Para el abogado constitucionalista, Enrique Anaya Barraza, hay que tener claro el contexto del país porque no hay normalidad jurídica desde el 1 de mayo del 2021, cuando los oficialistas y partidos afines pusieron un régimen jurídico constitucional que quitó la independencia de poderes y afectó la democracia. Este es un tema que ha estado en debate desde que el nuevo gobierno asumió el poder en 2019.

Según la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, IUDOP, el 63.3% de la población entrevistada considera que el actual Gobierno influye "mucho" o "algo" en las decisiones que toman los jueces en los tribunales del país. Así lo manifestó Laura Andrade, directora del Iudop.

Sobre la producción de granos básicos, el economista dijo que en estos cuatro años se ha fomentado las exportaciones, mientras la producción nacional decrece en un 29%.

La producción ganadera también está a la deriva y mucha ha desaparecido, señala Villalona. Por otro lado, hay inversión negativa, ya que el país en cuatro años no ha ganado nada en el ámbito económico.

Además, no hay aumento de salarios, en las escuelas ya no se entrega el vaso de leche, entre otros aspectos. Al analizar el presupuesto de inversión pública, dice el economista, sólo se ha ejecutado el 38%, todo esto tiene repercusiones negativas para toda la población.

Han pasado cuatro años y no hay rendición de cuentas, ni un informe que indique cómo se maneja la economía del país, dice el economista César Villalona.

A su juicio, estos temas se invisibilizan porque no hay ningún logro que resaltar.

Para Fino es esencial que el tema de la seguridad pública vaya ligado a la prevención de la violencia en territorios y comunidades.

Dina Martínez, de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD, señala que en el país por cada arma legalmente inscrita circulan dos armas ilegales. Martínez dice que esto es alarmante, ya que unas 300 mil armas circulan sin control y registro.

En la Semana de Acción Contra la Violencia Armada, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, junto con otras entidades, están realizando una serie de acciones para acabar con la violencia armada.

El director ejecutivo de FESPAD, Henri Fino, dijo que la violencia armada, entre el 2019 y el 2022, acabó con la vida de 5 mil 230 personas. De ese número, el 10% corresponde a mujeres y el 90% a hombres, cuyas edades oscilaban entre los 15 y 30 años.

El 70% de esos asesinatos se cometió con un arma de fuego, es por ello que urge concienciar a la población sobre la cultura de paz, señala FESPAD.

Según dijo el representante del Movimiento de Vendedores por Cuenta Propia, en el proceso de reordenamiento del Centro de San Salvador han sido intervenidas más de 8 cuadras, y debido a ello 35 mil vendedores han resultado afectados.

Es lamentable que bajo el pretexto de reordenamiento se supriman fuentes de trabajo, dice Moisés Pérez.

Los vendedores del centro capitalino han sido desalojados bajo amenazas, según dijo en la entrevista de YSUCA Moisés Pérez, del Movimiento de Vendedores por Cuenta Propia.

Pérez dijo que están de acuerdo con el reordenamiento, sin embargo lamentan que se haga de manera forzada y sin alternativas de reubicación. Hemos permanecido en las calles durante más de 30 años, ante la falta de un empleo formal, dicen los vendedores.

En cuanto al trabajo realizado por las alcaldías, los datos de la encuesta destacan que un 59.3% considera que su municipio no experimentó cambios.

En cuanto a la consulta, si el bitcóin ha ayudado o no a su economía familiar, el 71.1% de los consultados mencionó que "nada" y un 13.8% dijo que "poco". Con respecto al alza de los precios de la canasta básica, los salvadoreños opinan que el gobierno no ha logrado controlar el alto costo.

El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA-iudop presentó los resultados de su más reciente encuesta, donde se identificó a la economía como el principal problema que actualmente enfrenta El Salvador, con un 29.4%.

Según los entrevistados, la falta de empleo y oportunidades ocupa el segundo gran problema, con un 15.6%; el alto costo de la vida 11.3% y la pobreza un 7.6%.

Laura Andrade, directora del Iudop, explicó que la población salvadoreña refleja que su economía familiar no ha experimentado cambios.