Cuando surgió la cooperativa en 2004, con la producción de coco, las expectativas eran altas. Luego siguió la producción de cacao y plátano. Era una nueva época para los jornaleros que durante años habían sido colonos de las fincas y se ganaban la vida cortando café. Abel Lara, representante de la cooperativa, recuerda que los campesinos se organizaron para comprar la propiedad, que fue del expresidente Cristiani. Durante 10 años pagaron las tierras, de las que ahora son propietarios.

Pero la producción de cocos no era suficiente para los compromisos financieros que tenían, por ello ampliaron la producción a cacao, plátano y limón pérsico. Los productos de Cara Sucia llegaban hasta Santa Ana y La Libertad y los jóvenes de la comunidad tenían empleo.

Todo iba bien, dice Abel, pero a partir de 2012 la producción comenzó a bajar por varios factores: la inseguridad, que cerró los canales de comercialización y la falta de apoyo técnico.

En el cantón Cara Sucia se producen unas 40 mil botellas de leche, la mayoría se envían a Sonsonate y solo un 25% queda a nivel local. La esperanza de Alfredo es que pronto tendrán una planta de procesamiento y la producción de lácteos se quedará en el municipio de San Francisco Menéndez.

Por ahora deben enfrentar el alto costo del combustible que usan para transportar el alimento para el ganado y trasladar la leche a las plantas de procesamiento. A eso se suma el alto precio de los concentrados y la medicina veterinaria, que según estima ha subido en un 40% aproximadamente.

Alfredo cree que si existiera un plan de rescate agropecuario, pudieran afrontar de mejor manera los problemas que por ahora tienen los ganaderos. Una medida, dice Alfredo, sería regular a las empresas que venden insumos agropecuarios, ya que el monopolio tiene el control de los precios.

Para Jesús, los gobiernos podrían hacer más por los agricultores, comenzando por valorar el producto nacional. Las frutas y verduras ingresan de otro país cuando los productores locales pueden suplir esa demanda. Pero en el país no hay políticas de apoyo al agricultor y el respaldo de las instituciones públicas como el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, es mínimo, lamenta el campesino.

En medio de su cultivo de ayote y bajo el sol de las 3 de la tarde, Jesús se lamenta de que las mejores tierras las tengan los cañeros y los productores de alimentos tengan que conformarse con las tierras sobrantes. “Para cultivar en estos pedacitos nos cuesta, porque lo mejor lo tienen los grandes (...) lo bueno lo tiene la caña y de la caña nosotros no comemos”, dice Jesús.

Desde que la pandemia llegó al país, Jesús ha visto un cambio en los precios de los abonos. El quintal de sulfato que costaba entre $10 y $12 dólares, ahora cuesta $25. Debe comprar hasta donde le da el bolsillo. También el precio de las semillas se ha incrementado, dice el agricultor, lo que le lleva a pensar que muy pronto ya no podrá cultivar como lo hacía antes. Únicamente producirá los alimentos para la familia.

Cultivar para vender los productos ya no tiene cuenta. Al final quien se beneficia de la producción es el intermediario, que compra al campesino a un precio barato, pero lo vende en el mercado a un precio mayor. Él sí obtiene beneficios, pero el productor que gasta en insumos caros y trabaja bajo el sol, solo le queda la satisfacción de producir para que otros se alimenten, mientras sus bolsillos siguen estando vacíos.

Según los trabajadores hay camiones que el costo de reparación por repuesto ronda los $30, sin embargo, la comuna no los quiere reparar para justificar el alquiler de los camiones. Por su parte la alcaldesa justificó que las unidades estaban en mal estado.

Por su parte, Cayetano Cruz, Concejal propietario de la comuna señaló que la administración está abandonando a los trabajadores y beneficiando a los nuevos empleados afines al partido Nuevas Ideas con salarios mucho más grandes.

Los sindicalistas también manifestaron que no se les ha dotado de las herramientas necesarias para realizar su trabajo, estabilidad laboral o cero represalias, explicó Evelyn de la O, de la Secretaría de Organización de SITRASOYA. Además, los representantes del sindicato agregaron que la comuna ha privatizado el servicio de recolección de basura, pues la mayor parte de camiones recolectores son alquilados.

Por su parte, la alcaldesa de Soyapango Mercy Montano manifestó que el aumento salarial se hizo a todos los empleados y aseguró que esperan nivelar el salario a aquellos trabajadores que ganan menos de $500. A ellos se les nivelará hasta los $550.

Continúan las diferencias entre trabajadores de la Alcaldía de Soyapango y autoridades de la comuna

Las diferencias entre empleados del Área de Espacios Públicos, Aseo y Cuerpo de Agentes Metropolitanos, CAM, con la comuna de Soyapango continuaron este viernes 25 de marzo. De acuerdo con los trabajadores, la alcaldesa Mercy Montano ha incumplido los compromisos en la mesa de negociación con el Ministerio de Trabajo.

Según Ovidio Hernández, secretario general del sindicato de trabajadores de Soyapango, la alcaldesa no ha hecho efectivo el aumento salarial. Hernández explicó que los trabajadores que ganan $500 dólares tenían que aumentar su salario a $600 y la comuna solo hizo un aumento de 0.50 centavos.

El Gobierno anunció el descuento diferenciado del IVA en los combustibles, suspendió por tres meses el impuesto relativo al Fondo de Estabilización para Fomento Económico -FEFE- y el impuesto por contribución al transporte como parte de las medidas anticrisis derivadas del conflicto Rusia-Ucrania.

A pesar de esto las personas comerciantes de granos básicos sufren alzas en los precios del abastecimiento de ventas de arroz y frijoles, razón por la que deben subir los costos a cada libra de estos productos.

Integrantes de la organización Comunidades de Fe Organizadas en Acción, COFOA, se manifestaron frente al Ministerio de Obras Públicas, en diferentes puntos del país, para exigir se agilice el proceso de regulación y legalización de sus propiedades.

Josué Morales, jurídico de COFOA, explicó que son aproximadamente unas 300 mil familias las que no tienen escrituras de sus terrenos, pese a que ya pagaron en su totalidad.