El abogado constitucionalista de Cristosal, Jonathan Sisco dice que  le han informado de muchos casos en los que se está entrando a las viviendas a hacer registros.  Es decir, se está irrespetando la garantía de inviolabilidad de la defensa.

Asegura que ese derecho no puede ser suspendido porque no se encuentra dentro del catálogo establecido en el artículo 29 de la Constitución. Aun así, se han suspendido materialmente algunos derechos.

El constitucionalista de Cristosal detalló que otro de los derechos que en la práctica se ha visto vulnerado es la presunción de inocencia. Ahora prácticamente se está presumiendo que las personas detenidas son culpables pero el mismo presidente de la República expresó públicamente que hay un margen de error.

El Régimen de Excepción aprobado mediante el decreto 333 no es acorde con el marco constitucional y con las obligaciones de El Salvador en materia de derechos humanos, según el análisis jurídico de Cristosal.

Es importante recordar que han existido otras acciones que irrespetan los límites establecidos por la Constitución de la República, esta es una más de esas acciones, manifiesta el abogado constitucionalista de Cristosal, Jonathan Sisco.

La jurisprudencia en la sentencia de inconstitucionalidad 15-96 de 1997 expresó que un aumento de la criminalidad, naturalmente altera el orden normal de los acontecimientos de la vida nacional pero no se encuentra regulado en la Constitución, como un supuesto de suspensión de garantías constitucionales, dice el abogado.

A juicio del abogado una situación excepcional en el alza del cometimiento de una serie de delitos, no es uno de los supuestos establecidos en el artículo 29 para decretar Régimen de Excepción, porque no se está alterando el orden constitucional. Asegura que todas las constituciones y los mecanismos legales ordinarios deben ser suficientes para combatir la criminalidad.

Sisco asegura que en esa misma sentencia se dijo prácticamente que la imposibilidad o la ineficiencia de las instituciones no es una excusa para que se den poderes de emergencia y poderes de suspender derechos para combatir el crimen.

Tema: Violaciones a Derechos Humanos

Invitado: P. José María Tojeira, S.J.

Con la conducción de Kenia Gómez

⏰ 7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

Los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz se pronunciaron ante el Régimen de Excepción asegurando que esta medida no es una salida para atacar de raíz las causas de la seguridad pública.

El representante de la Alianza, José Santos Melara, advirtió que las medidas gubernamentales para la seguridad pública están a un paso de usarse contra la oposición política.

El representante de los comerciantes informales, Rodolfo Pereira, denunció cierre de colonias donde viven las personas que se ganan la vida con las ventas, desde que hay Régimen de Excepción en el país.

Estos cierres ponen limitantes a las vendedoras y vendedores dice Pereira.

Otra de las denuncias del Movimiento de Trabajadores de la PNC es que los elementos policiales tienen más de 15 días sin licencia y únicamente han tenido permisos breves. Entre las afectaciones, ya se registran policías incapacitados, específicamente en la delegación Centro en San Salvador, porque permanecen en condiciones insalubres, detalló Marvin Reyes.

Otra de las denuncias que realizó Marvin Reyes es la exigencia a los elementos policiales de que si arrestan a personas que no se les pueden determinar que pertenecen a grupos del crimen organizado, que igualmente se acuse a los detenidos de cualquier delito.

Según Reyes, si los agentes no llegan al número de capturas asignadas reciben la advertencia que les trasladarán a una delegación lejana a su zona de vivienda.

Autoridades policiales están imponiendo cuotas de arrestos a los elementos de la corporación policial, según denunció el vocero del Movimiento de Trabajadores de la PNC, Marvin Reyes.

Esta denuncia la viene haciendo el movimiento desde que inició el Régimen de Excepción en el país y ha sido reiterada por Reyes, al tiempo que pide que cese esta situación.

Las prioridades en materia de seguridad pública se expresan en los presupuestos. Hasta ahora la juventud, la niñez y la prevención de riesgo no ha sido una prioridad para el país, según la investigadora Jeannette Aguilar.

El uso político de la violencia y de  las pandillas y la instrumentalización electoral de la criminalidad ha terminado sumiendo al país en una escalada de violencia cada vez mayor. Por lo que la investigadora en temas de violencia, seguridad y derechos humanos, Jeannette Aguilar, recomienda que se despolitice el enfoque de seguridad pública.