Mónica Mejía, coordinadora de Programación del Centro Cultural de España, agradeció a los sacerdotes jesuitas Andreu Oliva y a José María Tojeira por el apoyo y apertura a solicitudes de trabajar en el programa de memoria para echar la mirada atrás y reconocer los aciertos y errores y dignificar a las víctimas de los hechos lamentables. Además a perseguir la justicia en El Salvador.

La UCA junto con el Centro Cultural de España se unieron a la celebración del mes de Europa con la proyección de la película: “Llegaron de Noche”, del director Imanol Uribe, sobre la masacre perpetuada en la UCA. La proyección se llevó a cabo en el Auditorio Ignacio Ellacuría.

La película muestra la voz de la verdad de doña Lucía, quien fue la primera que comenzó a derrumbar la mentira de los militares y del gobierno, por el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, en noviembre de 1989.

La película de Imanol Uribe es el mejor homenaje que se le puede hacer a esta valiente mujer y a su esposo, dijo previo al inicio del film el Vicerrector de Proyección social de la UCA, Omar Serrano.

Los problemas que ha fomentado el Ejecutivo han repercutido en el ámbito económico, ya que ahora hay desempleo, lo que genera más pobreza y en algunas circunstancias lleva a la migración forzada, dice Alfaro.

Por otro lado, la seguridad pública está en crisis y esto ha llevado a que ahora el Estado viole derechos humanos y se salte procedimientos, con ello queda evidenciado que nunca ha existido el Plan Cuscatlán, dice Salomón Alfaro.

El Gobierno, que asumió el mando de la nación hace tres años, se ha distinguido por destruir la democracia conquistada luego de la firma de los Acuerdos de Paz. Así lo señalan integrantes del Movimiento de Trabajadores Despedidos, al hacer un balance de la gestión del mandatario.

Desde el año 2019 a la fecha, la institucionalidad democrática se ha ido destruyendo, 5 secretarías de la Presidencia fueron desmanteladas y con ello se lanzó al desempleo a mil personas.

Luego de tres años en el Gobierno, los despedidos suman 10 mil en 45 dependencias del Estado. Por otro lado, han sido suprimidas instituciones como el FISDL, FONAES e ISDEM.  A esto se le suma la cancelación de varios programas como el de Ciudad Mujer y Transparencia Fiscal, dando de esta forma una cancha abierta a la corrupción.

Salomón Alfaro, integrante del Movimiento de Trabajadores Despedidos, señala que con estos datos que muestran la dura realidad que se vive en el país, es difícil hacer una valoración positiva de este Gobierno.

Ante la disminución del acceso a la información, Rommel Rodríguez, coordinador de Macroeconomía y Desarrollo de FUNDE, dice que la Presidencia de la República debe escuchar a la ciudadanía en el momento que elabora el presupuesto nacional de la nación y no cerrar las puertas a la transparencia.

El puntaje de transparencia de El Salvador disminuyó de 46 en 2019 a 41 en 2021. Esto significa que los ciudadanos ahora tienen menos acceso a la información oportuna o completa que necesitan para participar en la toma de decisiones y hacer que el Gobierno rinda cuentas.

La baja en la calificación es explicada en parte porque el documento preliminar –el documento que contiene la política presupuestaria— fue publicado tarde debido a las contingencias en la administración pública provocadas por la pandemia del covid-19. Adicionalmente, al igual que la evaluación de 2019, la revisión de medio año no es elaborada y el informe de auditoría es de uso interno e inaccesible al público.

Castaneda dice que la pandemia no es argumento para negar la transparencia.

La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 de International Budget Partnership, IBP, detalla que El Salvador cae en los rankings mundiales sobre rendición de cuentas presupuestarias.

La Encuesta de Presupuesto Abierto, realizada por IBP, es la única evaluación comparativa, independiente y periódica del mundo sobre transparencia, vigilancia y participación pública en los presupuestos públicos de 120 países.

Ricardo Castaneda, coordinador en El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, dice que la encuesta revela que El Salvador es de los países peor evaluados.

El presidente de la APES, César Fagoaga, manifestó que el Gobierno ha tomado medidas para callar a la prensa.

La Mesa de Protección a Periodistas asegura que muchos periodistas han enfrentado amenazas constantes, ataques directos en redes sociales, estigmatización, seguimientos y vigilancia en sus zonas de residencia.

El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador muestra tendencia de crecimiento constante de denuncias: En 2019 hubo 77 casos; en 2020, 125; en 2021 la cifra subió a 220.

Los principales agresores son funcionarios públicos y fuerzas de seguridad como la Policía Nacional Civil y Militares.

Serafín Valencia, representante de la UCA en la Mesa de Protección a Periodistas, aseguró que el retroceso en la libertad de prensa es permanente durante la actual gestión de Gobierno.

A tres años del actual Gobierno, la Mesa de Protección a Periodistas hizo una evaluación del acceso a la libertad de prensa y de expresión en el país.

Las personas que integran la mesa aseguraron que en ninguna gestión gubernamental anterior la prensa se había visto sometida a fuertes presiones desde la Presidencia de la República para suavizar sus líneas editoriales.

La pauta publicitaria y ataques difamatorios directos son usados como medio de “chantaje”, situación que hace cada vez más vulnerables a los medios de comunicación independientes.

Loyda Robles, de Fespad e integrante de la mesa, dijo que en estos tres años de Gobierno ha habido serios retrocesos en el tema de libertad de prensa y expresión.