El Salvador está dejando de lado los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos. Esto podría traer graves consecuencias para el país, señala el abogado y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humaos, CIDH, Paulo Abrao.

Y es que el pasado 27 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un Régimen de Excepción para “combatir a los grupos delincuenciales”, a su vez el 30 de marzo se aprobaron una serie de reformas entre las que se destacan la edad de imputabilidad penal que permite juzgar a niños como adultos. Por otro lado se ha aprobado reformas para criminalizar la labor periodística.

Sobre esto el abogado brasileño Paulo Abrao explico en un conversartorio sostenido en la Radio 106.9 que con estas acciones El Salvador estaría dejando de lado la defensa de los derechos humanos.

Las reformas aprobadas en el Legislativo no buscan la rehabilitación de los delincuentes, señala Abrao. En este caso el estado esta fallando gravemente.

Navas afirma que los registros que han estado haciendo agentes de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada en las comunidades afecta la integridad de niños y niñas.

Hay evidencias que demuestran que ha habido una negociación entre las pandillas y el Gobierno. Así lo advirtió Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal.

Navas cuestiona: ¿Cuáles son los planes de prevención de violencia que se han implementado en las comunidades? Y enfatiza que las medidas en materia de seguridad pública siguen siendo improvisadas.

La representante de Conabúsqueda, Elsie Flores, al recibir los documentos dijo que se tiene una responsabilidad enorme de búsqueda y que es lamentable que aún no se tenga un listado completo de personas desaparecidas, pues esto es un obstáculo que limita el trabajo.

Flores se ha comprometido con las víctimas de caminar en serio hacia el encuentro de la justicia y la reconciliación. Aseguró que el primer paso que se dará es elaborar un archivo sistematizado de personas desaparecidas.

Esta es la segunda entrega de documentos que hace la UCA a Conabúsqueda. La primera se realizó el 30 de agosto de 2019 y como en aquella ocasión, se enfatizó en la importancia de que todas las instituciones involucradas, como Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, entre otras instituciones, den información sobre casos para así aunar esfuerzos en la investigación de crímenes de guerra y desapariciones forzadas.

Sofía Hernández, del Comité de Madres Marianela García Villa, dijo a Radio YSUCA que desde 1980 le desaparecieron a su esposo y a dos hermanos y desde entonces no ha encontrado respuesta alguna sobre sus paraderos.

Hernández dice que vive intranquila ya que la esperanza que ha venido albergando ha ido desapareciendo con el tiempo, ya que pese a que se hacen esfuerzos de búsqueda el Estado niega su apoyo.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, sigue apoyando a las víctimas del conflicto armado, este viernes 8 de abril entregó a Conabúsqueda archivos de personas que desaparecieron durante el conflicto armado.

El rector de la UCA, Andreu Oliva dijo que el objetivo de esta entrega es apoyar con información en las investigaciones de personas desaparecidas y crímenes de guerra.

Oliva señala que para la UCA las víctimas no deben quedar en el abandono y por ello se llama al Estado a brindar su apoyo a la Conabúsqueda, ya que las familias afectadas deben cerrar sus heridas y encaminarse a la reconciliación.

Ramírez, uno de los representantes de las 3 familias, dice que el lunes de esta semana les advirtieron que tenían 8 días para salir del lugar, por lo que piden más tiempo para encontrar una vivienda con cuota baja de alquiler y si no lo logran que las instancias correspondientes del Gobierno les ayuden a adquirir una casa.

Tres familias integradas por 10 personas de la colonia El Milagro de Mejicanos recibieron la orden de desalojo del lugar donde han vivido durante 25 años. Así lo denunció Francisco Ramírez, uno de los afectados.

Las personas perjudicadas aseguran que inicialmente le pagaban el alquiler por la vivienda a un coronel, sin embargo, pasado el tiempo se enteraron que el terreno pertenecía a la alcaldía.

Los representantes del actual Concejo Municipal de Mejicanos han dado diversos argumentos para justificar el desalojo a las tres familias de la colonia El Milagro.

Inicialmente les dijeron que construirían un parque, después que era un proyecto y en la actualidad que remodelarán la casa para poner computadoras con Internet para uso de los habitantes del municipio.

Hace tres meses, una representante de la actual gestión municipal de la alcaldía les solicitó que se fueran del lugar a las familias. Ellas dependen de trabajo eventual de jardinería. Una de las opciones que les dio es que alquilaran una casa, pero el costo mensual es de $350.00 y no lo pueden pagar por sus bajos ingresos.

Ramírez dice que acudieron a instancias gubernamentales que tienen como responsabilidad la vivienda, pero todavía no les ayudan.

La audiencia preliminar contó con la presencia de 13 acusados, 3 ausentes, uno de los que fue detenido en enero del año pasado, un menor de edad, que se dejó en libertad porque fue absuelto por un Juzgado de Menores, según el abogado defensor.

A juicio del abogado, en la audiencia se mostraron pruebas pero son insuficientes para declarar culpable a los acusados.

El mes de enero de 2021, 17 jóvenes en Dulce Nombre de María, Chalatenango, fueron arrestados por el supuesto delito de extorsión y por pertenecer a grupos delictivos.

La audiencia preliminar realizada este jueves los pasó a vista pública por el mencionado delito.

La madre de uno de los detenidos llegó desde Chalatenango para estar frente al Centro Judicial “Isidro Menéndez” y tras la audiencia aseguró que su hijo es inocente.