Entre el 31 de marzo y el 1 de abril se han registrado diversos incendios que han destruido unas 15 manzanas del Área Natural Protegida Zanjón El Chino, en el caserío El Chino, del cantón Garita Palmera, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán. 

Al respecto, Tatiana Oliva, técnica territorial de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, y Miembro de la mesa Permanente para la Gestión de Riesgos, dice que esta acción es preocupante ya que se afectan los servicios ecosistémicos de la zona.

La Mesa de Protección a Periodistas se pronunció en conferencia de prensa luego de conocerse las reformas aprobadas ayer en la Asamblea Legislativa, a la Ley de Proscripción de  Maras y Pandillas y al Código Penal. 

César Fagoaga, de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, dijo que estas reformas forman parte de una ley mordaza, ya que se busca censurar a los medios de comunicación, a los investigadores y a la población en general.

Por su parte el representante de la UCA en la Mesa, Serafín Valencia, señaló que lo aprobado en el Legislativo es un tipo de censura previa.

Para la Mesa de Protección a Periodistas, prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades, controladas por pandillas, no surtirá ningún efecto. Lo que el país demanda son políticas públicas que vayan enfocadas a atacar la raíz de los problemas, generados por esta violencia. 

César Fagoaga, en representación de la APES, explica que esta semana se han visto casos donde a los periodistas se les ha obligado a borrar el material, "esto es indignante, ya que se bloquea el derecho a la verdad".

La Mesa de Protección a Periodistas se pronunció en conferencia de prensa luego de conocerse las reformas aprobadas ayer en la Asamblea Legislativa, a la Ley de Proscripción de  Maras y Pandillas y al Código Penal. 

César Fagoaga, de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, dijo que estas reformas forman parte de una ley mordaza, ya que se busca censurar a los medios de comunicación, a los investigadores y a la población en general.

Los diversos operativos realizados durante el Régimen de Excepción han dejado más de 6 mil capturas. Dentro de esa cifra, hay personas que han sido capturadas injustamente por estar en el lugar y hora menos indicada, según las denuncias hechas por las mismas víctimas.

Una madre llegó a las bartolinas policiales del denominado: “El Penalito”, en búsqueda de su esposo, quien fue capturado en su casa de habitación. Según su esposa, su pareja se encontraba descansando cuando agentes policiales le indicaron que saliera de la casa y se lo llevaron preso.

Los bonos bitcóin serán emitidos por LaGeo, la empresa de generación de energía geotérmica que es subsidiaria de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL.

De los mil millones en bonos bitcóin que inicialmente fueron anunciados por el Gobierno, $500 millones serán para seguir comprando bitcóin y $500 millones para Bitcoin City. Nada de ese dinero será para ponerle comida en la mesa a la gente, señala José Luis Magaña, de Panorama Económico.

Las medidas económicas que ha tomado el Estado son insuficientes, porque el precio internacional del petróleo sigue aumentando, depende del mercado externo, señala José Luis Magaña, de Panorama Económico.

El Estado no genera dinero, los únicos fondos son los impuestos que pagan los ciudadanos, por tanto todos los subsidios son pagados por la población, señala el economista.

Juárez también añadió que en menor grado también se han realizado detenciones de mujeres inocentes,  a quienes según tratados internacionales debe dárseles un trato diferenciado.

De acuerdo con Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, el Régimen de Excepción ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres, pues algunas de ellas son las encargadas del cuidado y  crianza  de sus hijos. 

Al Penalito han llegado madres, esposas, hijas de personas que aseguran que su familiar fue capturado injustamente por las autoridades policiales. 

Juárez dice que algunas mujeres deben dejar de lado su trabajo por dedicarse a buscar a su hijo capturado o esposo en el marco del Régimen de Excepción. Además de gastos adicionales en la movilización.