Tema: Situación de las cárceles en el país

Invitado: Otto Flores, abogado de la organización Los Siempre Sospechosos de Todo

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La investigadora de la UCA Daniela Murcia señala que el concepto de precariedad laboral incluye tanto a los trabajadores asalariados como a los trabajadores pertenecientes al llamado sector informal.

Esto impacta de manera directa los derechos laborales y sociales de la fuerza de trabajo, llevándolos a su deterioro e imposibilitando, con ello, el ejercicio de la ciudadanía social y laboral, lo que deriva en un obstáculo para el logro del bienestar social en la población.

Al hablar de precarización laboral obligadamente se tiene que hacer referencia al deterioro de las condiciones laborales, relacionado con la caída de ingresos-salarios, la prolongación de la jornada de trabajo y la privación del acceso a regímenes de seguridad y previsión social.

Si bien esto es un aspecto importante, la precarización laboral,

al ser una categoría amplia, no puede ser explicada única ni principalmente como el resultado del deterioro de las condiciones de trabajo, señala Daniela Murcia, investigadora del Departamento de Economía de la UCA.

La economista explica que los mercados laborales han visto transformados sus modelos de regulación laboral, a modelos caracterizados por una escasa regulación en el ámbito laboral.

Esto ha tenido como consecuencia la existencia de amplias asimetrías de poder entre el capital y el trabajo en la esfera de producción. Esto ocasiona que se le dé más importancia a los procesos de acumulación de capital que a la integración laboral y social de los trabajadores, es ahí donde la precarización laboral va a aparecer para identificar como precarios “aquellos segmentos del mercado laboral donde las asimetrías de poder entre el capital y el trabajo son más pronunciadas”.

Según la investigadora de la UCA, en El Salvador solo el 19.6% de la población cuenta con un trabajo que cumple estándares laborales, sin embargo el 80% de la población se encuentra en algún nivel de precarización laboral.

Lo anterior reconoce que el Régimen de Excepción está dentro del derecho. Esto indica que no se está al margen de la jurisprudencia, si no dentro de ella, señala Flores. En este sentido, dice la abogada, los Estados no tienen facultades ilimitadas para suspender derechos aún en Excepción.

El Salvador cumplió 15 días bajo el Régimen de Excepción, tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas. Situación a la que el Gobierno ha respondido con capturas masivas y encierro total de los pandilleros detenidos.

Claudia Flores, máster en estudios avanzados en derechos humanos de la Universidad Carlos Tercero de Madrid, España y graduada de la UCA, explica que un Régimen de Excepción instaura reglas temporales y confiere al Estado la facultad valida ante determinadas problemáticas que pueden suscitarse y suspende derechos ante ciertas circunstancias.

Flores señala que con esto se busca reestablecer la normalidad, la preservación de normas y valores jurídicos que atañen a toda la colectividad y, en definitiva, a la defensa del orden constitucional, sin embargo la abogada advierte que el régimen debe tener limitantes, las cuales están en los derechos humanos.

Sin embargo muchas personas no logran llegar a Estados Unidos debido a que las autoridades norteamericanas han reforzado la seguridad en sus fronteras.

Como resultado de esta acción se tiene un incremento de deportaciones desde la frontera sur estadounidense. Esto ha provocado que en el país el número de retornados se incremente en un 209%

A criterio de Medrano esto es grave, ya que se han superado cifras récord de salvadoreños detenidos en la frontera sur.

La Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales para restablecer el orden tras enfrentar más de 80 asesinatos en dos días. Aunque siguió el curso legal, su desarrollo va más allá del decreto y a 15 días, esta normativa provoca choques con la normativa internacional.

Según Celia Medrano, experta en Derechos Humanos, este hecho está obligando a que salvadoreños migren irregularmente hacia Estados Unidos.

En Cuisnahuat casi no se ven homicidios, asegura la residente. Pero unos días antes del Régimen de Excepción hubo uno. Fue un soldado al que asesinaron, del que se rumora fueron las pandillas que operan en San Julián. Luego de ese homicidio que ocurrió en el municipio, los habitantes de San Lucas quedaron con temor. Con el Régimen de Excepción y las represiones, sobre todo a los jóvenes, el miedo es mayor.

Alicia reprueba las medidas impulsadas por el presidente. Según percibe hay un fracaso del Plan de Control Territorial.

Los agentes no respetaron su dignidad humana y la de su hijo. El Ministerio de Salud tampoco está cumpliendo con lo dispuesto en la ley.

Según el artículo 26 del reglamento de la Ley Nacer con Cariño, en caso de fallecimiento del bebé, la madre, el padre y la familia recibirán apoyo psicológico de forma individualizada y grupal. Para ello, los centros asistenciales establecerán procesos de seguimiento para salvaguardar la salud mental de los involucrados, durante el duelo. Pero a Vilma nadie le ofreció ayuda psicológica. En el Hospital Nacional de la Mujer, ni siquiera se lo mencionaron.

Imponer sanciones por la violación de la ley es responsabilidad del Consejo Superior de Salud Pública. Así lo establece el artículo 31 del reglamento. En el caso de los servidores públicos también sancionará

La comisión del servicio civil institucional que corresponda y el Tribunal de Servicio Civil competente. Además, “cuando de los hechos investigados por la comisión, el consejo o las juntas de vigilancia se advirtiera la posible comisión de un delito, los mismos están obligados a dar aviso a las autoridades competentes”, cita el artículo 35 del reglamento.

En el caso de Vilma, la Ley Nacer con Cariño, es una ley muerta.

“No es tanto el miedo por los pandilleros, sino por la fuerza militar que está ingresando”.

El Régimen de Excepción ha aumentado la violación de los derechos del niño. Sus derechos están siendo pisoteados por el mismo Estado.

En el Caserío el Palmar, en el cantón San Lucas de Cuisnahuat Sonsonate, los policías y militares están haciendo patrullajes que antes no hacían con frecuencia. A partir de que se suspendieran algunas garantías constitucionales, llegan a la escuela de la comunidad y se dedican a revisar las mochilas de los estudiantes. A los niños les revisan hasta los pantalones y a las niñas las bolsas de las faldas, comenta Alicia, una de las residentes del lugar.

San Lucas es un lugar con comunidades organizadas que ha repelido a la pandillas, asegura Alicia, por esa razón casi no se veían policías ni militares. Hay niños más pequeños que nunca habían visto a un militar armado y tan solo su presencia los asusta. A partir de las medidas represivas, los jóvenes temen salir a trabajar e ir a actividades de esparcimiento. Los soldados y policías los intimidan.

El miedo que ahora se respira en San Lucas, no es tanto por las pandillas, porque no hay, sino por la fuerza militar que ha ingresado, dice Alicia.

Vilma no puede leer ni escribir, no tuvo la oportunidad de estudiar. Se dedica al trabajo doméstico en su hogar y cuida a sus dos hijos, pero no tiene un salario que le permita sobrellevar su vida. Depende económicamente de su padre y su hermano, pero ahora, ambos están presos. Se los llevaron en días distintos a una bartolina. Luego los trasladaron al penal de Izalco.

Además de la incertidumbre que le genera la falta de dinero, debe pasar por un proceso de duelo que no imaginaba. A pesar de la condición de su pobreza, estaba contenta por la llegada de Santos Eliseo, así se llamaría su tercer hijo. Le habían regalado una cuna y lo esperaba en el mes de mayo. Pero llorar por el arresto de su padre y suplicar que no se lo llevaran desencadenó su muerte.

Ese día, la policía, que tiene entre sus funciones proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos en todo el territorio nacional, violaría no solo la Constitución , sino la recién aprobada Ley “Nacer con cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido”, una iniciativa impulsada por la primera dama de la República.

La ley aprobada en agosto de 2021, tiene como objetivo proteger los derechos de las mujeres desde su embarazo, parto y puerperio, así como los derechos de las niñas y niños desde su gestación, durante el nacimiento y la etapa de recién nacido. El artículo 3, plantea el principio de la supremacía de la dignidad humana, es decir que deberá respetarse la dignidad de la mujer, de la persona que está por nacer y de la niña o niño recién nacido.

Ese principio no se le respetó ni a Vilma ni a su hijo Santos Eliseo. A tan solo siete meses de creada la ley, entidades del Estado la violaron. Santos Eliseo no nació con cariño, la punta de un fusil en manos de la policía no lo dejó ni siquiera nacer.

La ley le suena conocida, dice la joven. Pero no sabe con certeza de qué se trata. De lo que está segura es que los agentes hacen mal al golpear a mujeres embarazadas. Pidió al presidente de la República que pare los arrestos y lo que están haciendo con mujeres y niños.