20 años después de estos hechos se rompe con lo establecido en temas de seguridad pública y se aplica un Régimen de Excepción, que se vendió para el combate de pandillas. Sin embargo, se persigue a cualquier persona ya que según explica la investigadora Jeannette Aguilar, ahora se ha roto con las leyes.

Comunidades de El Salvador y Honduras se unen contra mina Cerro Blanco

Comunidades organizadas de El Salvador y Guatemala en Asunción Mita se han unido para evitar que la mina Cerro Blanco se reactive, ya que la empresa minera Elevar Resources entregó al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007, en la cual, solicita transformar la mina subterránea a una mina a cielo abierto, una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana.

El agua en comunidades de Guatemala y en El Salvador corre riesgo pues la mina Cerro Blanco contaminará el río Ostua en Guatemala, este desemboca en el Lago de Güija en Santa Ana y este colinda con el principal abastecedor de agua potable en El Salvador río Lempa.

Julio González, activista guatemalteco del colectivo Madre Selva, narró que como comunidades de Asunción Mita están recolectando firmas para presentarlas a la gobernanza municipal de Asunción Mita para que desarrolle una consulta popular para conocer si quieren o n mineria.

Gracias a esta forma de actuar del Estado,  las pandillas se han profesionalizado en el país, han pasado de ser pequeños delincuentes a estructuras de crimen organizado, con alcance nacional, advierte Jeannette Aguilar.

En la actualidad, dice Aguilar, estos grupos han sido considerados como autoridades de facto, ya que son estas estructuras criminales las que organizan la vida de la gente.

Y muchas veces esto ha sido aprovechado por los gobiernos de turno para fines electorales. Y es que, para los gobiernos, el temor de la población se puede capitalizar en votos dice la Aguilar.

La represión ha sido el denominador común de los gobiernos de turno en El Salvador, para combatir la delincuencia. Así lo señala la investigadora Jeannette Aguilar.

Aguilar dice que no se ha echado mano de un plan inteligente de lucha antidelincuencia. Como ejemplo pone que desde el expresidente Antonio Saca hasta el expresidente Salvador Sánchez Ceren, las que se han implementado han sido estrategias reactivas.

Esto indica, dice Aguilar, que las estrategias se pensaron en el combate a la delincuencia con el componente de persecución judicial selectiva de todo aquel que se perfila como pandillero o que vive en una zona calificada como roja, que incluye redadas masivas en zonas pobres para exponerlos en medios de comunicación.

Todo esto se acompaña de reformas penales para facilitar el trabajo de la Fiscalía General de la República, que siempre ha tenido severos problemas en probar de forma robusta la participación de cualquier persona en un hecho delictivo, señala la investigadora Aguilar.

El jueves 21 de abril el Ministerio de Salud anunció que el uso de la mascarilla debe ser voluntario en escuelas, colegios y universidades.

El médico Castaneda dijo que es necesario que las personas estén mentalizadas con que el uso de la mascarilla está protegiendo de infecciones y es por ello que se considera necesario promover el uso de éstas en niños mayores de dos años.

Médicos, aglutinados en la Asociación de Pediatría de El Salvador, advierten que aunque se haya quitado la obligatoriedad de usar mascarilla, para los niños y niñas es recomendable seguir usándola.

El pediatra Luis Castaneda y expresidente de la Asociación de Pediatría de El Salvador señala que la mascarilla debe usarse ya que es bueno para preservar la salud. Según dijo, aún no se conoce el fin de la pandemia y aunque los casos en el país en estas fechas sean escasos, no significa que el peligro haya pasado.

Además del cumplimiento de cuotas, las capturas de personas que no tienen vínculos con pandillas, se deben a que algunos han sido capturados por soldados que han andado patrullando solos sin compañía de policías. Según Reyes, los soldados desconocen cómo actuar en el marco del Régimen de Excepción. Los soldados han llevado a personas a las delegaciones y luego resulta que no tienen nada que ver con pandillas. “Esto no tendría que darse. El soldado no está capacitado para atender situaciones de seguridad pública”, dice Reyes.

Pese a la existencia de una base de datos de perfiles de pandilleros, no se capturaban

Hasta hace dos años la base de datos de la Policía Nacional Civil tenía ingresados 50 mil perfiles de integrantes de pandillas. Pero Marvin Reyes, dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Policía, dice que 70 mil pandilleros pertenecen a la pandilla MS y unos 20 mil a la pandilla 18. La cifra total podría llegar a 100 mil personas pertenecientes a pandillas.

A partir de 1998, la policía entró en una etapa distinta. Luego con el lanzamiento del Plan Cero Tolerancia, se empezó a crear estructuras internas para llevar un registro de pandilleros, explica Marvin Reyes. Hubo capacitaciones al personal para ese fin.

Luego, con los planes Mano Dura y Súper Mano Dura la base de datos se fue ampliando. Para 2018 ya se tenía una base sólida. Todo relacionado a la estructura pandilleril. Desde nombre, apellido, alias y las clicas a las que pertenecían y las personas vinculadas a ellos. Sin embargo, pese a la existencia de esa base sólida no habían capturas masivas.

La petición se debía a que un alto jefe había solicitado la cuota de 5 personas detenidas diarias, dice parte del documento.

Otro audio al que YSUCA tuvo acceso confirma la petición de cuotas de detenidos de parte de jefes policiales.

La existencia de lineamientos sobre cómo actuar durante el Régimen de Excepción pasó de largo para muchos policías y militares, ya que se han documentado casos de personas que sin tener vínculos con pandillas fueron detenidos y apresados. Las actuaciones arbitrarias en algunos casos fue orden directa de oficiales hacia los subalternos. Uno de esos casos está documentado. Ocurrió el 10 de abril en Ahuachapán. Tres agentes de la sección táctica operativa recibieron la orden de remitir a tres personas que habían sido capturadas por otros policías, en lugares donde los tres agentes no habían estado y no habían presenciado las capturas. El inspector Peñate les ordenó que pusieran en el documento que ellos habían realizado la captura. De no cumplir la orden serían trasladados a la Unión. El caso sigue en proceso, los agentes podrían ser trasladados.

Pese a la existencia del protocolo de actuación, algunos policías lo han incumplido, violentando derechos humanos. El documento le llegó a cada oficial vía WhatsApp, por lo que “ningún oficial puede alegar ignorancia porque ellos lo tuvieron y tienen que leerlo e instruir a su personal”, enfatizó Marvin Reyes, dirigente del movimiento.