Ruth López de Cristosal añadió que las decisiones de los actuales jueces están orientadas a debilitar y propiciar la ruptura del orden democrático y tratados internacionales.

Por su parte, el juez Jorge Guzmán juez, también cesado, dijo que el sistema judicial salvadoreño se encuentra enfermo, pues sus funciones están siendo socavadas por otros poderes.

La Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia, FECAJUD, presentó un documento con un diagnóstico sobre la situación de la judicatura en El Salvador. Dicho texto busca visibilizar, por un lado, los principales aspectos estructurales, normativos y de funcionamiento del Órgano Judicial en El Salvador, y por otro, las complicaciones en materia de independencia judicial en esta jurisdicción.

El Salvador ha sufrido un desgaste en su independencia judicial muy particular, a partir del 1 de mayo del 2021, con las medidas de intervención del Órgano Judicial, que han ejecutado los órganos políticos: Ejecutivo y Legislativo, que obligó el cese de sus funciones mediante un decreto que jubiló a jueces.

En este marco, la jueza cesada Rosvinda Portillo dijo que tras la toma de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador ha perdido la separación de poderes, dejando desamparados los derechos de la población salvadoreña.

Manuela fue una salvadoreña criminalizada por tener una emergencia obstétrica. En el hospital no fue atendida debidamente y el personal médico denunció,  asumiendo que había cometido el  delito de aborto.

Fue condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado. Manuela murió en 2010 privada de libertad por un cáncer linfático que no fue atendido. El caso de Manuela fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Anabel Recinos, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dijo que la Corte manifestó que el proceso contra Manuela fue arbitrario y que el Estado salvadoreño violó los derechos de presunción de inocencia.

Organizaciones sociales que desarrollan la semana contra la tortura y los malos tratos en El Salvador, llevaron a cabo el foro titulado "Caso Manuela: Detenciones arbitrarias e injusticias reproductivas, debido a la penalización absoluta del aborto en El Salvador".

El foro, en coordinación con la Universidad de El Salvador, se ejecuta con la intención de discutir el contexto de discriminación en el país, la importancia del secreto profesional  y el impacto de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el ordenamiento jurídico nacional.

Una de las ponentes, Idayari Góchez, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, manifestó que en el caso de “Manuela” se pudo conocer que se le violentó el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal e incluso a las garantías judiciales y que ese riesgo sigue latente en la actualidad en el país.

Por otro lado, los maestros del Centro Escolar Rutilio Grande, que desde el 2016 han trabajado con plazas interinas, ahora pueden quedarse sin empleo, ya que el Ministerio de Educación ha sacado las plazas a concurso público, señala el actual director Martir Vásquez.

Se trata del Centro Escolar Rutilio Grande, fundado por un grupo de padres de familia y profesores de la comunidad de San Martín, al oriente de la capital, en el año 2016.

Según ha explicado una madre de familia, el objetivo de construir esta escuela, cercana en la comunidad, era para evitar que los niños y niñas de la zona caminaran grandes trayectos y así prevenir cualquier inconveniente en el camino, dada la alta peligrosidad en la zona.

Actualmente el centro de estudios, aunque es reconocido como institución pública por el Ministerio de Educación, no cuenta con insumos didácticos suficientes, ni con infraestructura adecuada para que los niños reciban sus clases.

Según explicó a Radio YSUCA una madre de familia, los niños y niñas reciben sus clases con limitantes, muchas veces deben sentarse en el suelo, ya que no hay pupitres para todos los alumnos.

Esta aprobación se hizo sin escuchar la voz de los afectados, señala el abogado de Tutela Legal “Doctora María Julia Hernández”, Alejandro Hernández y se observan algunos vacíos.

Hernández dijo que todo lo aprobado ha sido impuesto y no se ha dado voz a las organizaciones de la sociedad civil, que por años han acompañado a las víctimas.

Ley que busca actualizar el registro de víctimas de la masacre El Mozote y lugares aledaños no será de beneficio para los familiares de los masacrados.

Esta semana la Asamblea Legislativa aprobó una Ley Especial Transitoria para establecer el estado familiar, filiación y nacimiento o muerte de víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.

Sin embargo, para Óscar Tovar, representante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, esta normativa no es de beneficio para los afectados, ya que no propicia un registro adecuado. Además, no es gratuito, generará costos para las víctimas, añadió.

Tovar dice que ahora hay que pagar abogados y muchas familias de escasos recursos no podrán hacerlo. Por otro lado destacó que lo hecho en el Legislativo es una forma de seguir invisibilizando a las víctimas y familiares de El Mozote y seguirles negando el acceso a la justicia.

Los líderes de las comunidades lamentan que la DOM no los quiera atender, pues aseguran que cuando ellos acudieron a las oficinas de esta institución, les cerraron las puertas. Es por ello que se dirigieron a Casa Presidencial para ser escuchados.  Señalan que las alcaldías de sus localidades justifican que no pueden hacer nada porque no cuentan con recursos, pues ahora todo se canaliza a través de la DOM.