Las finanzas públicas van mal, a juicio del economista. Advierte que el país podría caer en impago, lo que crearía graves problemas a la economía de los salvadoreños. Aun así, Bukele inventa sacar mil millones para los bonos volcán para crear su proyecto de ensueño, Bitcoin City.

Las cifras demuestran que El Salvador está lejos de ser el país soñado que prometió el presidente. En cinco años convertiría al país en el mejor de Centroamérica, dijo al inicio de su mandato. Han pasado tres años y El Salvador ha experimentado más retrocesos que avances.

La medicina amarga que prometió el presidente Nayib Bukele, en junio de 2019, cuando tomó posesión de su cargo, parece ser una de las pocas promesas cumplidas a tres años de su gestión.

En tres años, la pobreza aumentó. En 2019 un 22.8% de los hogares se encontraban en pobreza; de estos el 4.5% en pobreza extrema. Para 2020 el porcentaje aumentó al 26.2% de hogares pobres y la pobreza extrema se duplicó a 8.6%. Los datos son oficiales y provienen de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

En 2021 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pronosticó que unos 478,000 salvadoreños caerían en la pobreza como resultado de la pérdida de empleo y la reducción de salarios.

La tasa de inflación a marzo de 2022 era de 6.7%, la más alta desde

1996. lo que significa el mayor aumento de precios de los últimos 25 años, según el Informe situación de país 2022 de la Universidad Francisco Gavidia. La deuda pública también se elevó en 248 millones al primer trimestre de este año y ha llegado a $24,617 millones, lo que equivale al 85.0% del PIB. Esto es un récord histórico, según el mismo informe.

La falta de ingresos y los efectos negativos en la economía de los salvadoreños se ha convertido en una dosis de la medicina amarga.

Aumento de la deuda y baja calificación crediticia empañan el gobierno de Bukele

Para el economista Cesar Villalona, Bukele se enfrenta a un panorama difícil. El pago anual de la deuda es muy grande y puede seguir creciendo. Solo entre este año y marzo del próximo, el Gobierno debe pagar 2 mil 600 millones. Esa cantidad supera el presupuesto del Ministerio de Educación y Salud juntos. Para poder pagar, el Gobierno deberá recortar otras áreas del presupuesto.

Bukele y su medicina amarga: tres años de gestión

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Por su parte Rodolfo Pereira, del sector de comerciantes informales, lamentó que el Gobierno y los ediles afines a su política, han violentado el derecho al  trabajo.

Pereira dijo que el sector informal ha sido pisoteado dejando a miles de trabajadores  en la calle.

En el área de seguridad, Marvin Reyes, integrante también de la Alianza El Salvador en Paz, dijo que las precariedades en la policía se siguen agudizando, sumado al cansancio policial por el Régimen de Excepción.

Reyes dijo también que el director de la PNC tendría que ser destituido, debido a que ha violentado varios derechos humanos, entre ellos el derecho de la población a manifestarse.

La Alianza Nacional El Salvador en Paz hizo un balance político de los tres años de gestión del actual presidente de la República.

De acuerdo con el coordinador de la Alianza, José Santos Melara, el discurso presidencial por los tres años de Gobierno dejó varios temas fuera que son de importancia para la población. Según Melara, la comparecencia del mandatario “más pareció una novela”.

Melara dijo que el Gobierno ha invisibilizado varios temas que son trascendentales para El Salvador.

Uber Romero de la Plataforma de Seguridad Ciudadana manifiesta que las familias de los arrestados, bajo el Régimen de Excepción, sufren problemas económicos y psicológicos.

Las organizaciones manifiestan que bajo el Régimen de Excepción hay una práctica masiva de detenciones arbitrarias a pesar de que, aun habiendo estado de excepción, en el marco legal predomina la presunción de inocencia, ese derecho no está suspendido y la población debe saberlo y exigirlo.

En la presunción de inocencia, para que una persona sea detenida necesita varias condiciones, entre éstas, que haya una individualización de los hechos de los que se le acusa y que, además, haya evidencia para presumir que una persona ha participado en algún hecho delictivo.

El tipo de modalidad aplicada actualmente genera capturas masivas y operativos donde no hay orden judicial ni administrativa, dice Ábrego.

La otra práctica es que elementos de seguridad pública llegan a los domicilios en zonas con supuesta presencia de pandillas y son lugares estigmatizados. La gente por miedo permite el acceso y hay casos donde las autoridades ingresan por la fuerza. Además se han registrado robos a pequeños empresarios. A esto se suma la ausencia de garantía judicial.

Ábrego dice que al interior de los Centros Penales hay denuncias sobre torturas sistemáticas e incluso amenazas a los familiares fuera de las cárceles, a quienes se les dice que, si siguen protestando van a aplicar torturas al interior. Estos patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos se orientan a crímenes de lesa humanidad, dice el integrante de Cristosal.

Cinco organizaciones de la sociedad civil activaron mecanismos para recibir denuncias por violaciones de Derechos Humanos, durante el Régimen de Excepción. Las organizaciones son el Servicio Social pasionista, Azul Originario, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad y Cristosal.

Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, manifiesta que hasta el 25 de mayo del presente año, tienen registradas 1,223 denuncias. A esto se suman 26 muertes violentas que están bajo la responsabilidad del Estado.

El pasado 31 de mayo, la empresa QUIROBELL. SA, de CV  iba a realizar una diligencia de medición que conlleva el desalojo de los habitantes. Sin embargo, el proceso se detuvo luego que los abogados les hicieran ver que no estaba presente un perito autorizado para realizar la diligencia.

Las comunidades están asentadas irregularmente desde hace años y eso debido a la inseguridad jurídica a la que están sometidas muchas comunidades en la tenencia de tierras, explicó Henry Fino, director Ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad. Fino exhortó a los parlamentarios a derogar la Ley Especial para las Garantías de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, la cual vulnera los derechos de las comunidades.