El juez de Sentencia de Zacatecoluca, a principio del mes de mayo del presente año, solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU y de la Corte Penal Internacional porque al interior de El Salvador no se tiene ningún mecanismo de tutela de los derechos de la ciudadanía.

Durán manifiesta que no hay formas de controlar los abusos de poder en el país, razón por la que se cometen delitos de lesa humanidad.

El juez de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz, Antonio Durán, dijo a YSUCA que durante el Régimen de Excepción se han suspendido ciertas garantías constitucionales.

Durán dice que el problema no es el aspecto jurídico de la suspensión de las mencionadas garantías, sino la forma en que se está ejecutando porque hay un uso abusivo de la fuerza militar y policial y esto genera muertes.

La desaparición forzada es un acto aberrante que no sólo causa sufrimiento a la víctima, sino también a su familia, que trasciende generaciones. Es un delito continuo, señala Ovidio Mauricio, de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica.

Durante la guerra, el Estado fue el que mayoritariamente cometió desapariciones forzadas, a través de estructuras militares y paramilitares. Sin embargo, en la actualidad, el Gobierno continúa justificando y dando poder a la Fuerza Armada, afirma Mauricio.

La Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que se realiza cada año en la última semana de mayo, fue impulsada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, organización internacional que nació cuando aún la desaparición forzada no era reconocida como un delito de lesa humanidad por Naciones Unidas.

La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica conmemora esta semana, remarcando que en la actualidad continúan los detenidos desparecidos en el marco del Régimen de Excepción, así lo explicó David Ortiz, integrante de dicha Comisión.

Además, con esta acción la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, quedaría desnaturalizada, ya que en un principio esta entidad sería la encargada de administrar los recursos hídricos del país, sin embargo ahora que el FONAES ya no existe, se le suman nuevas asignaciones tales como captar fondos y administrar proyectos ambientales, entre otras tareas. 

Para Rodolfo Calles, integrante de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, estas acciones también son preocupantes ya que demuestran el desinterés por resguardar los bienes naturales del país.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad, lamentó la derogatoria de la Ley y disolución del Fondo Ambiental de El Salvador, FONAES.

Según Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de Fespad, con esta derogatoria también se ha liquidado el ordenamiento jurídico vigente, poniendo en peligro todos los proyectos en materia medio ambiental que ya existían.

También en materia ambiental la transparencia ha desaparecido, ya que no se aprobó el acuerdo de Escazú. No se ha elaborado una política ambiental nacional. Lo que sí se ha hecho es apoyar la agilización y flexibilización de los procesos administrativos que permiten otorgar permisos ambientales para implementar proyectos, sobre todo en materia urbanística. Así lo destaca Amalia López.

Por otro lado, el Gobierno ha impulsado con “bombo y platillo'' proyectos que acrecentarán la crisis ambiental. Tales como Ciudad Bitcóin, la construcción del tren y un aeropuerto denominados del Pacífico en oriente. Así lo explica Tatiana Oliva, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua.

Para los integrantes de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, esta semana el Gobierno cumple tres años de haber implementado una política ambiental equivocada. 

Por ejemplo, con el tema del agua sigue sin ratificarse como derecho humano, pese a que Naciones Unidas desde el año 2010 lo reconoció como tal. 

Además, la Ley General de Recursos Hídricos no garantiza la gestión sustentable del agua en el país, ya que promueve un enfoque privatizador dejando por fuera a las Juntas de Agua, enfatiza el ambientalista Rodolfo Calles.

“No estamos de acuerdo que se siga favoreciendo a las grandes empresas mientras que las comunidades cada día nos quedamos sin agua”, agregó María Paz.

Los habitantes no solo están preocupados por los recursos naturales y el agua, sino por la amenaza de desalojo que les ha hecho la empresa constructora.

Según una de las habitantes, la empresa les ofrece vivienda en Rosario de Mora; sin embargo, no están de acuerdo por su seguridad y porque los terrenos no cuentan con los servicios básicos para una vivienda digna.