El juez Durán recuerda que la labor judicial debe ser independiente, imparcial, juzgar con imparcialidad sobre la base de las evidencias y las reglas del proceso con la valoración de la prueba. Ante la situación actual, señala que la justicia no debe administrarse  por Twitter.

El juez Juan Antonio Durán manifiesta que la Corte Suprema de Justicia está sin actuar en defensa de la independencia judicial y a su juicio se presta y sirve como instrumento de persecución contra la judicatura independiente.

Durán recuerda la implementación del Decreto Legislativo 144, traslados como consecuencia de reformas a la Ley de la Carrera Judicial, el caso de la jueza del Tribunal Sexto de Sentencia que fue enviada a Panchimalco, la jueza segunda de Instrucción que fue trasladada a Mejicanos y por el momento el caso del juez del Tribunal Especializado de Sentencia “A” de San Salvador.

Durán dice que los jueces no pueden resolver con respecto a lo que quieran las personas, porque no se puede convertir lo falso en verdadero, se requiere pruebas.

El juez de la República, Juan Antonio Durán, reaccionó sobre la situación de los jueces y de la Corte Suprema de Justicia por las indicaciones del presidente de la República en torno a los procesos de los capturados en los últimos días, en el marco del Régimen de Excepción.

El mandatario salvadoreño solicitó vía Twitter a la Corte Suprema de Justicia “remover a los jueces cómplices del crimen organizado”, así lo dijo porque un juez pidió liberar a 42 pandilleros en un caso argumentando que no habían pruebas.

Además, Human Rights Watch (HRW) solicitó, a través de una carta, reunión con el presidente de la República de ante la situación de los derechos humanos de El Salvador bajo el Régimen de Excepción.

En la carta dice en uno de sus párrafos que el Gobierno salvadoreño ha debilitado la independencia judicial.

Durán manifiesta que no son solo los jueces quienes perciben amenazas del Órgano Ejecutivo, sino también la misma Corte Suprema de Justicia y recuerda que los magistrados atienden las indicaciones del presidente.

La abogada penalista recuerda que en el país ya hay penas de más de 90 años, además, considera que en el tema de pandillas deben distribuirse recursos, pensar en estrategias de prevención y abordaje de manera integral y transversal.

Galeas señala que es necesaria una política criminal que vaya en razón de tratar de prevenir los delitos y evitar represión.

El incremento de penas no se traduce en una efectividad del combate al delito dice la abogada penalista Marcela Galeas.

Estudios de criminología realizados por juristas y universidades para prevenir los delitos y para combatir los mismos revelan que la violencia y la criminalidad deben atenderse de manera integral, esto quiere decir que primero debe estudiarse el por qué sucede este tipo de actividades delictivas.

Galeas dice que el Estado debe intervenir de manera integral en el caso de pandillas para evitar que delincan al igual que las personas que los rodean y tomar medidas para evitar que se propague la pertenencia a pandillas en las comunidades.

El ambientalista asegura que desde el movimiento social, la iglesia y la academia se dieron grandes aportes -en cuanto  a la formulación de la normativa-. Asegura que hay elementos que fueron ignorados en la creación de la normativa, pero, aún se está a tiempo para adecuar la ley acorde a las necesidades del país.

Según Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, El Salvador durante 16 años ha luchado por una Ley de Aguas que de garantías al derecho humano a este líquido.

González insistió en que la Ley de Recursos Hídricos, aprobada por los parlamentarios, en diciembre pasado, tiene muchas inconsistencias que poco o nada ayudarán en la protección del agua. González propone reformas previas a su entrada en vigencia en junio próximo.

El abogado recordó que una vez las personas han sido capturadas, el Estado salvadoreño está obligado a garantizar sus derechos constitucionales. Flores, además, se preguntó si el sistema de justicia realmente tendrá la capacidad de hacer un juicio justo para los miles de capturados.

El pasado viernes algunos reos fueron trasladados de las bartolinas de “El Penalito”, en las cercanías del mercado de mayoreo La Tiendona, hacia el penal de Izalco, en Sonsonate.

Según la Presidencia de la República, más de 2 mil capturas se han realizado en el marco del Régimen de Excepción en El Salvador.

Al respecto, Otto Flores, de la organización Los Siempre Sospechosos de Todo, cuestionó sobre dónde enviarán a todas las personas capturadas en el marco del Régimen de Excepción. Flores dijo que la ley ahora da un plazo de 15 días para presentar el requerimiento y no 72 horas.

La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador manifiesta que en el pasado se registraron varias masacres entre ellas las de El Mozote,  el Sumpul, el Calabozo, para mencionar algunas.

Y en la actualidad siguen los asesinatos colectivos, selectivos y por supuesto las desapariciones  y las torturas de personas detenidas.

Ante esto, Montenegro señala que el Estado debe salir del incumplimiento de las recomendaciones de no dejar en la impunidad  crímenes del conflicto armado y también es necesario educar a la población para que conozca sus derechos.