El Instituto de Opinión Pública de la UCA, IUDOP,  presentó los resultados de la encuesta de opinión sobre la “evaluación  del tercer año de Gobierno”.

La encuesta revela que para el 43.8% de la población entrevistada, el principal problema de El Salvador y la actual gestión de Gobierno está relacionado a temas económicos. Detalla que 84 de cada 100 personas no se sienten beneficiadas con el bitcóin, dijo Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social.

La Encuesta de Presupuesto Abierto también evalúa las oportunidades ofrecidas al público para tener una participación significativa en las diferentes etapas del proceso presupuestario.

Rommel Rodríguez señala que, para el presupuesto del 2023, ya tendría que estar lista la política presupuestaria y tendrían que haber mecanismos para permitir la participación ciudadana previa a la presentación del presupuesto ante la Asamblea Legislativa, que se debe dar a más tardar el 30 de septiembre.

El Salvador ha disminuido en sus esfuerzos por ampliar el acceso público a la información presupuestaria, de acuerdo con la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 de International Budget Partnership. El puntaje de transparencia de El Salvador disminuyó de 46 en 2019, a 41 en 2021.

Dicha encuesta es la única evaluación comparativa, independiente y periódica del mundo sobre transparencia, vigilancia y participación pública en los presupuestos públicos de 120 países.

En cuanto a la vigilancia del Órgano Legislativo en el proceso de ejecución del presupuesto general de la Nación, el resultado de la encuesta fue de 56 puntos de 100.

Sin embargo, los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, encargada de la fiscalización en el manejo de los fondos públicos, no han querido conocer los resultados ni las sugerencias que se hacen a partir de la encuesta según manifestó Rommel Rodríguez, coordinador de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE.

El Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil dice que el presidente se comprometió con los agentes organizados a establecer una mesa de diálogo permanente entre autoridades de la PNC e integrantes del movimiento, cosa que después de 3 años no se ha cumplido.

Reyes dice que otro de los incumplimientos es que les devolvería los cargos a los elementos destituidos en el gobierno anterior.

Marvin Reyes del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil dice que la evaluación que las organizaciones hacen para estos tres años de gobierno de la actual Presidencia de la República es deficiente. Como organización policial ponen una calificación de 4, por las políticas internas para la corporación, que han sido muy escasas.

Lo único que se ha planteado y se ha concretado es el mejoramiento de los ingresos de los policías, a través de un bono de $200 que reciben de forma mensual, lo cual no va al salario y esto limita que el policía tenga un mejor ahorro para la pensión o pueda acceder a créditos hipotecarios de mayor valor.

Marvin Reyes dice que en tres años de gobierno se han deteriorado las políticas internas. Los procedimientos policiales se han alejado de prácticas democráticas como las establecidas por los Acuerdos de Paz, añadió.

Ambos investigadores consideraron que es grave que las instituciones contraloras del Ejecutivo no ejerzan su labor y más que se profundice el control de las instituciones contraloras, pues ahí es donde surge la corrupción y los desfalcos al Estado.

Gabriela Santos, directora de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la UCA, agregó que muchas instituciones contraloras son corrompidas y por ende no ejercen la función que deben, el rol para el cual han sido creadas.

Las instituciones facultadas, constitucionalmente, para ejercer un control sobre los funcionarios del Estado han fracasado y no han funcionado, según una investigación realizada por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas y el Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. El período analizado abarca desde 1999 a 2019.

De acuerdo con Álvaro Artiga, desde hace dos décadas los partidos políticos han mantenido un control de las instituciones que deben controlar a los funcionarios del Estado. Es decir, han repartido a su conveniencia las instituciones contraloras para frenar su funcionamiento.

El control político institucional sobre el Órgano Ejecutivo en El Salvador ha incidido en las labores de las instituciones contraloras, tales como: Asamblea Legislativa, Sala de lo Constitucional, Sala de lo Contencioso Administrativo, Corte de Cuentas de la República y el Instituto de Acceso a la Información  Pública.

Actualmente, dice Artiga, persiste esta practica de control con la particularidad que el control lo tiene una persona,  es decir, no ha cambiado nada y se ha agudizado aún más ese control.

Radio YSUCA entrevistó a diversas personas para conocer si el mandatario salvadoreño ha cumplido con la promesa de abastecimiento del 100 % medicamentos en los hospitales públicos.

La mayoría de personas entrevistadas son adultos mayores que hacen bastante uso de los hospitales, dada una serie de enfermedades que dicen padecer.

El representante de comerciantes informales, Rodolfo Pereira manifestó que el alto precio de la canasta básica no se ha podido detener y las vendedoras informales son víctimas del reordenamiento.