Reina de la O, de la comunidad Lucita Linda de Guazapa y lideresa de COFOA, dice que es lamentable que desde enero de este año la ministra de Vivienda Michelle Sol se comprometió a arreglar este problema y a la fecha no hay nada

Integrantes de la organización Comunidades de Fe Organizadas en Acción, COFOA, se manifestaron frente al Ministerio de Obras Públicas, en diferentes puntos del país, para exigir se agilice el proceso de regulación y legalización de sus propiedades. 

Josué Morales, jurídico de COFOA, explicó que son aproximadamente unas 300 mil familias las que no tienen escrituras de sus terrenos, pese a que ya pagaron en su totalidad. 

El limbo jurídico de estas familias comenzó en 2012, dijo Morales, cuando la Asamblea Legislativa por medio de Dictamen Legislativo remitió al presidente de la República el proyecto de “Ley de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional”, el cual fue sancionado y entró en vigencia plena, contando con un régimen ordinario y uno transitorio. El propósito de este último era obligar a las empresas a regularizar a las lotificaciones que hasta la fecha no contaban con permisos, planos, entre otros requerimientos catastrales.

Así como también, aquellas lotificadoras que tenían problemas de legalización, tales como aceptaciones de herencia o gravámenes en los inmuebles de las lotificaciones, sin embargo, a los primeros años de vigencia, dicha ley no tuvo los resultados esperados. 

En 2017, la comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la Asamblea Legislativa inició el estudio de un conjunto de reformas a dicha normativa, con la cual se pretendía agilizar el trámite para que familias de escasos recursos económicos pudieran legalizar sus tierras, subsanando las deficiencias de la anterior ley, pero esas reformas tampoco tuvieron los resultados esperados. 

En 2018 finalizó el régimen transitorio de la Ley de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, pero los diputados solo prorrogaron dicho régimen por dos años más, que finalizó en 2020, quedando solo vigente el régimen ordinario de la ley, sin lograr que las empresas lotificadoras cumplan con sus obligaciones.

Por su parte el director ejecutivo de Pro-Búsqueda, Eduardo García, señaló que el próximo  29 de marzo el Estado debería pedir disculpas por no haberle cumplido a las víctimas. “Pedimos al Gobierno que acate la sentencia de la Sala y la de la CorteIDH de reparar a las víctimas. No dañarlas. Debemos poner en el centro a las víctimas”, dijo García.

Desde hace 40 años, las víctimas del conflicto armado buscan a sus hijos y familiares desaparecidos, asesinados. De acuerdo con las víctimas, el Gobierno sigue beneficiando a los victimarios al violentar los derechos de las víctimas para encontrar y castigar a los violadores de derechos humanos. 

Según Margarita Zamora, investigadora de Pro- Búsqueda, el actual Gobierno teniendo el control de muchas instituciones está haciendo lo mismo que hicieron las administraciones anteriores “atropellando los derechos de las víctimas e ignorándolas”.

Víctimas del Conflicto Armado se mostraron “defraudadas” por el desinterés del Gobierno de Nayib Bukele. 

En el marco del Día de la Niñez Desaparecida, que se conmemora el 29 de marzo, la Asociación Pro- Búsqueda junto con las víctimas y familiares de víctimas de la guerra hicieron el llamado al Gobierno salvadoreño a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que manda a buscar verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. 

Maura Contreras, fundadora de la Asociación Pro- Búsqueda instó al Gobierno y a las instituciones del Estado a cumplir con las sentencias que exhorta a buscar justicia a favor de las víctimas de la guerra y a encontrar a todos los niños desaparecidos durante el conflicto, pues el Estado está en la obligación de cumplir la sentencia.

Empresarios españoles ven dos Centroaméricas al momento de decidir dónde invertir en este 2022. Por un lado están muy bien valoradas Panamá y Costa Rica y, por el otro, ven pocas oportunidades en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esto según un informe de inversión española en Iberoamérica desarrollado por IE University que fue presentado ayer en Madrid, España.

En el caso salvadoreño, se destaca que “las políticas del presidente” no son las más adecuadas para atraer a los inversionistas”, refirió el profesor de Economía de IE University y director del informe, Juan Carlos Martínez Lázaro.

Empresarios españoles ven dos Centroaméricas al momento de decidir dónde invertir en este 2022. Por un lado están muy bien valoradas Panamá y Costa Rica y, por el otro, ven pocas oportunidades en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esto según un informe de inversión española en Iberoamérica desarrollado por IE University que fue presentado ayer en Madrid, España. 

En el caso salvadoreño, se destaca que "las políticas del presidente" no son las más adecuadas para atraer a los inversionistas", refirió el profesor de Economía de IE University y director del informe, Juan Carlos Martínez Lázaro.

Las medidas económicas que se han impulsado desde el Ejecutivo no tendrán el impacto esperado, advirtió el rector de la UCA, Andreu Oliva. 

El Salvador vive un período inflacionario y, esto unido a la invasión que Rusia ha hecho en Ucrania, ha significado un alza en los precios de los combustibles a tal punto que ahora el barril de petróleo sobrepasa los 100 dólares, señala el padre Oliva.

Lo que se hubiera hecho es quitar el IVA a la canasta básica, ya que es un impuesto regresivo y no va vinculado a la capacidad adquisitiva de las personas. En este caso, eliminarlo sería un acto de justicia, enfatiza el padre Andreu Oliva. 

La Asamblea Legislativa también debería disminuir el pago para los diputados, ya que son cantidades importantes las que se destinan para este fin, porque austeridad implica la disminución de gastos suntuosos, como la publicidad y propaganda en la cual gasta mucho el Gobierno, evitar recepciones en hoteles o los viajes al exterior, en este tiempo de crisis. 

Por otro lado, a criterio del rector, los gastos que se hacen en bitcóin son altos y no traen beneficios. El Estado debe ajustarse, ya que recibirá menos ingresos debido a la suspensión del cobro de algunos impuestos por tres meses y a la vez hay un incremento de los gastos.

Las medidas económicas que se han impulsado desde el Ejecutivo no tendrán el impacto esperado, advirtió el rector de la UCA, Andreu Oliva. 

El Salvador vive un período inflacionario y, esto unido a la invasión que Rusia ha hecho en Ucrania, ha significado un alza en los precios de los combustibles a tal punto que ahora el barril de petróleo sobrepasa los 100 dólares, señala el padre Oliva. 

A raíz de esta situación, la población y varios economistas han demandado quitar impuestos a los precios de los combustibles, pero como el costo del petróleo ha incrementado considerablemente y seguirá en esa dinámica, apenas se percibe esa disminución en el pago de la gasolina, señala el rector de la UCA. 

Pese a que se ha quitado el cobro de la contribución de COTRANS, FEFE y el IVA a los combustibles, el costo de la vida en El Salvador seguirá subiendo.