El decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, en cual se establece el Régimen de Excepción, contraría estándares internacionales, dado que deja al arbitrio de las autoridades públicas que suspendan derechos a partir de las generalidades del mismo decreto, según Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia, DTJ.
En el Decreto no se especifica cuáles son los alcances de la suspensión de cada uno de los derechos constitucionales, lo cual puede generar graves violaciones a los derechos de las personas, señala Hernández.