El bipartidismo se rompió con los resultados de las elecciones presidenciales de 2019 y parecía una esperanza para la forma de hacer política. Sin embargo,  a tres años de la actual Presidencia, poco o nada ha cambiado a nivel estructural, manifestó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad.

Tras el discurso presidencial, Fespad reaccionó en cuanto a las medidas de seguridad pública que se aplican, diciendo que es un tema publicitado y no se conoce la política de seguridad.

El director ejecutivo de Fespad, Henri Fino, manifiesta que la actual gestión presidencial se caracteriza por la “opacidad”.

Armando pasa con sus tijeras en manos y boca, él también tiene algunos problemas mentales. Vive en la calle porque su casa está en un litigio tras la muerte de su padre. Armando se alimenta de la fruta que encuentra en las calles o de la caridad de algunas personas que pasan por el lugar.

Cristina no quiere moverse del lugar, fue abandonada por sus familiares. A pesar de ello, tiene un ángel de la guarda que, pese a vivir en la pobreza también, llega todos los días a dejarle desayuno y cena. Carlos Burgos de 80 años es amigo de Cristina, tiene problemas en los riñones y anda despacio por las calles. No cuenta con Seguro Social y se gana la vida limpiando vehículos, es así como logra sacar dinero para comer él y su esposa, pero además logra compartir, lo poco que consigue, con Cristina.

Carlos dice que conoce, desde hace más de 30 años, a Cristina. “Ella es como mi hermana” - nos comenta –, él la conoció a través de su hermana hace años. Él dice que está buscando un terreno más grande donde vivir para poder llevarse a Cristina, pues su hogar es muy pequeño.

El Salvador de ensueño del que hablan muchos políticos está muy alejado de la dura realidad que a diario enfrentan miles de salvadoreños. Caminando por San Salvador, nos encontramos con hombres y mujeres que viven en las calles, no tienen un hogar, algunos muestran rótulos en los que se lee que están desempleados y quieren una oportunidad, otros dicen no tener familia y sobreviven de la caridad.

Hoy conoceremos la historia de doña Cristina, una mujer de edad avanzada que permanece día y noche sobre el jardín separador, ubicado sobre la autopista norte, frente a la Universidad de El Salvador. El rostro de la mujer de 70 años se ve cansado, al conversar con ella tiene vagos recuerdos de su familia, habla de la inseguridad, de la pérdida de sus hijos.

En sus recuerdos aparecen nietos y deseos de contar con un terreno propio donde vivir. Tiene momentos de lucidez y otros muy alejada de la realidad. Cristina era comerciante, ahora vive en la calle. Un plástico la cubre en los momentos de lluvias, de frío y calor.

Estos datos contradicen a lo plasmado en el programa “Plan Maestro de Rescate al Agro”, el cual fue lanzando en enero del año pasado y con el cual se pretendía reactivar el agro en el país. El plan tiene tres ejes principales para generar dos millones de empleos, uno es soberanía alimentaria, el rescate del café y la ruralización.

Sin embargo, dice Adalberto Blanco, nada de esto se ha realizado a la fecha y esto puede analizarse desde la entrega de los paquetes agrícolas, los cuales ahora vienen disminuidos y también a los de las cooperativas se les compra menos producto cultivado que en años anteriores.

La agricultura salvadoreña ha venido en picada desde que el actual mandatario asumió el poder. Según algunos agricultores, la siembra de maíz ha disminuido considerablemente.  Pasó de 400 mil manzanas sembradas a 370 mil.

El caso del frijol ha tenido similar comportamiento, ya que entre 2020 y 2021 se han sembrado 140 mil manzanas. Mientras que los datos de antes de 2019, marcaban 142 mil manzanas cultivas de este grano.

A esto se le suma una reducción del presupuesto en relación al Producto Interno Bruto desde el 2019 a la fecha, señala Adalberto Blanco de la Mesa Por la Soberanía Alimentaria.

Por su parte, Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, señala que el estado de excepción, las recientes reformas al Código Penal y el Código Procesal Penal y la práctica implementada en este contexto por los Juzgados Especializados, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía, entre otros, han limitado los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente.

Además, Navas señaló que tras ser detenidas, las personas son privadas de la libertad y presentadas en audiencia judicial donde, en su mayoría, son acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas”, cuya pena  oscila entre 20 a 30 años de prisión.

Además, una minoría de personas ha podido tener acceso a defensores privados, quienes no tienen acceso al expediente, desconociendo la información presentada por la Fiscalía. Estas audiencias pueden llegar a realizarse hasta con 500 acusados a la vez y son resueltas de forma sumaria. Prácticamente todas las personas son sujetas a proceso por parte del Poder Judicial, aún cuando no exista ninguna evidencia.

La lucha por la defensa de los derechos humanos en El Salvador no es nueva señala Guevara Rosas, ya que al recorrer la historia salvadoreña hay diversas políticas que fueron implementadas y nunca tuvieron resultado con la delincuencia.

Ahora, el Régimen de Excepción ha venido a empeorar la situación y a criminalizar la pobreza, ya que solo se implementa en cinturones populosos, enfatiza la representante de Amnistía Internacional.

De acuerdo con organizaciones sociales, el Gobierno de Bukele ha cumplido tres años en el poder y un signo de su mandato ha sido la violación constante de los derechos humanos. Desde marzo de este año, cuando se aprobó el Régimen de Excepción, el gobierno se ha caracterizado por ser violador de derechos humanos de carácter masivo.

Hace tres años, señala Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se sostuvo una reunión con el presidente salvadoreño y en ese entonces se comprometió a respetar los derechos humanos, sin embargo, desde entonces y de forma reiterada no ha cumplido con su palabra.

Durante las últimas semanas, un equipo de respuesta a crisis de Amnistía Internacional ha documentado minuciosamente 28 casos de violaciones a derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia y líderes comunitarios, dice Guevara Rosas.

Ariela González, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad, manifiesta que hay un riesgo de daños al río y a los pueblos indígenas si se permite que las carteras de Estado y alcaldía incumplan las medidas cautelares.