Recientemente, la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló, en su informe de transparencia fiscal, que la Corte de Cuentas de la República, CCR, no cuenta con los estándares de independencia.

A criterio de Ruth López Jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, la Corte de Cuentas de la República ha mostrado su falta de independencia: cuando no fiscaliza y no despliega sus facultades constitucionales para investigar la gestión de recursos del actual gobierno.

La abogada recalcó que no es novedad el actuar de la Corte de Cuentas, pero ahora su función se ha deteriorado con el cambio de jueces en 2021, pues antes se contaba con estándares mínimos, según detalla el mismo informe de 2019 y 2020, explicó López.

Por su parte, Adriana Ramirez, integrante de Reverdes, dijo que algunas instituciones con el otorgamiento de permisos y destrucción del medio ambiente no están tomando en serio el tema ambiental. “No son conscientes del grave peligro que corremos ”, acotó Ramirez.

El Movimiento Rebelión Verde, REVERES, manifestó su preocupación ante la grave crisis climática en el mundo y El Salvador. Señalan que el país no está preparado ante los efectos del cambio climático.

“La acción climática es urgente, ya no para el futuro”, señaló Dalia González, integrante de Reverdes. A juicio de González, las instituciones del Estado no están preparando al país ante el cambio climático.

Sin bien los efectos climáticos son mundiales, El Salvador debe tener una postura y acciones amigables al medio ambiente que reduzcan el impacto, detalló González.

La Cooperativa Normandía está ubicada en el Cantón Cruzadilla de San Juan, Jiquilisco, Usulután. Inició su trabajo el 6 de marzo de 1980, después que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) transfirió cerca de 1,400 manzanas de tierra como parte de la Ley Básica de Reforma Agraria, reportan integrantes de las organizaciones cooperativistas.

Tras varias cuotas, terminaron de pagar estas tierras al Estado, se extendieron escrituras y se asentaron en El Centro Nacional de Registros.

Sin embargo, en 1997 la gestión municipal de aquel entonces de la Alcaldía de Jiquilisco, Usulután extendió tres títulos supletorios. José Salvador Ruiz dice que de quitar las tierras a las familias de Normandía, afectará a cientos de personas, lo que podría causar una situación crítica.

Integrantes de diferentes organizaciones cooperativistas, que forman parte de la Mesa Nacional Contra la Expropiación de Tierras y Desalojo de las Tierras de los Pueblos, se concentraron frente a la Corte Suprema de Justicia en apoyo a la Cooperativa de Producción Agropecuaria Normandía de R.L.

Demandaron al Órgano Judicial que no permita que el Juzgado de Primera Instancia de Usulután se parcialice a favor de grandes empresarios que quieren quitar tierras a la mencionada cooperativa.

El caso de Normandía está en el Juzgado de Primera Instancia de Usulután que ha reprogramado varias veces la audiencia, situación que preocupa a unas 700 familias de la cooperativa, manifestaron.

José Salvador Ruiz, representante de las organizaciones cooperativas y campesinas dice que respaldan a la Cooperativa Normandía y piden al Sistema Judicial que no permita dejar sin tierra a muchas familias.

El especialista destacó que la iniciativa pretende modificar 94 artículos de 137 que conforman la normativa. Algunos de los cambios planteados en el nuevo proyecto consisten en eliminar la figura de Tribunal Sancionador, modificar la institucionalidad, suspender la participación de organizaciones de sociedad civil y reducir el financiamiento municipal para dicho sector.

Retroceso. Eso visualiza el experto en Derechos Humanos, Saúl Baños, en su análisis del proyecto de reformas a la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, impulsado por el gobierno actual y que se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa.

En mayo pasado, la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad recordó que dicha ley entró en vigencia el 1 de enero del 2021 y remarcó que han pasado dos años sin que el Ejecutivo haya aprobado el reglamento de tal legislación.

Además, manifestó que esto ha impedido que pueda funcionar el Tribunal Sancionador, establecido en el capítulo VIII de la normativa, con el cual se garantizaría el respeto a las 410,798 personas con discapacidad de El Salvador.

Baños hizo un análisis de la iniciativa del oficialismo y reiteró que esta contraría estándares internacionales en el tema y busca favorecer a los agresores de las personas con discapacidad.

Las organizaciones de derechos humanos llaman al Estado salvadoreño implemente la sentencia del caso Manuela con acciones de difundir el protocolo de atención de violencia obstétrica, brindar educación sexual integral y proteger el secreto profesional médico.

Morena Herrera lamenta que en algunos profesionales de salud hay prejuicios cuando llegan a pasar consulta mujeres con emergencia obstétrica.

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto dice que cuatro mujeres fueron denunciadas en los últimos meses después de buscar atención de urgencia en el sistema de salud salvadoreño.

En su comunicado manifiestan que en la actualidad los hechos son similares a los del caso Manuela, caso por el que El Salvador fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021.

Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dice que el riesgo de las mujeres de ser encarceladas sigue presente.

El reporte destaca tres patrones graves de la violencia estatal: abuso del ejercicio punitivo y uso excesivo de poderes de emergencia; violencia contra comunidades pobres e indígenas; violencia contra defensores de derechos humanos y operadores de justicia.

Abrego dijo que los derechos más comúnmente suspendidos son la libertad personal, como abuso del ejercicio punitivo de emergencia y un "populismo punitivo".