La situación de las cárceles salvadoreñas siempre ha estado bajo la lupa de organizaciones defensoras de derechos humanos, ya que siempre ha tenido una sobrepoblación.

Hasta 2020, según el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, en los centros penales de El Salvador había un total de 37 mil 190 privados de libertad. De  éstos,  28 mil 102, es decir el 75.56%, son condenados, mientras que 9 mil 88, el 24.44%, son procesados, es decir, no han sido condenados y tienen detención provisional.   

Ahora con el Régimen de Excepción las capturas se han disparado a tal punto que suman más de 20 mil y que según se conoce por el mismo gobierno están siendo trasladados a centros penales. Para Gabriela Santos, de Ciencias Jurídicas de la UCA, esto es continuar con la violación de derechos y el incumplimiento de la Ley Penal salvadoreña.

Para la directora de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la UCA, Gabriela Santos, el actual gobierno desde que asumió el poder en 2019 se ha caracterizado por violar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. 

Santos señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 2019, ha venido recomendando al Estado de El Salvador que adopte medidas que garanticen la vida, la salud, integridad y dignidad de las personas privadas de libertad.

En el marco del Régimen de Excepción, ambientalistas y defensores de los derechos humanos se han abstenido de realizar diversas acciones a favor del medio ambiente debido al temor de que las autoridades policiales los quieran vincular a grupos delincuenciales, por el simple hecho de exigirle al Estado la protección ambiental y del agua o por exponer los errores que el Gobierno ha avalado, señala un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad.

De acuerdo con Ariela González, coordinadora de la Unidad de Población y Liderazgo de Fespad, son varias las luchas ambientales que están en pausa debido al Régimen de Excepción, señalando preocupación pues las repercusiones colaterales son grandes.

Amalia López es una defensora del agua y del medio ambiente, forma parte de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua. López dice que los afectados no solo son los defensores ambientales, sino todos aquellos que piden respeto a sus derechos humanos.

En el marco del Régimen de Excepción, ambientalistas y defensores de los derechos humanos se han abstenido de realizar diversas acciones a favor del medio ambiente debido al temor de que las autoridades policiales los quieran vincular a grupos delincuenciales, por el simple hecho de exigirle al Estado la protección ambiental y del agua o por exponer los errores que el Gobierno ha avalado, señala un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad. 

Según Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de Fespad, existen por parte del Gobierno acciones de intimidación que vienen a frenar el trabajo ambientalista en los territorios. Esto ante los casos de arbitrariedades que han surgido en el marco del Régimen de Excepción donde personas inocentes están tras las rejas.

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad, Henri Fino, dijo que suspender derechos constitucionales no es la solución para controlar la violencia o la delincuencia en el país. 

El Estado no tiene la capacidad de encarcelar a todas las pandillas y menos cuando atrás hay nuevas generaciones de pandilleros. La delincuencia se debe combatir con políticas públicas enfocadas en la prevención de la violencia, afirma Fino.

Si hay una reducción de los homicidios ¿Por qué extender por 30 días más el Régimen de Excepción? Es injustificable extender el régimen cuando hay afectaciones colaterales a personas inocentes, cuestiona Henri Fino.

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad, Henri Fino, dijo que suspender derechos constitucionales no es la solución para controlar la violencia o la delincuencia en el país. 

El Estado no tiene la capacidad de encarcelar a todas las pandillas y menos cuando atrás hay nuevas generaciones de pandilleros. La delincuencia se debe combatir con políticas públicas enfocadas en la prevención de la violencia, afirma Fino.

Douglas Farah dijo en La Entrevista de YSUCA que se deben  analizar los pactos entre el gobierno y las pandillas, comenzando desde el 2012, que fue un pacto narco político con pandillas. 

El gobierno de Nayib Bukele estableció un pacto con estos grupos delincuenciales para buscar la estabilidad de su gobierno e incluso desde el periodo electoral, afirma Farah.  Muestra de ello es que los homicidios subieron rápido, en tres días a su máximo auge y después cayó a nada, que es imposible sin una negociación entre partes, según el periodista estadounidense. 

Según Farah el gobierno de Nayib Bukele tiene doble cara y lo que hay en el país es una paz mafiosa.