Veteranos del conflicto armado salvadoreño se concentraron frente al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes.

Carlos Mejía, conocido como El Comanche, presidente de veteranos de la Fuerza Armada en alianza con El Salvador en Paz 14 de Septiembre, dijo que han comenzado una campaña en contra de la actual directiva del mencionado instituto porque incumple con los beneficios que por ley debe entregar.

Los derechos humanos no deben estar limitados debido a la vigencia del Régimen de Excepción, dice la académica. Para que un modelo como este tenga razón de ser, debe existir una estricta necesidad, enfatiza Gabriela Santos.

El Régimen de Excepción que ha sido instaurado en el país desde el pasado 27 de marzo y que ahora cumple una segunda prórroga, es una forma de limitar los derechos humanos, según Gabriela Santos, directora de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la UCA. 

Para Santos, el actual estado de excepción no tiene razón de ser, ya que el país cuenta con leyes, reglamentos y normas para capturar a delincuentes.

Las víctimas dicen que no cederán y continuarán su lucha por la verdad y la justicia.

En febrero pasado, especialistas forenses de Argentina y de El Salvador emprendieron labores para desenterrar las osamentas de al menos 16 víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, cometida por militares en 1981. De las osamentas recuperadas, la mayoría correspondían a niños y niñas.

Díaz dijo que está pendiente el peritaje, exhumaciones, además de las inspecciones a los archivos militares.

Alejandro Díaz, de Tutela Legal “Doctora Maria Julia Hernández”, reveló que el proceso judicial en el caso de El Mozote y lugares aledaños tiene retraso y la actual jueza lo lleva “a paso lento”.

Díaz dijo que la salida del juez Jorge Guzmán ha afectado el caso y ha provocado un estancamiento en las diligencias.

El Estado ha incumplido la orden de crear un Banco Nacional de Datos Genéticos, pese a que en 2019 Pro-Búsqueda presentó una propuesta de Ley ante la Asamblea Legislativa.

Por otro lado, a pesar de haber sido declarada inconstitucional la Ley de Amnistía, el Estado salvadoreño no ha reparado ni ha hecho justicia para las víctimas del conflicto armado.

Helí Hernández de Pro-Búsqueda dice que la falta de independencia judicial retrasa el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

Hay víctimas que sobrevivieron al operativo militar llamado "Domínguez de Pacificación", ejecutado entre mayo y junio de 1982 en Chalatenango. Este año se cumplen 28 años de haber sido denunciado ante la Fiscalía General de la República y el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango la desaparición de las hermanitas “Serrano- Cruz”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2005 al Estado Salvadoreño por este caso.

El director ejecutivo de la Asociación Pro-Búsqueda, Eduardo García, dice que es desalentador que siga en la impunidad el caso y la no asistencia de las víctimas.

Por otro lado, una reciente investigación del periódico El Faro muestra audios del director de tejido social, Carlos Marroquín, en los que habla de una posible ruptura entre el gobierno y las pandillas; además, acepta que fue él quien sacó del país a uno de los cabecillas de pandillas reclamado por Estado Unidos, alias El Crook.

Para el rector de la UCA, es inaudita la actuación del funcionario, pero aún más, el hecho de que siga trabajando en el actual gobierno.

Cuando el Gobierno implementó la política de detenciones masivas, no tuvo en cuenta la fuerza del vínculo familiar de los salvadoreños.

La concentración de personas fuera de las cárceles empaña la imagen del Gobierno, por lo que ha actuado de forma inhumana y cruel.