documentado muertes. Una situación que es grave porque el Estado tiene el deber de resguardar las condiciones de las personas privadas de libertad.

Morena Murillo, directora ejecutiva de la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños, APROCSAL, dijo que hay casos de mujeres detenidas arbitrariamente debido a que las autoridades no individualizan los casos para determinar su participación o no en los hechos.

Juárez agregó que el Régimen de Excepción está dejando daños colaterales, pues las mujeres son quienes sufren la ausencia de la cabeza del hogar o quien se ve limitada a  salir a trabajar por someterse a la búsqueda de su pareja o hijo que ha sido capturado. Aunado al cuido de sus hijos en el hogar.