María Orellana, también integrante de la Mesa de Justicia Climática, señala que el agro sufrió un duro golpe desde la pandemia de la covid-19, ya que el Gobierno prefirió comprar a productores internacionales y no a nacionales.

Esto es un claro ejemplo que no se prioriza la seguridad alimentaria, ni tampoco hay apoyo a la producción nacional, dijo Orellana.

Los integrantes de la Mesa de Justicia Climática han señalado que el actual Gobierno desde que asumió el poder ha dejado un rastro negativo y uno de los grandes retrocesos que ha sufrido el país es el daño que se hace al agro.

Azucena Ortiz, de la Mesa de Justicia Climática, dijo que la falta de una política para incentivar a la agricultura ha minimizado a este sector.

Una comerciante, en las afueras del penal de Mariona, dijo que es frecuente ver madres con lágrimas en sus ojos porque les niegan información de sus hijos arrestados bajo el Régimen de Excepción.

La lluvia no detiene a familiares de personas detenidas bajo el Régimen de Excepción. Sin importar el clima, la hora, ni la distancia, llevan los paquetes para sus parientes recluidos en el Penal La Esperanza.

En las afueras del centro penitenciario, conocido como Mariona, hay personas con su sombrilla en una mano y en la otra la bolsa con algunos alimentos y accesorios de limpieza para sus seres queridos .

Una mujer viajó desde San Vicente, en horas de la madrugada, con los ojos llenos de lágrimas dijo que carece de información de las condiciones de salud de su hijo, a pesar de que ha insistido en preguntar cómo está.

Ponce considera que, de continuar con las vulneraciones a los derechos humanos en este marco, el Estado no brindará una reparación integral a las víctimas.

El OUDH presentó su primer informe sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante el Régimen de Excepción en El Salvador, del 27 de marzo al 27 de abril de 2022. 

Dicho informe se centra en las acciones estatales o escenarios que reúnen los indicios suficientes para ser investigados: tales como detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes, las condiciones de reclusión, el acceso a la justicia, las ejecuciones extrajudiciales y la situación de la libertad de expresión. 

Natalia Ponce, investigadora del OUDH, explicó que entre los principales inconvenientes en la recopilación de datos está que la Corte Suprema de Justicia  no está brindando información estadística de los procesos judiciales en el marco del Régimen de Excepción.

Del 27 de marzo al 27 de mayo de 2022, se registraron más de 35 mil capturas en el marco del Régimen de Excepción, catalogadas como detenciones arbitrarias, debido a que transgreden los estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

Danilo Flores, coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, OUDH, explica que con dichas capturas se ha elevado la sobrepoblación del sistema carcelario en el país.

Otro de los oyentes lamentó que el Gobierno siga capturando a muchas personas sin la mayor investigación y señaló que los más pobres son los más afectados.

A Radio YSUCA siguen llegado denuncias de personas capturadas y llevadas a centros penales, sin tener nexos con grupos criminales o habérseles comprobado algún delito.

El pasado 24 de abril dos hombres fueron capturados, ambos trabajan en clínicas privadas de salud y pese a tener respaldo de los lugares de trabajo las autoridades los llevaron a centros penitenciarios y deben esperar seis meses en prisión, mientras se les investiga.

Por otro lado, al programa de denuncia ciudadana Hora 10 de Radio YSUCA también han llegado denuncias de detenciones arbitrarias. Una madre de familia explicó que su hijo había sido detenido en su lugar de trabajo.

El cuido al medio ambiente también es responsabilidad del Estado dijo el religioso. Sin embargo, en esta administración este tema ha quedado relegado, mencionó que la Ley General Hídrica no es de beneficio a la población y dijo que es conveniente que el órgano legislativo revise la normativa a fin de favorecer a los pobladores.

Además dijo que es necesario buscar soluciones con las aguas transfronterizas ya que en Guatemala y Honduras, algunos proyectos mineros pueden envenenar las aguas del río Lempa y lago de Güija.