A los familiares de los capturados por el Régimen de Excepción les llueve sobre mojado. Karla Méndez está viviendo una verdadera pesadilla desde que su esposo fue capturado por la Policía con engaños, según su relato. Esto ocurrió en marzo pasado, en La Paz. 

La Policía le dijo que abandonara su vivienda, ya que de no hacerlo le capturarían también. Por ello decidió migrar a Izalco en Sonsonate a la vivienda de una amiga. Sin embargo, la situación se complicó ya que las autoridades capturaron a la persona que le daba alojamiento y debido a esto se vio obligada a vivir en las calles de Izalco.

Los comerciantes informales que serán removidos son 400 y tienen unos 20 años en sus puestos donde se ganan la vida para sostener a sus familias.

Un representante de la Alcaldía de Soyapango dijo que no es desalojo, sino reubicación. Además, que van del centro hacia las partes externas del municipio haciendo el llamado ordenamiento

Pero López dice que las autoridades municipales no hablan con comerciantes informales.

Comerciantes informales de Soyapango serían trasladados a antigua terminal de SITRAMSS

La Asociación de Trabajadores Independientes, Estacionarios y Ambulantes, se pronunciaron ante los desalojos que realizará la Alcaldía de Soyapango de gente que se gana la vida en las calles con sus ventas informales.

Rolando López dice que serán obligados a que se ubiquen en la antigua terminal del SITRAMSS, donde a juicio de ellos reducirían enormemente las ventas.

Los expertos señalan que es importante también que la ciudadanía conozca el papel o rol de la Procuraduría General de la República, pues su labor no solo se limita a la asistencia legal, también hay una unidad de quejas y denuncias, defensa familiar, oficina para adopciones, unidad de control de fondos a terceros, unidad de la niñez, defensa y adolescencia entre otros servicios que son trascendentales que la ciudadanía conozca y de los que muchos ya hacen uso.

En abril pasado, la Asamblea Legislativa nombró al abogado René Gustavo Escobar Álvarez como  nuevo representante de la Procuraduría General de la República, PGR.

A criterio de Santos, el reto que tiene el nuevo titular es poner a la persona en el centro de su actividad.

La Procuraduría General de la República cuenta con más de 200 defensores públicos. De acuerdo con el abogado Milton Portillo, en el marco del Régimen de Excepción se han capturado a más de 35 mil personas,  es cuestionable y complicada la calidad del trabajo del defensor.

La Procuraduría General de la República, PGR, ha visto limitada su capacidad de funcionamiento tras la implementación del Régimen de Excepción, pues la institución ha brindado asistencia legal a las personas detenidas.

Sobre esto, Gabriela Santos, directora de la Licenciatura de Ciencias Jurídicas de la UCA y Erika Saldaña, coordinadora de monitoreo de FundaUngo,  coinciden en que la PGR ha sobrepasado sus capacidades y el nuevo titular de la Procuraduría debe trabajar por mejorar las condiciones y funcionabilidad institucional para garantizar el derecho a la defensa.

El Salvador es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos que estipula el derecho a que las personas sean juzgadas por jueces independientes e imparciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha sentado precedentes sobre el caso de “jueces sin rostro” en Perú, en el período de Alberto Fujimori, donde dicha Corte manifestó que la medida viola la Convención.

Sin embargo, Ruth López, Jefa Jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, afirma que para acudir a instancias internacionales para la protección de Derechos Humanos, se deben agotar todas las instancias nacionales; por ello, la interposición de la demanda pone a prueba a la Sala de lo Constitucional.

Cristosal presentó una demanda ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, por reformas al Código Procesal Penal que introducen la figura de jueces sin rostro y que además permite realizar juicios sin presencia de los imputados, en el marco del Régimen de Excepción.

La Asamblea Legislativa aprobó dichas reformas a petición del Órgano Ejecutivo y no por propuesta de la Corte Suprema de Justicia y viola el principio de “juez natural”, establecido en la Constitución de la República. Así lo explicó Jonathan Sisco, del equipo jurídico Anticorrupción y Justicia de Cristosal.

El Estado salvadoreño debe contener el incremento de la pobreza en el país y garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada, enfatiza Danilo Pérez.

Agrega que el país ya se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria y nutricional.

La Dirección General de Estadística y Censos, Digestyc, reportó que el costo de la Canasta Básica Alimentaria, hasta abril de 2022, en la zona urbana, era de $223.86 y en la zona rural $163.93. Esto ha representado un incremento de aproximadamente $22 respecto al mismo mes del año pasado.

Entre las causas de esta alza se encuentra la inflación, ya que El Salvador es el tercer país de Centroamérica con el mayor incremento de precios; los impactos económicos por la guerra entre Rusia y Ucrania y los altos precios del petróleo a nivel mundial.

Las medidas implementadas por el Gobierno, entre las que se encuentran la eliminación de tributos a los combustibles, el cobro de un IVA diferenciado, fijar el precio de la energía eléctrica, entre otras, se han quedado cortas ante el alza desmedidas del costo de los alimentos, señala Pérez.