Los diputados de la Asamblea Legislativa no solo han aprobado una prórroga del Régimen de Excepción, si no también avalaron que la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado se haga sin tomar en cuenta lo que dicta la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP.

Para el coordinador de Investigación de Panorama Económico, José Luis Magaña, esta acción junto con el decreto para construir más cárceles en el país, derriba los controles establecidos para el buen uso de fondos públicos.

Estas acciones frenan a la comunidad y organismos internacionales para seguir apoyando al país con fondos económicos, prueba de ello es que muchas peticiones de préstamos no han llegado a buen fin por las exigencias de transparencia que se piden al momento del desembolso, enfatiza el economista Magaña. 

Magaña explica que el gobierno salvadoreño ha generado desconfianza en mercados alternos, como el de la comunidad bitcóin, que han comenzado a ver con cautela al país.

Con esta acción se deja abierta la puerta a un uso arbitrario y discrecional de los fondos públicos, sobre todo en un contexto donde el panorama económico del país no es el más halagüeño, dice José Luis Magaña. 

No es la primera vez que el país hace este tipo de leyes, ya desde el 2020 se usó un fondo de emergencia de 600 millones de dólares en donde 16 millones de dólares no tienen reporte de cómo se utilizaron, en el 2021 se gastaron un poco menos de 300 millones de dólares, sin embargo nunca se brindó  un informe sobre su uso. 

Para el 2022, dice Magaña, la situación se complica más ya que no solo se ocupan fondos de emergencia, sino que ahora se suman todas las compras del Estado que estarían abiertas a no tener transparencia. 

Magaña dice que este tipo de hechos no hablan bien del país a niveles internacionales, ya que al no dar cuentas se abren las puertas a la corrupción de parte del Estado.

Los diputados de la Asamblea Legislativa no solo han aprobado una prórroga del Régimen de Excepción, si no también avalaron que la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado se haga sin tomar en cuenta lo que dicta la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP.

Para el coordinador de Investigación de Panorama Económico, José Luis Magaña, esta acción junto con el decreto para construir más cárceles en el país, derriba los controles establecidos para el buen uso de fondos públicos. 

El gobierno de Bukele ya ha usado este tipo de leyes para pasar por alto los controles de la LACAP. Por ejemplo cuando la pandemia de la covid-19 afectó de lleno al país, se obviaron los controles y se dio paso a irregularidades en el uso de fondos públicos, dice el economista Magaña.

Los agricultores dicen  a los diputados y diputadas que los pequeños productores de granos básicos han sufrido un incremento en los costos de producción y, sólo este año, el alza llega a un 120%  en los precios de los insumos básicos.

A esto se suma el impacto que les causó la pandemia COVID-19 y el olvido gubernamental a los pequeños productores.

Es por ello que demandan la  exoneración de impuestos a los insumos necesarios para la producción agrícola, dice Luis Treminio, presidente de CAMPO.

Integrantes de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores, CAMPO, llegaron a la Asamblea Legislativa a decir a los legisladores y legisladoras que, como sector, demandan políticas que les permitan salir adelante con sus siembras.

El apoyo financiero es una de las salidas para esta problemática que al final impacta en toda la población por el alto precio que debe pagar en la compra de los granos básicos.

Mateo Rendón, coordinador de la Mesa Agropecuaria e integrante de CAMPO, dijo que dejan en las manos de las diputadas y diputados la propuesta de quitar impuesto a los insumos agrícolas y con esta medida se quita el impacto económico a las familias salvadoreñas.

La Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, que aglutina a varias federaciones y sindicatos,  se prepara este 1 de mayo para salir a marchar y conmemorar a los mártires de Chicago de 1986, un grupo de trabajadores que fue condenado a muerte por participar en una huelga general. 

La marcha se realizará en medio de una serie de despidos en alcaldías e instituciones del Estado. Los despidos se han mantenido a pesar que en algunos casos los juzgados han favorecido al trabajador para que sea reinstalado. Sin embargo, la orden del juez se ha incumplido, señala la Confederación. Además, denunciaron una serie de acciones impulsadas por la actual administración que van en detrimento de la libertad sindical.

Roberto Gómez Arias, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños y Viñerta, manifestó que cada Confederación sindical debe estar alerta ante la posible infiltración de grupos que intenten desestabilizar la marcha.

Silvia Navarrete del Sindicato de Trabajadores de Salud, Sitrasalud,  dijo que la marcha es para reivindicar los derechos de la clase trabajadora como, estabilidad laboral, pensiones dignas y reinstalo de trabajadores. Esto no tiene tinte político, ni tiene que ver con el Régimen de Excepción, enfatizó Navarrete, quien añadió que la marcha del 1 de mayo es un homenaje que año con año hacen.

Por otra parte el diputado de GANA Guillermo Gallegos, durante el desarrollo de la última sesión plenaria, se refirió a la marcha del 01 de mayo.