Douglas Farah trabajó cinco años como corresponsal de The Washington Post, dando cobertura a la guerra en El Salvador. 

Para el periodista de origen estadounidense, con el Régimen de Excepción El Salvador ha tenido un retroceso a los tiempos de la guerra.

Stanley Quinteros, secretario general del Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales, SEJES y coordinador adjunto de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, dijo que están desechando a los agentes policiales, al igual que en otras instancias gubernamentales, sin garantizar una pensión digna para los afectados.

La decisión de retirar de manera forzosa a trabajadores de la Policía Nacional Civil que tienen 60 años de edad o más, sin ningún tipo de compensación, fue arbitraria, según Marvin Reyes dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. 

Luego de las manifestaciones de las personas afectadas, la corporación anunció que se les darían 12 salarios como una compensación a las personas cesadas; sin embargo los agentes se han quejado de un mal trato por parte de quienes están a cargo de notificarles sobre el cese de sus labores y les han dicho que sí hay dinero les van a pagar y si no hay, ahí les van a avisar, dijo Reyes.

El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador junto a la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA realizó el foro: “El Salvador: un año sin separación de poderes”. 

Abogados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia junto a académicos y defensores de derechos humanos coincidieron en que el 1 de mayo del año pasado el país sufrió, desde el Legislativo, una fractura del Órgano Judicial.

Para Ruth López, jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, ante el silencio de instituciones dentro del país, la ciudadanía debe despertar y exigir el restablecimiento del orden constitucional roto desde el 1 de mayo del año pasado. 

López explica que también se acudió a nivel internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual analiza la ruptura de la justicia en el país y sus afectaciones.

Por su parte, el nombrado magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el 2018, Carlos Avilés, calificó lo sucedido el 1 de mayo de 2021 como un duro golpe al sistema de pesos y contra pesos del país, para dar paso a un poder abusivo y con ello desbaratar el poder republicano.

El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sydney Blanco, llamó a esta acción “anarquía”, ya que la remoción de jueces fue salvaje y la Sala de lo Constitucional se llenó de usurpadores. Es decir, se violó la justicia en el país, expuso. 

Blanco lamentó que organismos como el Consejo Nacional de la Judicatura guardaran silencio mientras los procedimientos para elegir a magistrados para la Sala de lo Constitucional se violaban.

El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador junto a la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA realizó el foro: “El Salvador: un año sin separación de poderes”. 

Abogados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia junto a académicos y defensores de derechos humanos coincidieron en que el 1 de mayo del año pasado el país sufrió, desde el Legislativo, una fractura del Órgano Judicial. 

Úrsula Indacochea, directora del Programa Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, señala que cuando los diputados, en su mayoría de Nuevas Ideas, asumieron el poder en 2021, comenzaron en el país afectaciones graves a la democracia. Se perdió la confianza en el poder judicial.

El Órgano Legislativo aprobó la simplificación de trámites para el Tren y Aeropuerto El Pacífico sin utilizar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

La decisión de la Asamblea Legislativa tiene algunos vacíos y contribuye a incrementar la corrupción pública, según manifiesta el economista César Villalona.

El gobierno prometió dos proyectos: El Tren del Pacífico y un nuevo aeropuerto. La Asamblea Legislativa ya aprobó la Ley del Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos Relativos al Tren del Pacífico.

Villalona dice que uno de los primeros vacíos de esta ley es que no se establece cuál es el monto de la inversión, si provocará más endeudamiento público. Genera dudas si el proyecto será factible.