Las organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, condenaron el accionar criminal impulsado por el crimen organizado, así como cualquier forma de pacto llevado a cabo por el Gobierno con estos grupos, dejando en evidencia el total fracaso en la implementación de los planes de control territorial. 

Las organizaciones denunciaron que la población salvadoreña es víctima constante de la delincuencia y la situación de quienes viven en condición de vulnerabilidad se agrava con el régimen de excepción, en el cual se han suprimido garantías constitucionales, señala Francisco Parada, del Colectivo de Profesionales Consecuentes.

Hay líderes pandilleros que han sido solicitados por Estados Unidos producto de investigaciones llevadas a cabo por fiscales salvadoreños en conjunto con investigadores del FBI, que están siendo protegidos por el gobierno salvadoreño. El Gobierno de Nayib Bukele es de doble cara, señala José Miguel Cruz.

Desde la década de los años 80, a mediados de la guerra civil en El Salvador, ya se hablaba de maras y pandillas, señala José Miguel Cruz, investigador en seguridad ciudadana del Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly Green, Universidad Internacional de Florida. 

Las pandillas nacen por una serie de factores relacionados a la falta de oportunidades, falta de acceso a la educación, falta de trabajo, la desigualdad y la pobreza en la que crece la niñez y juventud, afirma Cruz. 

La magnitud del problema de las pandillas tiene que ver con las políticas de gobierno que se han tomado desde el fin de la guerra hasta la actualidad, afirma el investigador de origen salvadoreño.

Tema: Pandillas en El Salvador

Invitado: José Miguel Cruz, investigador, experto en seguridad ciudadana del Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly Green de la Universidad Internacional de Florida

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Por su parte, la ex comisionada del Instituto de Acceso a la Información Púbica, IAIP, Claudia Liduvina Escobar, manifestó en su ponencia que hay una preocupación de parte de la Relatoría para la Libertad de Expresión con respecto a lo que viene aconteciendo en El Salvador desde el año 2019, porque hay niveles de retroceso alarmantes en materia de libertad de expresión.

Escobar dice que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalla que en el país hay violaciones para la libertad de prensa.

En El Salvador no hay garantías para el ejercicio de la labor periodística. El acceso a la información se ha limitado y hay todo una serie de reformas que advierten que, la prensa incomoda a las autoridades de turno. Así lo advirtió el periodista Serafín Valencia, durante el conversatorio titulado: Prensa-Gobierno, los casos más relevantes de vulneraciones a la prensa, y las relaciones de los medios de comunicación con las cuatro últimas generaciones presidenciales.

Julio Beltrán Lemus, habitante de la comunidad La Mora, participó en la concentración y advirtió sobre los daños que causará el proyecto de la granja a los mantos acuíferos subterráneos y superficiales.

El alcalde de Suchitoto, Denys Miranda, dice que unas 9 mil personas de 14 comunidades serían las víctimas de los daños que causará la granja a los mantos acuíferos.

El alcalde participó en la concentración realizada en la comunidad La Mora y dijo esperar que el Ministerio del Medio Ambiente permita una reunión para tratar el tema.

Miranda dice que el Ministerio del Medio Ambiente debió consultar al Concejo Municipal de Suchitoto antes de avalar el estudio del impacto ambiental que tendrá el proyecto.

Representantes de Organizaciones Unidas por el Agua se concentraron en la comunidad La Mora, en el municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, para rechazar la aprobación de un estudio de impacto ambiental para la construcción de una granja en la zona.

Los representantes de las diferentes comunidades advierten que la granja causará daños al ecosistema y principalmente a los mantos acuíferos y subterráneos.

Magdalena Landaverde quien es habitante de la comunidad Santa Eduviges, dice que el Ministerio del Medio Ambiente no debió dar “Luz verde” a la construcción del proyecto, dejando de lado a la municipalidad de Suchitoto y a la gente.

La técnica de la UNES Tatiana Oliva solicitó a la Policía y a la Fiscalía investigar los hechos, ya que no descarta que los siniestros hayan sido iniciados de forma intencional. Por otra parte, se acusa al Estado de no proteger esta área  y dejarla en manos de los depredadores de la zona.