Integrantes de COFOA dicen que en julio de 2021 fueron a Casa Presidencial a pedir apoyo y consiguieron que el presidente de la República enviara una carta a la ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano, Michelle Sol.

Tras esta gestión, fue creada una mesa técnica de diálogo pero hasta la fecha no hay soluciones. A juicio de Henríquez hay diputados que tienen propiedades que son lotificadas, razón por la que no les conviene mejorar la ley.

Alberto Velásquez, de COFOA, dice que diputados de ARENA y VAMOS recibieron la pieza de correspondencia para reformar la Ley, pero integrantes del partido oficialista no les atendieron.

Integrantes de Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA) llegaron a la Asamblea Legislativa a dejar propuestas de reformas a la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, porque pagaron sus terrenos desde hace más de 20 años y aún no reciben escrituras.

Heidi Henríquez, líder de COFOA, dice que es necesaria la reforma porque sufren estafas de los lotificadores y asegura que son miles de familias las afectadas a nivel nacional.

Labrador dijo que esta es la primera fase de dicho proyecto en el que ya han sistematizado 27 conflictos y 23 problemáticas socioambientales en 13 departamentos del país. El representante de la UNES explicó que la iniciativa también busca gestionar soluciones a conflictos que afectan a pueblos indígenas, mujeres y sectores vulnerables.

La Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, y la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, MESUTSO, lanzaron un Geovisor Web que pretende registrar y visibilizar las problemáticas y conflictos socioambientales de El Salvador y Centroamérica.

Alejandro Labrador, coordinador territorial en Sonsonate, de dicha organización, mencionó algunos problemas que ya están representados en dicha herramienta digital con la que se busca incentivar la denuncia ciudadana.

Ingrid Escobar representante del Socorro Jurídico Humanitario dice que los representantes del Comité Contra la Tortura únicamente pueden pronunciarse y hacer recomendaciones al Estado salvadoreño, para que no se permita la tortura en el país y que se ratifique el Protocolo Contra la Tortura.

Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), acudió a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura y manifestó que es importante visibilizar a las víctimas contra la tortura en El Salvador, específicamente bajo el régimen de excepción.

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura que se conmemora, cada 26 de junio, el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas realizó un foro, en El Salvador, para abordar la temática.

Al evento asistieron organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y académicas, para dar a conocer el impacto del régimen de excepción a las personas capturadas arbitrariamente y a las familias de éstas.

La ausencia de información sobre las condiciones de salud de las personas en las cárceles salvadoreñas y el fallecimiento de al menos 142 personas, bajo custodia del Estado salvadoreño, fue uno de los problemas expuestos por las organizaciones.

Claude Heller, presidente de la Comité Contra la Tortura, evitó dar opiniones sobre las violaciones contra los derechos humanos reportadas bajo el régimen de excepción y dijo que los Estados deben cumplir los convenios internacionales.

Familias afectadas por amenaza de desalojo acudieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a interponer una Demanda de Amparo para la protección de sus viviendas.

Esto lo realizaron porque el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, decretó dación de pago para una supuesta deuda al Señor Luis Palomo.

Las familias son de la Cooperativa de Producción Agropecuaria El Bosque.

La demanda fue interpuesta por Luis Palomo, como representante de la Sociedad Proyectos e Inversiones, Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida como PROYN S.A. de C.V.

Uno de los afectados es el integrante de la cooperativa, Cristobal Toledo, quien asegura que el denunciante les prometió que saldaría una deuda que tenían con un banco privado y que, a su juicio, la intención era despojarlos de sus tierras.

Otro dato que se desprende de la encuesta es que a pesar de la buena evaluación en temas de seguridad y al régimen de excepción, algunos salvadoreños han empezado a percibir un aumento de la delincuencia común contra el patrimonio.

Asimismo la encuesta reveló que la población salvadoreña tiene temor a represalias por expresarse sobre temas de la realidad Nacional, un 30% opinó tener algún temor.

También la encuesta manifiesta que la población ha comenzado a percibir corrupción en algunas carteras de Estado, explicó Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA.