Otro problema al que no se le ve solución a corto plazo es el de las pensiones. Para el arzobispo José Luis Escobar Alas, es necesario que este tema se legisle con justicia ya que no es justo que las grandes empresas se queden con lo que los trabajadores han ahorrado durante toda su vida laboral.

El pasado 1 de junio, el actual gobierno salvadoreño cumplió tres años en el poder y, según el líder de la iglesia católica, el arzobispo José Luis Escobar Alas, hay tres puntos en los que aún no se vislumbran soluciones.

El primer punto es el de la inseguridad. Pese a que hace tres meses, el país vive bajo un régimen de excepción, esta no es la forma de resolver el problema de la delincuencia señala escobar Alas.

Para Escobar Alas, la delincuencia no se debe combatir con tinte político, lo mejor es buscar un dialogo que involucre a todos los sectores.

González señaló que este puede ser el comienzo para trazar un camino que permita resolver la crisis ambiental del país, que por años ha estado en descuido y que en reiteradas ocasiones ha sido visibilizada por las asociaciones de la sociedad civil.

Nueva Política de Medio Ambiente debe enfocarse en proteger y conservar los bienes naturales señalan ecologistas.

El Ministerio de Medio Ambiente ha presentado la Política de Medio Ambiente, la cual prioriza un modelo de desarrollo del país, según lo publicado por el Gobierno central.

Y según el documento, está basada en cuatro pilares fundamentales: La gestión de los recursos hídricos para buscar la seguridad a través del tiempo; la gestión del riesgo climático y el tránsito hacia una economía baja en carbono, integración de la biodiversidad en las actividades de desarrollo económico y social e inducir a una gestión ambiental que propicie la protección y conservación de los recursos naturales.

Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, considera que este paso es importante para el país, sin embargo advierte que debe tomarse en cuenta que esta normativa debe seguir bloqueando los permisos a los proyectos que generen graves impactos ambientales.

En el país, en 2020, se aprobó una Ley de Uso y Fomento de la Bicicleta como Medio de Transporte, la cual da disposiciones para que las alcaldías y el Gobierno central hagan las adecuaciones necesarias para garantizar ciclo vías y protección a los ciclistas.

En la normativa se reconoce a la bicicleta como medio de transporte ecológico y amigable, teniendo los usuarios derecho a circular en el carril completo sobre la vía, quienes están también obligados, por lo tanto, a conocer y respetar la señalización vial.

El artículo 2 de la ley aclara que el ciclista debe tener permitido circular en vías primarias, a menos que se señalice explícitamente lo contrario.

Sin embargo, pese a la ley, no hay calles ni zonas señalizadas para que estos vehículos transiten con libertad, dice Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA).

Hace falta mucho para que la bicicleta sea usada como medio de transporte diario, dice el ecologista.

El mes de junio, a nivel mundial, es reconocido como la fecha para promover el uso de la bicicleta. Además, se aprovecha el Día Mundial del Medio Ambiente para concienciar que el uso de este vehículo ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, señala Jesús López, coordinador del Programa del Centro de Tecnología Apropiada, “Sin Bicicleta no hay Planeta”.

Sin embargo en el país hay serias dificultades para su uso, ya que no hay cultura de respeto al ciclista y las calles no están adaptadas para que su uso sea eficiente. López pide a los conductores de automotores que respeten al ciclista, para ello se ha organizado una bicicleteada la cual inicia en San Marcos hasta llegar al centro histórico de la capital.

El Régimen de Excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo, a petición del Ejecutivo, como respuesta al repunte de violencia que en un solo día dejó 62 muertos, esta normativa ha sido prorrogada en dos ocasiones.

Esta figura suspende garantías constitucionales, entre estas la libertad de asociación, el derecho a la defensa y se extiende de 72 horas a 15 días la detención provisional. Además se permite a las autoridades la intervención de las telecomunicaciones sin necesidad de que sea autorizado por un juez.

Sanmartín, de Amnistía Internacional, ha señalado que lo que se está haciendo en El Salvador, no es la forma correcta de combatir la delincuencia, sobre todo porque son estrategias que se han ocupado en el pasado y no han logrado solventar nada, sino todo lo contrario, se ha empeorado la delincuencia.

Lo mejor que debe hacer es fortalecer la institucionalidad.

La violencia y la inseguridad en el país no se pueden combatir mediante la violación de los derechos humanos, señala Amnistía Internacional.

Las violaciones a los derechos humanos en El Salvador se han disparado desde que el país tiene vigente el Régimen de Excepción. Se ataca a la legalidad y se permite el uso de políticas ilegales, señala un informe reciente de Amnistía Internacional.

La investigadora de Amnistía Internacional, Pilar Sanmartín explica que bajo esta figura no se tiene ninguna garantía de que a la persona que se está procesando realmente sea criminal.

La única salida que El Salvador podría encontrar es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dice Rommel Rodríguez, sin embargo se deben asumir compromisos para enrumbar las finanzas públicas a la senda de la sostenibilidad fiscal.

Según Rodríguez, es urgente que el país refinancie su deuda, sin embargo esto es cuesta arriba ya que durante el presente año han existido retrasos en la obtención de financiamiento, así como la adopción de medidas fiscales correctivas para reducir el déficit. Según el economista de FUNDE, esto puede dañar la confianza de los inversionistas y, si se logra realizar, mucho del Presupuesto General de la Nación servirá unicamente para pagar deuda e intereses.