Al menos 180 familias de la comunidad Cuatro Vientos, ubicada en el kilómetro 72 del bulevar Costa del Sol,  en el municipio de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, se encuentran preocupadas ante la amenaza de desalojo por parte del Juzgado de Paz de la zona.

Según Sthephany Quinteros, vicepresidente de la directiva de la comunidad, el Juzgado les ha informado que tienen que desalojar el lugar, en el que han vivido durante más de 30 años.

Quinteros denunció que el Juzgado de Paz ha actuado irregularmente al citar a los habitantes de manera colectiva y no individual, irrespetando el debido proceso y las garantías de audiencia y defensa.

En cuanto al presupuesto 2022, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, le reducen 4 millones a lo destinado para los paquetes agrícolas, por lo que habrá una disminución de 60 mil paquetes para este año.

Además, indicó Coto que se eliminaron los programas de Agricultura Familiar, Acuicultura Familiar en Municipios de Pobreza, Desarrollo y Modernización Rural y Atención Comunitaria.

Todo esto puede generar una crisis alimentaria en el país, señala el presidente de CONFRAS.

Las cooperativas agropecuarias han sido el resultado de la reforma Agraria salvadoreña, la cual se llevó a cabo hace 42 años. Con la reforma se buscaba favorecer la circulación de la tenencia y la formación de un mercado de tierras, pero mantuvo la propiedad social con salvaguardas especiales para evitar despojos y concentración.

Se prohibió el latifundio y las tierras excedentes debían ser vendidas o donadas por el propietario o la autoridad. Sin embargo, desde el 2019 esos objetivos se han ido perdiendo, dice José Ángel Coto, presidente de la Confederación de la Reforma Agraria Salvadoreña, CONFRAS, ya que el actual Gobierno ha relegado a estas entidades y ahora ya no son opción de compra para el Ejecutivo.

Además, Coto explica que ya no se les brinda asistencia técnica y los paquetes agrícolas que se les facilitaban con semilla mejorada ahora se han reducido. También el Ministerio de Agricultura tiene una deuda grande con los productores agrícolas salvadoreños.

La caminata del año pasado no fue recibida en el Legislativo, explica Ariela González, del equipo coordinador de la Caminata Ecológica. Pese a ello, se atribuyen algunos logros.

Esta caminata nació hace 22 años, dice el reverendo Santiago Rodríguez, pastor de la Iglesia Luterana y busca concienciar a la población y a los gobernantes sobre el cuido del medio ambiente.

Organizaciones ambientales, de mujeres, sociales y la Iglesia, junto al movimiento franciscano Justicia y Paz, anunciaron la realización de la vigésima segunda Caminata Ecológica, la cual se va a desarrollar el próximo 7 de junio, desde el parque Cuscatlán hacia Casa Presidencial.

En esta ocasión se espera exigir la aprobación y reconocimiento, por parte del Parlamento, del derecho humano al agua, al saneamiento y a la alimentación y que sean incluidos en la Constitución para que se legisle en favor de ello.

También se alza una voz por los distintos proyectos que buscan desforestar la zona norte del país y comercializar con el agua, dice Judith Barrera, integrante del equipo de Coordinación de la Caminata Ecológica.

En la encuesta de la UCA se dan dos consistencias, según Serrano: en general la población aprueba la gestión del Gobierno, pero también hay un evidente deterioro en la opinión favorable hacia su gestión. 

En esta situación siguen teniendo mucha incidencia las medidas impulsadas por el gobierno en el marco de la pandemia, como la entrega de los paquetes de alimentos y los $300 dólares entregados a la población; medidas que no cambian la situación de precariedad de la gente, según Serrano.

Según la encuesta de evaluación ciudadana del tercer año del actual Gobierno, el principal problema del país es un punto que divide la opinión ciudadana.

Mientras que 45 de cada 100 salvadoreños opinan que el principal problema es la delincuencia, cerca de 44 de cada 100 salvadoreños sostienen que es la economía.

Sobre este último aspecto, para cerca de la mitad de la población salvadoreña, el 49.3%, su economía familiar no ha experimentado cambios al cierre del tercer año de Gobierno, según explicó Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA.

El Salvador de ensueño del que hablan muchos políticos está muy alejado de la dura realidad que a diario enfrentan miles de salvadoreños. Caminando por San Salvador, nos encontramos con hombres y mujeres que viven en las calles, no tienen un hogar.

Fespad dice que en los tres años de la actual gestión presidencial hay rompimiento del Estado de Derecho. Además, a través del aparato de comunicaciones gubernamental, se ha generado un rechazo a todo aquel pensamiento que se sale del discurso oficial, y que le resulte incómodo al mandatario, incluyendo a las mismas instituciones del Estado.

Además de la opacidad en la información, hay una situación económica con medidas improvisadas, desatención al ecosistema y despliegue del aparato de comunicaciones oficialista.

El director ejecutivo de Fespad, Henri Fino, manifiesta que en el período del actual presidente, hay violaciones a los derechos humanos de la población.