La crisis del sector agropecuario viene desde el gobierno del presidente Alfredo Cristiani, cuando se empezó a desmontar el sistema agrícola del país y los gobiernos siguientes tampoco pusieron atención al sector, incluyendo el actual, señala Luis Treminio, de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, CAMPO.

Tema: Crisis del sector agropecuario

Invitado: Luis Treminio, de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, CAMPO

Conducido por la periodista Kenia Gómez

⏰ 7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

El Salvador acumula, según datos oficiales, 162 mil 089 casos confirmados de coronavirus, de los que 7,300 se mantienen "activos", 150,662 se han recuperado y 4,127 fallecieron. Actualmente, 8 personas hospitalizadas están en estado crítico y 46 en condición grave.

Por su parte el infectólogo Iván Solano, cuestionó la decisión del Ministerio de Salud de suspender la obligatoriedad de la mascarilla y señaló que la institución nunca ha dado datos confiables sobre las estadísticas de casos.  Por ejemplo, destacó que semanas atrás, se hablaba de un repunte para estas fechas.  Además  recordó Solano que El Salvador es uno de los países  con un subregisro alto de posibles casos de covid.

Sin embargo, el epidemiólogo recomendó a las personas que no se hayan vacunado o que no hayan completado su cuadro de vacunación  que sigan  usando la mascarilla y manteniendo las medidas de distanciamiento con otras personas.

El  epidemiólogo salvadoreño Alfonso Rosales dijo estar de acuerdo con la decisión del Ministerio de Salud de que el uso de la mascarilla contra la covid-19  pase a ser de uso voluntario.

Rosales manifestó que los parámetros epidémicos actuales de casos de covid están dentro de los niveles bajos, en donde se puede considerar que el virus de la covid 19 se quedara de forma endémica y, como tal, se debe comenzar a convivir con el virus.

Funes fue capturado hace 15 días cuando regresaba de casa de su madre. Unos soldados lo detuvieron y revisaron sus papeles y además le obligaron a quitarse la ropa en la vía pública en busca de algún tatuaje, sin embargo no encontraron nada. 

Pese a ello los soldados le dijeron que estaba detenido en vías de investigación. Debido a esto la familia llegó a  la Procuraduría General de la República en busca de auxilio. Un abogado ha comenzado a brindar apoyo a la familia, sin embargo, “hay mucho papeleo que se debe hacer y el dinero no alcanza”, señala la esposa de Obed Funes

Las familias de las personas capturadas en el marco del Régimen de Excepción han perdido todo contacto con sus seres queridos. 

En muchos casos, a las personas que han sido detenidas no se les ha logrado comprobar ningún delito y el argumento para su captura es que están en vías de investigación. Mientras esto sucede la familia vive un calvario. 

Así ha sucedido con una familia que reside en Soyapango, al oriente de la capital. La esposa de Obed Abisai Funes dijo a Radio YSUCA que están a la deriva, ya que su esposo era el sustento de su casa. 

La mamá de Funes también dijo que han golpeado duro a la familia con esta prueba que les hacen vivir.

Por su parte el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, aumentó su presupuesto en 2022. Sin embargo, el incremento es insuficiente para hacer su labor. Por su parte, el Tribunal de Ética  Gubernamental no presentó crecimiento en el presupuesto. 

La Corte de Cuentas de la República mantiene su presupuesto bajo. El Órgano Judicial, por mandato constitucional, percibe un aumento.

En general, las asignaciones presupuestarias en 2022 para las instituciones de control podrían resultar insuficientes para atender adecuadamente la demanda social de servicios estatales, pudiendo derivar en afectaciones a los derechos de la población, al no contar con instituciones públicas que investiguen y juzguen los delitos de manera oportuna, fiscalicen los fondos públicos para evitar la corrupción o permitan el acceso a la información de forma efectiva.

Por ejemplo, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, tras la aprobación del Régimen de Excepción, el pasado 27 de marzo, han tenido una limitada capacidad de actuación y no han sido efectivos en brindar un buen servicio, pues el trabajo se les ha incrementado y el presupuesto sigue siendo bajo para ejercer sus funciones. 

En el caso de la  Fiscalía, de investigar; la Procuraduría General de la República, de defender a los acusados o brindar asistencia legal  y la Procuraduría de Derechos Humanos, de mantenerse vigilante y garante en el respeto a los derechos humanos, enfatizó Escobar.

Acción Ciudadana presentó un informe denominado “Asignación Presupuestaria a Instituciones de Control”. En el documento se señala que, desde 2015 a la fecha, instituciones de control del Estado mantienen estancado o reducido el presupuesto institucional.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, dijo que el déficit de presupuesto a las instituciones del Estado provoca que la institución no tenga efectividad. El actual gobierno ha continuado con la tendencia de los pasados quinquenios, en cuanto no ha sido una prioridad fortalecer financieramente a las instituciones fiscalizadoras, de tal forma que les permita superar las deficiencias y así brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Esta afirmación se confirma al revisar que los presupuestos no han tenido una variación significativa desde 2020, dijo Escobar.