En Guatemala, la fiscal general Consuelo Porras fue reelecta recientemente pese a que ha sido señalada por el gobierno estadounidense de desmantelar los esfuerzos anticorrupción.

La Unión Europea y varios organismos que velan por los derechos humanos también rechazan el nuevo nombramiento de Consuelo Porras.

Sobre esto el director ejecutivo de Acción Ciudadana de Guatemala, Edi Cux, dijo que con estas decisiones se genera un pacto de impunidad y un rompimiento constitucional.

Los gobiernos de Guatemala y El Salvador buscan que la justicia no avance y que la corrupción siga campante. Esto según el análisis hecho por los directores ejecutivos de Acción Ciudadana de El Salvador y Guatemala.

En el caso salvadoreño, el actual fiscal general Rodolfo Delgado fue impuesto el 1de mayo del año pasado y para este 2022 fue reelecto en su cargo, tras participar de una elección cuestionada en el procedimiento. Esto debido a que durante su ejercicio la independencia se compromete.

Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana El Salvador, señala que esto es grave ya que se busca que la justicia se vuelva inoperante y con ello generar impunidad.

Los habitantes de Ciudad Marsella piden al alcalde del municipio y a las instancias gubernamentales correspondientes que eviten que la empresa constructora siga destruyendo las zonas verdes.

Una de las personas que reside en Ciudad Marsella insistió en que seguirán rechazando la destrucción de la zona verte.

Residentes de Ciudad Marsella en la zona Quartier 2, en San Juan Opico, La Libertad, desmintieron que estén de acuerdo con la construcción de una calle que destruirá una zona verde.

A través de redes sociales se difundió un  posible acuerdo de los habitantes con la empresa Global Developers S.A. de C.V., información que los afectados desmienten.

Uno de los habitantes del lugar dijo, a YSUCA, que realizaron una reunión con representantes de la mencionada empresa quienes les dijeron que la construcción de la calle no se detendrá a pesar del rechazo de la gente.

El rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias, reconoció el retraso y dijo que los consejeros se han abstenido de votar durante tanto tiempo y tomar una decisión. El rector lamentó que los consejeros habiendo tenido información suficiente para ilustrarse de los casos no lo han hecho y apeló a la conciencia de los integrantes.

Según el abogado de las denunciantes, le darán el beneficio de la duda a los integrantes del Consejo y espera que tras escuchar los alegatos, el próximo jueves tomen una decisión de cómo se procederá contra el empleado, pues las víctimas dicen estar cansadas del proceso que se ventila desde hace años.

Según el abogado, los integrantes del Consejo han demostrado su incompetencia para establecer un acuerdo y emitir una resolución por lo que deben ser ilustrados para tomar la decisión.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador suspendió este jueves, por séptima ocasión, el fallo sobre el proceso contra el secretario de Comunicaciones de la Universidad, investigado por acoso laboral, en perjuicio de dos empleadas.

El proceso contra el secretario de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador viene desde 2018, sin embargo, los integrantes del Consejo Universitario han dilatado el caso favoreciendo al acusado.

De acuerdo con Rafael Trejo, representante de las dos empleadas que hicieron la denuncia, el Consejo debe decidir si el acusado es absuelto o sancionado con un mes sin goce de sueldo o ser suspendido del  cargo por dos años.  

A pesar que el caso lleva cuatro años, los integrantes del Consejo han pedido más tiempo para conocer el dictamen fiscal universitario. Es decir, conocer la versión de los hechos de ambas partes, algo que desde hace años se está investigando.

Las organizaciones ambientales han denunciado, tras la aprobación de la Ley de Recurso Hídricos, que se avaló una ley que no cumple el objetivo de proteger y conservar los recursos hídricos. 

López añadió que con la disolución del FONAES el Gobierno tendrá el control de más recursos económicos que iban dirigidos para el resarcimiento de daños.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en la sesión plenaria de esta semana, la propuesta del Ejecutivo de disolver el Fondo Ambiental de El Salvador, FONAES, para trasladar sus funciones a la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA. 

Amalia López, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, cuestionó la decisión del Gobierno de disolver el FONAES y dijo que el Gobierno está desnaturalizando el propósito de la ASA dentro de la Ley General de Recursos Hídricos, que tiene como objetivo administrar los recursos agua. 

López explicó que con la disolución del FONAES se pone en riesgo que se dañen otros bienes naturales, pues el FONAES era una autónoma encargada de gestionar recursos con base en las multas que se colocan por daños ambientales y utilizar esos fondos para resarcir los daños en las zonas o comunidades.

Familiares de mujeres arrestadas bajo el Régimen de Excepción, por supuestamente pertenecer a grupos delincuenciales, ven positivo que se combata la delincuencia pero piden que no se capture a la juventud solo por hacer cifras de arrestos.

Así lo expresaron en las afueras del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres de Ilopango, conocido popularmente como Cárcel de Mujeres.

Desde muy temprano y algunas personas desde el día anterior, se mantenían frente a este centro penal para dejar dinero y productos de higiene personal para su familiar.

Al preguntarles su opinión sobre la continuidad del Régimen de Excepción, respondieron de la siguiente manera.

La extensión del Régimen de Excepción no fue cuestionada, pero demandan que en este período no se capture para hacer cifras, sino que se investigue a las personas que serán arrestadas y así evitar que se afecte a personas inocentes que son estigmatizadas solo por vivir en colonias de bajos recursos.