Cristosal presentó un informe sobre poderes de emergencia y violencia estatal en la región norte de centroamérica. Dicho informe identificó las tendencias de abuso de poder y violencia estatal en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Abraham Abrego, director de litigio estratégico de Cristosal, expresó que en la región, la violencia estatal se ha convertido en la máxima expresión del abuso de poder, afectando principalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, defensores de territorios de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades empobrecidas y marginadas.

Abrego destacó que en El Salvador y Guatemala se ha observado una regresión democrática e instrumentalización de la justicia. Honduras por su reciente elección se encuentra en una relativa estabilidad.

Expertos han destacado que la firma de los Acuerdos de Paz tiene un gran significado porque puso fin a 12 años de guerra civil, que causó la muerte de miles de salvadoreños.

La funcionaria argumentó que su labor se enmarca en un contexto distinto al momento en que nació la entidad que ella preside. Por otra parte, respaldó el régimen de excepción que, de acuerdo a expertos, violenta los derechos humanos. Con tales declaraciones, “la defensora de derechos humanos” ignoró los testimonios documentados por la organización Cristosal y otros testigos, en los que se evidencian torturas y muertes al interior de los centros penales del país.

La procuradora para la defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, expresó desprecio a los Acuerdos de Paz firmados en 1992 que, entre otras cosas, dieron vida a la entidad que justamente representa ella en la actualidad.

La funcionaria participó en un conversatorio realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en México, donde se habló sobre derechos políticos electorales de los grupos históricamente discriminados. De Guevara expuso el origen de las pandillas y ensalzó las “estrategias de seguridad” del gobierno actual. En ese punto, manifestó que los grupos criminales surgieron después de tales Acuerdos que, a su juicio, no fueron más que “un convenio” entre dos fuerzas políticas.

Por su parte, el alcalde de San Isidro Cabañas, Gustavo Andrade, dijo que en la comunidad hay sospechas sobre la reactivación de la minería metálica y agregó que él estará a favor de lo que digan las comunidades.

Organizaciones sociales y ambientalistas conmemoraron 14 años del asesinato de Marcelo Rivera, considerado el primer mártir ambientalista de El Salvador.

Las comunidades lo recordaron con un Festival Artístico Cultural que aseguran busca rescatar la memoria sobre los impactos de los conflictos socio ambientales, que la industria minera ha generado en las comunidades del país y la necesidad de buscar alternativas de desarrollo sustentable, explican.

Las comunidades manifestaron que la amenaza minera acecha nuevamente a la zona de Cabañas, pese a su prohibición el 29 de marzo de 2017.

La ambientalista Vidalina Morales, habitante de la comunidad Santa Marta, Cabañas, dijo que las comunidades están denunciando la amenaza de la minería y las pocas medidas de reparación por parte del Estado a las víctimas de los daños ocasionados.

La representante de los pueblos indígenas dice que el Cambio Climático lleva al aumento de la temperatura, situación que genera crisis en la producción agrícola y el acceso al agua. Además, dice que la inseguridad e injusticia hídrica y alimentaria, la migración y movilidad a causa del cambio climático afectan principalmente a las juventudes, y tienen a la base la ausencia de políticas públicas encaminadas a garantizar justicia climática.

Carolina Amaya de la Unidad Ecológica Salvadoreña, dice que fenómenos climáticos causan severos daños a las familias indígenas.

Organizaciones ambientales, sociales e indígenas señalan que en Centroamérica, países como Honduras y El Salvador, comparten crisis alimentaria e hídrica, pérdidas en la agricultura, territorios amenazados por industrias extractivitas y monocultivos.

A esto se suma la falta de garantías de derechos de las mujeres, de los Pueblos Indígenas y de las poblaciones históricamente vulneradas. Además, dicen que el fenómeno de El Niño, que se traduce en ausencia de lluvias, es el ejemplo más reciente de los síntomas de la crisis climática que afecta la región.

Omelina Méndez, representante de los pueblos indígenas del país, dice que enfrentan severas pérdidas agrícolas con las que abastecen a sus familias.

Algunas profesoras del mencionado complejo educativo evitaron salir en fotos y videos que tomó la prensa en la conferencia. Según la representante de los docentes, hay temor porque la directora del mencionado Complejo Educativo, advierte con denuncias policiales a los profesores, cuando hay problemas internos en el Centro Escolar.

La denuncia fue realizada en las instalaciones de Bases Magisteriales. En un comunicado elaborado por los docentes, pusieron fotos en blanco y negro, dónde sale la directora junto a representantes del partido Nuevas Ideas y diputados del mismo partido, cuando están hablando al interior del Complejo Educativo "Profesor Bernardino Villa Mariona" de Panchimalco.

Además, mostraron imágenes de invitaciones a obras teatrales en el complejo educativo a las que deben pagar entre $2.00 y $1.00 y según denuncian es obligación del alumnado asistir, para no perder puntos en los exámenes.

Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales, denuncia que esta recaudación de fondos sería para pagar la deuda del anterior director del Complejo Educativo, acción que califica de ilegal.

Representantes del personal docente del Complejo Educativo "Profesor Bernardino Villamariona", de Panchimalco, departamento de San Salvador, denuncian ilegalidades y maltratos que habría cometido la directora del mencionado complejo educativo, Blanca Rosa Rodríguez.

Paula Ulloa, profesora del lugar, dice que sufren maltratos de forma verbal y psicológica y, según afirma, la directora interrumpe clases para sacar estudiantes a actividades -que no están programadas- y que están relacionadas con partidos de fútbol con la Policía Nacional Civil y charlas, entre otras acciones.