Muchos salvadoreños que residen en zonas asediadas por pandillas siguen viviendo con temor. En esta ocasión temen que las autoridades los arresten sin justificación alguna. Son conscientes que viven en zonas en la que la pobreza salta a la vista de cualquiera que transite por esos lugares. 

Desde el 27 de marzo, cuando entró en vigencia el Régimen de Excepción, muchas personas han sido arrestadas sin poder comprobarles un delito. Este ha sido el caso de Erick Armando López.

Ocho meses atrás, la familia sufrió el asesinato de dos de sus familiares y sobre este caso la policía no dio respuesta, ni hubo capturados. 

Desde la entrada en vigencia del Régimen de Excepción, diariamente han sido denunciados casos de abuso de autoridad donde muchas personas que tienen sus documentos en regla han sido capturadas sin que exista ninguna investigación en curso y se les señale directamente de algún tipo de delito. 

El 9 de abril pasado se conoció que un grupo de jóvenes que laboran en “mil 200 café” fueron capturados en la zona de Ciudad Credisa. En ese momento se les acusó de ser pandilleros e incluso se les fotografió acusándolos de portar dinero producto de extorsiones, sin embargo los dueños del café aclararon que eran sus trabajadores y el dinero que portaban eran las ganancias obtenidas de la venta de comida de ese día. 

Se ha dañado el honor de las personas y debido a esto el Estado tiene la obligación de indemnizar a los capturados a los que no se les ha comprobado ningún delito y que su captura se hizo de manera irregular. Así lo sostuvo el abogado constitucionalista,  Enrique Anaya.

Este hecho sucedió el pasado 10 de abril en una colonia de San Martín, al oriente de la capital, y desde esa fecha la familia no sabe nada de Erick.

Historias como la de Erick López se repiten a lo largo y ancho del país, según dijo recientemente en Radio YSUCA la jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal Zaira Navas. 

Según Navas, en este Régimen de Excepción se dan dos tipos de capturas: las arbitrarias y las ilegales, ya que la estrategia del Gobierno parece ser primero arrestar, luego twittear y después investigar al detenido. 

Una familia de Apopa, residente de la colonia San Leonardo, comentaron a YSUCA que, desde el pasado viernes, de día y de noche miembros de la Policía Nacional Civil llegan a pedirles los documentos personales y de la casa. Todo está en regla. 

Pero eso no basta, dicen los afectados, ya que son asediados continuamente por el cuerpo policial.  El temor que sienten como familia es tan grande que ya no se atreven ni a salir  a la puerta de la casa y han dejado sin atender un pequeño negocio que tienen de venta de comida.

Muchos salvadoreños que residen en zonas asediadas por pandillas siguen viviendo con temor. En esta ocasión temen que las autoridades los arresten sin justificación alguna. Son conscientes que viven en zonas en la que la pobreza salta a la vista de cualquiera que transite por esos lugares. 

Desde el 27 de marzo, cuando entró en vigencia el Régimen de Excepción, muchas personas han sido arrestadas sin poder comprobarles un delito. Este ha sido el caso de Erick Armando López. 

Según la mamá de Erick, los policías se lo llevaron de la puerta de la casa mientras platicaba con un amigo.

Familiares de arrestados bajo el Régimen de Excepción entregaron documentos personales, laborales y antecedentes penales a la Procuraduría General de la República para que dé asistencia legal a sus parientes.

El gabinete de Gobierno reporta más de 14 mil personas detenidas  en 25 días en diferentes municipios del país.

Una mujer de 43 años fue detenida por supuesta pertenencia a pandillas en una comunidad cercana a Ciudad Delgado, el esposo de esta persona dice que solo es integrante de la directiva de la colonia. Ante eso, llegó junto a otra familiar a dejar documentos para que la Procuraduría General de la República, les brinde apoyo legal.

El esposo de la mujer detenida en Ciudad Delgado muestra preocupación porque su pareja padece de la presión, únicamente sabe que está en Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres de Ilopango, conocido como Cárcel de Mujeres, pero desconoce si le dan o no los medicamentos que necesita a diario y no puede visitarla.

Otro de los casos es el de un hombre que fue detenido en otra comunidad del Centro de San Salvador, la esposa de este con su vestimenta de cristiana y con ojos llorosos dice que su pareja no pertenece a pandillas y espera que tras el juicio lo dejen en libertad porque es el único que mantiene a la familia con su trabajo.

Familiares de arrestados bajo el Régimen de Excepción entregaron documentos personales, laborales y antecedentes penales a la Procuraduría General de la República para que dé asistencia legal a sus parientes.

El gabinete de Gobierno reporta más de 14 mil personas detenidas  en 25 días en diferentes municipios del país.

Una mujer de 43 años fue detenida por supuesta pertenencia a pandillas en una comunidad cercana a Ciudad Delgado, el esposo de esta persona dice que solo es integrante de la directiva de la colonia. Ante eso, llegó junto a otra familiar a dejar documentos para que la Procuraduría General de la República, les brinde apoyo legal.

Comerciantes de la calle Rubén Darío aseguran que la Alcaldía de San Salvador los engañó con el traslado al mercado Hula – Hula. Ahora, han tomado la decisión de retirarse y acatar el desalojo de las arterias debido a la amenaza de hacer uso del Régimen de Excepción para su desalojo.

Irvin Rodríguez, delegado de la Alcaldía de San Salvador, afirmó que son dos fases en las que se debe realizar el traslado de los comerciantes al mercado. Sin embargo, al preguntarle el tiempo que tardarían no logró establecer una fecha de ingreso, dejando a los comerciantes en el limbo. Además aseguró que son 700 los vendedores en la zona. De éstos, 600 tienen puestos y 100 no.

“Ahorita desmontamos para llevarnos nuestras cosas a la casa, porque la Alcaldía no nos ha dado alternativa y a esperar que haremos ahora”, dice la comerciante.