Según Daniel, ahora con el Régimen de Excepción lo que buscan es ponerle cargos por los que la acusó el exesposo, y por los cuales estuvo cuatro días detenida en una bartolina, hasta que hubo un sobreseimiento definitivo.

Cree que Óscar está aprovechando el Régimen de Excepción, donde no hay garantías de nada, para ponerle una nueva acusación a Elena.

El Foro Nacional de Salud ha denunciado que durante los tres años de gestión de Nayib Bukele se ha desmantelado el sistema nacional de salud. Se han cerrado los espacios de participación ciudadana, se han aprobado leyes que abren las puertas a la corrupción y se ha reservado hasta por cinco años el Plan Nacional de Salud.

Esto tiene repercusiones directas en la población salvadoreña, tal es el caso de la falta de vacunas para recién nacidos y la falta de ambulancias para la atención de emergencias, así lo explicó Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud.

La gente pensionada manifiesta que son atendidas por unas personas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en la Ciudadela Montserrat, quienes no les han informado si les reubicaran para recibir salud mental y otras atenciones.

Se trata de programas a los pensionados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Rauda dice que necesitan actividades de salud mental.

Personas pensionadas de los programas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social mostraron preocupación porque la Ciudadela Montserrat será hospitalaria, significa que les quitan espacio para reunirse y atenciones.

Estela Rauda es una beneficiaria de programas de pensionados quien teme que desalojen a las personas adulto mayor de la Ciudadela.

Al hablar de salud sexual y reproductiva se refiere a la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear. También a la libertad para decidir hacerlo o no. 

En el país este tema ha tenido muchos obstáculos para divulgarse, ya que no hay claridad en el contenido y muchas veces la sociedad machista bloquea el acceso a una verdadera educación en la materia. Así lo dice Mayra Ramos, comunicadora social de La Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, Las Mélidas.

Debido a la falta de una política en salud sexual y reproductiva en el país, los embarazos en niñas y adolescentes son altos. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, entre los años 2015 y 2020 se registraron en El Salvador 105 mil 930 embarazos en niñas y adolescentes. 

Estos datos podrían revertirse, dice Ramos, al informar y formar de manera oportuna y adecuada a niñas y adolescentes. Además, se disminuye el número de embarazos no planificados, sobre todo en los sectores de mayor pobreza y menor educación. También se estaría previniendo  la violencia sexual.

Al hablar de salud sexual y reproductiva se refiere a la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear. También a la libertad para decidir hacerlo o no. 

En el país este tema ha tenido muchos obstáculos para divulgarse, ya que no hay claridad en el contenido y muchas veces la sociedad machista bloquea el acceso a una verdadera educación en la materia. Así lo dice Mayra Ramos, comunicadora social de La Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, Las Mélidas.

Sobrevivientes, colectivos de víctimas, defensoras y defensores de derechos humanos que conforman la Mesa contra la impunidad en El Salvador, MECIES, presentaron una nueva carta al presidente de la República con una serie de peticiones. Entre ellas, que aprueben y apliquen un reglamento y normativa relativa a justicia transicional, que dé cumplimiento a las obligaciones del Estado con las víctimas de la guerra. 

La madre Sofía Hernández, víctima de la guerra, aseguró que muchas madres están muriendo sin que el Estado les responda con verdad, justicia y reparación. Piden al presidente cumplir con esa deuda histórica que todos los gobiernos pasados no cumplieron.

Juan Carlos Sánchez, de la Fundación para el Debido Proceso, exhortó a la población salvadoreña a tener mayor “sensibilidad y apoyo” con las víctimas de la guerra  y recordó que las víctimas de desaparición continúan actualmente.

La Ley de Amnistía fue derogada en 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y las víctimas sobrevivientes, como colectivos, emprendieron una lucha por judicializar cada uno de sus casos. 

Rafael Segura, del Comité de Presos Políticos de El Salvador, exhorta a los diputados que con la correlación de fuerza que tienen pueden aprobar una ley de justicia transicional. Además piden al fiscal general de la República investigar la serie de casos que le han presentado al Ministerio Público.